De acuerdo al calendario del gobierno, la consulta previa relacionada con el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas finalizará la semana del 16 al 20 de octubre. Si bien algunas organizaciones han considerado que estos plazos obedecen a un calendario político electoral, más que a una consulta con tiempos flexibles, lo cierto es que conviene mirar detrás del telón y poner de manifiesto cuestiones que requieren de una permanente revisión con el fin de mejorar los procedimientos para lograr el objetivo de la consulta el cual es “lograr acuerdos” (C 169 de la OIT y DS 66) y así evitar que la consulta se transforme en una encuesta, como se ha hecho en consultas anteriores, específicamente en la consulta a cargo del Subsecretario Juan Eduardo Faúndez (Proyectos de Ley del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo o consejos de pueblos indígenas), en la cual los participantes terminaron avalando – en una cuestionada jornada final “a bar abierto” – dos proyectos de ley cuyo contenido está muy por debajo del C 169 y otros instrumentos jurídicos internacionales.
Ausentarse del proceso de consulta, puede ser legítimo, pero permite que sectores clientelares de programas de gobierno o individuos desinformados asistan a este proceso sin cuestionar en profundidad ni el contenido de las medidas consultadas ni la forma en que esta se desarrolla.
Esta cercana experiencia en materia de consulta, ha sido la causa de que muchas organizaciones no se hayan sumado al proceso, ya sea por el aumento en la desconfianza hacia el gobierno o sencillamente por la incapacidad de aglutinarse en torno a una idea común de defensa colectiva de derechos. Ausentarse del proceso de consulta, puede ser legítimo, pero permite que sectores clientelares de programas de gobierno o individuos desinformados asistan a este proceso sin cuestionar en profundidad ni el contenido de las medidas consultadas ni la forma en que esta se desarrolla. Es más, se ha observado cómo surgen al amparo de los recursos económicos un grupo de “beneficiarios” cuyo único objeto es terminar con el “trámite” sin poner como eje central la incidencia para asegurar que los acuerdos respondan a los derechos de los pueblos indígenas.
Esta estrategia del ausentismo, en la práctica no tiene ningún sentido político real que favorezca a los pueblos indígenas. Por el contrario contribuye a que el derecho a la consulta se subordine a los intereses de una estructura gubernamental que –por lo general– ignora el derecho y los alcances de la consulta previa, libre e informada.
Un punto central, en el actual proceso, está dado por las exigencias que Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI, a través de la comisión de legislación, ha hecho al gobierno. Estos puntos tienen directa relación con la definición de una instancia en donde se adoptarán los acuerdos y una modificación en las medidas consultadas, lo que implica el compromiso de que se llegará al Diálogo con un texto consolidado que incluirá derechos exigidos por el Consejo de CONADI, como por quienes habiendo participado incluyeron medidas, que por lo demás están plenamente respaldadas por el Proceso Participativo cuyos resultados fueron entregados a la Presidenta en el mes de Junio del presente año.
En los mismos acuerdos suscritos entre los Consejeros Nacionales de CONADI y el gobierno, el Sistema de Naciones Unidas en Chile se incorpora como “orientador y garante”, lo que permite otorgar garantías a los pueblos indígenas, tanto para el debate como para la adopción de acuerdos. Para eso se ha comprometido la realización del Diálogo en dependencias de ONU Chile y se ha invitado a expertos internacionales para asesorar y dar su mirada en esta etapa final de la consulta en proceso.
Sin embargo, a pesar de que estos acuerdos se han realizado de buena fe, muchos tenemos algunas dudas respecto a cómo se ha trabajado en regiones. Al parecer no se ha transmitido en su totalidad la información de parte del gobierno y los seremis regionales (con excepciones) han puesto el acento en convocar a su clientela, a contratar consultoras con métodos poco transparentes e ineficientes y lo que es peor, muchos participantes comentan que se direcciona de forma inescrupulosa la elección de representantes para el diálogo final.
Lo anterior pone en entredicho la buena fe como principio rector de la consulta previa y tensiona la relación con quienes ejercen su derecho a ser consultados.
Es por eso que en las últimas sesiones previas que la Comisión de legislación de CONADI sostendrá con el gobierno y la ONU Chile, serán claves para que la etapa de Diálogo cumpla con el objetivo de lograr acuerdos en torno a los derechos que serán incluidos en una posible Nueva Constitución. Se espera que los representantes de los pueblos indígenas, asuman en propiedad esta oportunidad de debatir con seriedad los derechos colectivos de los pueblos o naciones indígenas existentes en el país.
Comentarios