En momentos en que la ‘Nueva Normalidad’ y ‘Regreso Seguro’, promovidos por el gobierno, funcionales al dilema de ‘cuidar la vida v/s generar condiciones de trabajo adecuadas en contexto de pandemia’, se conoció el quiebre de la Mesa de Datos COVID-19, donde uno de sus miembros congeló su participación (Instituto Milenio Fundamentos de los Datos), sin perjuicio de los comentarios del ministro de ciencias Andrés Couve.
Esto evidenció no sólo en Chile, sino que en el mundo, que no es adecuado pensar que sea el interés económico el que deba primar en la ecuación del dilema planteado en momentos como este, sino que, prioritariamente, el interés colectivo-sanitario, más cuando en estos últimos días, el incremento de contagios se acrecentó y ha desdibujado las políticas públicas.Los datos Covid-19 son presentados al país con un desfase, que podríamos llamar “natural”, pero que afecta la vida de personas.
En este sentido, el profesor Hernán García[1], indica que en contextos como estos, como siempre ha sido por lo demás, el buen dato y el acceso al mismo, importa. Afirma, que al movimiento mundial de datos abiertos, se han sumado paulatinamente organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Este es un proceso en evolución cuyo fundamento se basa en la accesibilidad, favoreciendo la difusión y creación de conocimiento.
Junto con avanzar en la accesibilidad, oportunidad, calidad y seguridad de los datos, se debe considerar el resguardo legal de los mismos. En Chile existen iniciativas al respecto, con éxitos variados, pero que, en el presente y la contingencia, son puestos a prueba. La necesidad de transparencia de los datos es una urgente situación reclamada por varios y varias (alcaldes y alcaldesas), en esta contingencia sanitaria en Chile y en el mundo.
Solo a modo de ejemplo, el sitio datos.gob.cl, correspondiente a la entidad pública cuya misión es la disponibilidad de datos, no tiene información respecto de ésta contingencia. Luego, si un centro de estudio requiere datos en materias como Covid-19, debe comenzar a navegar en las redes para lograr acceso, enfrentándose a la dificultad de evaluar la actualización de esos datos. Tal situación, indica el profesor García, atenta contra la buena gestión de conocimiento y logro de política pública.
Los datos Covid-19 son presentados al país con un desfase, que podríamos llamar “natural”, pero que afecta la vida de personas. Ante esto, cuando en opinión de una autoridad política, como es la Subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Sra. Carolina Torrealba, que: “no es el momento para exigir información» o, por otro lado, la expresión: “que el aumento se basa en la cantidad de lunes de cada mes”, deja en evidencia que la oportunidad de fundamentar respuestas, en base a datos claros y actualizados, es el camino que el mundo de los investigadores puede ofrecer. Pero en cambio, está la mezquindad disfrazada de orden público, señala el profesor García.
Es ampliamente conocida la importancia de las consideraciones legales respecto del acceso y uso de información, desde lo expresado en la Constitución, a propósito de la protección de la vida privada o de datos de carácter personal, hasta normas respecto de quienes suscriben, usan y/o visitan espacios de información pública. Lo anterior, no es igual a no contar con buenos datos y tan importante como ello, con accesibilidad expedita a los mismos, más en esta contingencia sanitaria, donde la confianza, ese bien social intangible, se hace tan necesario de lograr, contrario sensu de lo que indica la Subsecretaria.
En el presente se requiere disponibilidad y acceso, pues de esa forma los datos serán un instrumento de aporte hoy, de lo contrario, se construyen artificialmente respuestas en base a sentimientos. Es como que un médico exprese su sentir, su sensación y no su convicción como resultado de un análisis fundado, afirma el profesor García.
Si los datos, entonces, se transforman en una herramienta genuinamente importante para un Estado y Sociedad Nacional, lo que corresponderá es que se generen las condiciones para que ello ocurra, hecho que hoy está lejos de concretarse, no sólo porque una autoridad de gobierno así lo consigna, sino porque, lo que se ha logrado, no da el ancho para enfrentar de mejor manera la situación de coyuntura que vive Chile, limitándose entonces, el dato, al dato oficial, sin posibilidad de contrastación genuina, impidiendo de este modo que universidades u otros centros de estudios aporten desde lo ‘académico – científico’ a mejores decisiones públicas. Tal situación, impediría una democracia más democrática, impidiendo también un diseño y ejecución de políticas públicas más asertivas, haciendo del dato territorial-geográfico un eje de las mismas, que al parecer, no se encuentra del todo, depurado.
[1] Docente Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
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