Cambio constitucional

La aspiración específica de cambiar el régimen presidencialista de la Constitución de 1980, convocó en su momento a destacados líderes de la derecha democrática en los inicios de la transición a la democracia. Entonces, había gente que defendía entusiastamente la adopción de un sistema de gobierno parlamentario (contra la opción semipresidencial que primaba en los sectores concertacionistas). Incluso, en más de una ocasión durante nuestra frustrada transición a la democracia, Renovación Nacional, bajo la dirección de Andrés Allamand, anunció la formación de un gabinete en la sombra o fantasma, al estilo inglés, con integrantes con nombre y apellido, lo que, por cierto, no alcanzó ninguna realidad dentro de nuestra institucionalidad presidencialista.

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Cabe destacar que una gran diferencia entre la nueva Constitución que se plantea y los cambios constitucionales habidos en el continente latinoamericano recientemente, estriba en que estos últimos han reforzado el presidencialismo que tanto atrae y acomoda a los caudillos populistas y mesiánicos tan propios de nuestro continente, en tanto la opción constitucional con sistema de gobierno parlamentario a la que debiésemos dirigir nuestros esfuerzos, representa exactamente la opción contraria.

Con estos antecedentes, me parece que una clara opción por el fin del presidencialismo y el cambio de nuestro régimen político, podría ser el factor aglutinante de las diversas fuerzas políticas para la aprobación de una Constitución que nos una y no que nos divida, como ocurre con la Constitución de 1980.

En la nueva Constitución, debiéramos optar por el régimen parlamentario de gobierno, que constituye el canon de la democracia occidental y que, no obstante su origen europeo (que, en buena medida, es también el nuestro), funciona con éxito en los cinco continentes, con la sola excepción del régimen presidencial en los Estados Unidos y las malas copias de aquél en su “patio trasero”.

En un sistema de gobierno parlamentario, todos los ministros son responsables ante el Parlamento, incluido el primer ministro, que encabeza el gabinete gobernante, y dicho gobierno se mantiene en el poder en tanto la coalición que lo sustenta conserva la mayoría parlamentaria.

Pero ello ocurre en el contexto de un sistema serio, con elecciones democráticas y competitivas, con ganadores y perdedores y no con mecanismos electorales antidemocráticos y fraudulentos, como nuestro recién eliminado sistema binominal minoritario, diseñado para provocar un empate artificial y permanente al margen de la voluntad ciudadana (33%=66).

Bajo el imperio del binominal, la preferencia electoral de los ciudadanos se torna irrelevante y los parlamentarios tampoco requieren esforzarse mayormente en su desempeño en el Congreso, ya que saben que pueden conservar su cupo en tanto cuenten con el apoyo de los partidos que los designan. Se trata, en verdad, de un sistema de cuoteo por mitades de la representación parlamentaria entre las dos primeras fuerzas en disputa y con total exclusión de los demás. Esto implica el poder de veto de la minoría sobre la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y el consecuente inmovilismo o consagración del statu quo institucional y político, previamente impuesto bajo un régimen de facto, que hemos vivido por 25 años.

Finalmente, cabe destacar que una gran diferencia entre la nueva  Constitución que se plantea y los cambios constitucionales habidos en el continente latinoamericano recientemente, estriba en que estos últimos han reforzado el presidencialismo que tanto atrae y acomoda a los caudillos populistas y mesiánicos tan propios de nuestro continente, en tanto la opción constitucional con sistema de gobierno parlamentario a la que debiésemos dirigir nuestros esfuerzos, representa exactamente la opción contraria.