Censo y discapacidad

En Chile, según el segundo Estudio Nacional de Discapacidad, las personas en situación de discapacidad representan el 20% de la población adulta y un 5,8% en la población perteneciente a menores de edad, sin embargo, pese a la importancia y magnitud de esta cifra no existió ninguna pregunta que incluyera la variable de discapacidad en el CENSO realizado este miércoles 20 de abril. La comunidad de personas en situación de discapacidad sigue siendo invisibilizada y ésta situación viene a corresponder la baja relevancia que se desarrolla a nivel de políticas públicas en el gobierno, pero más profundamente, en la promoción de los derechos e igualdad de oportunidades para la minoría más grande de Chile.

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«Podemos deducir de manera precisa que la falta de inclusión de la variable discapacidad nos dejará un sesgo importante con respecto a la ubicación demográfica de las personas en situación de discapacidad y el enfoque que se le dará a la elaboración de las políticas públicas carecerá de precisión con respecto a esta comunidad.»

Existen varias aristas que desglosar con respecto al CENSO que se está llevando a cabo en esta ocasión, es cierto que el CENSO es la fotografía de la población chilena, el cual muestra el padrón de cuantos somos, dónde vivimos y cuál es la condición en la que vivimos, a pesar de que éste en particular se denomina como un “Censo abreviado”, puesto que viene a arreglar el fallido CENSO realizado el 2012, los recursos que se despliegan para que se pueda efectuar son bastante considerables y la importancia de los resultados que aparecerán preliminarmente para agosto ayudarán a determinar la hoja de ruta para el desarrollo de políticas públicas, ya que el CENSO muestra la caracterización de la población en el núcleo más pequeño, siendo valiosa información para la distribución de los recursos en municipios, subsidios y subvenciones del gobierno, incluso la ubicación de los servicios sociales. Bajo estas características, podemos deducir de manera precisa que la falta de inclusión de la variable discapacidad nos dejará un sesgo importante con respecto a la ubicación demográfica de las personas en situación de discapacidad y el enfoque que se le dará a la elaboración de las políticas públicas carecerá de precisión con respecto a esta comunidad.

Otro punto a considerar es la existencia de la ENDISC II, realizada el año 2015, el cual tenía como objetivo ser un insumo capaz de determinar la cantidad de personas en situación de discapacidad que habitan a nivel regional y nacional en Chile, caracterizando su situación socio-económica, edad, situación de dependencia, etc. Debido a esta encuesta realizada hace 2 años atrás, hay personas que argumentan que no sería necesario volver a encuestar a esta población debido a la frescura de los datos. Bajo esta perspectiva, se podrían argumentar dos situaciones que quedan en evidencia en detrimento de las personas en situación de discapacidad: la capacidad de la ENDISC II para caracterizar de manera precisa a la población total de las personas en situación de discapacidad y el problema cultural que invisibiliza a las personas en situación de discapacidad.

El primer punto a evaluar es la capacidad del instrumento de desplegarse a nivel de recursos y de movilización de personas, que tiene la ENDISC II en comparación al CENSO, el primero fue elaborado en base a diálogos ciudadanos y participación activa de las instituciones en talleres con la comunidad de personas en situación de discapacidad, metodología innovadora que permitió facilitar la tarea de saber dónde y cómo encontrar a las personas en situación de discapacidad, ya que en Chile no existía una base de datos concreta que mostrará el padrón de esta comunidad. Otra arista a considerar es la capacidad de movilización en comparación al CENSO, el cual movilizó a aproximadamente 520.000 personas y concedió un día feriado para movilizar a los censistas a todas las casas de Chile. La ENDISC II en este sentido, encuestó a 12.265 personas entre 18 y más años y 5.515 personas entre 2 a 17 años (información SENADIS) de la población estimada de 2.900.000 de personas en situación de discapacidad, es decir, la capacidad de trabajo para realizar la ENDISC II se ve reducida por la falta de información anterior y la capacidad de desplegar recursos para abarcar a la totalidad de la población de personas en situación de discapacidad.

Este argumento no pretende bajo ningún concepto desvalidar la ENDISC II ni disminuir su utilización para la elaboración de políticas públicas, el cual fue realizado con muestras representativas, con una metodología innovadora que incluye la participación activa de la ciudadanía, representando un avance enorme en esta materia. Sin embargo, no se puede desconocer qué relevancia hubiera adquirido para el ideario público, tanto para las personas como para las instituciones, el reconocimiento de esta comunidad en el instrumento de caracterización de la población más importante de chile.

El problema con respecto a la temática de discapacidad en Chile radica, según mi opinión, en la invisibilización sistemática que se ha hecho cultural e institucionalmente hacia las personas en situación de discapacidad, tomándolos como actores pasivos, relegando su importancia en la medida que puedan obtener réditos políticos. La discapacidad se encuentra directamente relacionada con la discriminación, la pobreza, bajo nivel educacional, ni siquiera hablar si es que esta persona es mujer o migrante, factores que elevan exponencialmente la discriminación en este país, entre otras características que despojan a la comunidad de su capacidad para reaccionar y enfrentarse a la sociedad para reclamar sus derechos, hecho del cual podríamos perfectamente deducir que el Estado tiene directa culpa.

Chile, como Estado y así lo dice su constitución, debe velar por el bien común de todas las personas, indistintamente de su condición, por el hecho de ser personas deberían respetarle su igualdad de oportunidades y condiciones, además de llevar a cabo medidas de acción positiva para hacer valer los derechos y visibilizar su condición dentro de la sociedad. Es válido acotar que las medidas adoptadas deben apuntar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, misma educación, mismo trabajo y misma remuneración, mismas oportunidades de participar en la sociedad, tanto recreativa, cultural y políticamente, bajo ningún concepto estas medidas deben ser adoptadas como caridad o bondad, sino bajo la obligación del estado  de demostrar la importancia de que todas las personas tienen derechos por igual.
Finalmente, la oportunidad de incorporar la variable de discapacidad al CENSO se ha perdido, pero hago el llamado a no bajar los brazos en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, vengan desde el frente que vengan (genero, diversidad sexual, migrantes, discapacidad, etc.). Es sabido por estudios internacionales que los países que logran avanzar en materia de derechos, también lo hacen en su economía, educación y culturalidad, pero por sobre todas las cosas el hecho de ser personas nos debe hacer respetar, reconocer y entregar las oportunidades para desarrollarnos libremente como seres humanos.