El 12 de marzo de 2014, un recién asumido intendente, Francisco Huenchumilla (DC), daba a conocer los lineamientos que tendría su gestión como primera autoridad de gobierno en La Araucanía. En dicha oportunidad, a nombre del Estado de Chile y como representante de la Jefa de Estado, el intendente pedía perdón al Pueblo Mapuche por “el despojo que el Estado hizo de sus tierras”. Asimismo, manifestó la voluntad del Gobierno de la Presidenta Bachelet de evidenciar un cambio en el tratamiento del conflicto en la zona, indicando que “para lograr esto, yo manifiesto aquí, en nombre de la Presidenta Michelle Bachelet, la voluntad política de hacer algo diferente: no más de lo mismo”.
Lo cierto es que los esfuerzos de Huenchumilla fueron transversalmente valorados por los actores relevantes involucrados en la materia indígena, incluso desde sectores conservadores vieron con buenos ojos el manejo político que por primera vez se daba sobre el conflicto, intentando superar la sola visión policial del asunto. El ex intendente intentó demostrarnos que si se buscaban resultados diferentes, algo diferente había que hacer también, evidenciando que la respuesta del Estado desde los inicios de la República hasta nuestros días ha sido más o menos la misma y, tras casi 200 años hay material suficiente para decir que dicha vía fracasó.Tristemente, en las últimas horas hemos sido testigos de cómo el actual intendente de La Araucanía, el también democratacristiano Andrés Joaunnet, contradice lo que se suponía eran los lineamientos del programa de gobierno de la Nueva Mayoría en lo que a pueblos originarios respecta.
Tristemente, en las últimas horas hemos sido testigos de cómo el actual intendente de La Araucanía, el también democratacristiano Andrés Joaunnet, contradice lo que se suponía eran los lineamientos del programa de gobierno de la Nueva Mayoría en lo que a pueblos originarios respecta. Así la autoridad regional ha declarado recientemente que «[el] pueblo mapuche es parte del pueblo chileno chileno» y que «[él] no recono[ce] ninguna reivindicación de territorio»
Sus declaraciones no solo representan un retroceso político, sino que evidencian también el enfoque que la gestión de Joaunnet ha impreso al mando de la zona. Una vuelta completa a la óptica policial y al tratamiento del asunto como algo eminentemente delictual, trasladando a fiscales y jueces la resolución de una controversia con anquilosadas raíces en lo político.
Más cuesta entender al intendente cuando precisamente hoy ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Lo que claramente evidencia que existe una necesidad de tratar de manera sistemática el tema, con una visión que supere los paradigmas tradicionales a los que parece adscribir Joaunnet.
Cabe precisar también, desde una óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en este caso estamos ante un agente del estatal, cuyos actos representan al Estado de Chile. Y, a este respecto, cabe recordar que todos los órganos del Estado se encuentran obligados a dar cumplimiento a las normas contenidas en el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado, vigente y complementado por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la cual Chile votó a favor en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las expresiones del intendente de La Araucanía no son, por tanto, compatibles con lo dispuesto por el Convenio y la Declaración antes mencionados.
Esperamos que la propia Presidenta Bachelet aclare a La Araucanía y al país cuál de estas dos visiones representa mejor el sello que su gestión pretende dar a la cuestión indígena en Chile. Confiamos en que la Presidenta mantiene su compromiso con un nuevo trato hacia nuestros pueblos originarios y esperamos que ello se manifieste en acciones concretas al respecto.
Columna escrita por:
Gonzalo Aguilar Cavallo
Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público
Sub director Centro de Estudios Constitucionales de Chile
Universidad de Talca
Rodrigo Poblete Reyes
Centro de Estudios Constitucionales de Chile
Universidad de Talca
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