La crisis educacional y las demandas estudiantiles son hechos indiscutibles desde un punto de vista argumentativo. Son un tema político a todas luces. Sin embargo, los actos de agresión y destrucción durante las manifestaciones, por parte de encapuchados, como la quema de un bus, contrario a lo que algunos pretenden, no son políticos sino delictivos.
La quema de un bus del Transantiago durante la mañana del martes no es un acto político, sino netamente delictual. Lo mismo pasa con la destrucción de semáforos, señalética, ornamentación pública, o el saqueo a tiendas que vienen ocurriendo desde hace meses.
Hay un elemento esencial en aquellos actos, que tiene relación con un ethos más bien delictual, y no político, donde la agresión es vista por lo pares como una expresión de osadía, de fuerza y, sobre todo, desafío a la autoridad. Pero no es un desafío a la autoridad en términos políticos (y por tanto civiles como podría serlo desde una posición ética -ácrata- en cuanto al poder mismo, e incluso ideológica en cuanto a la obtención del poder). Es una jactancia en términos tribales, para demostrar a la horda –momentánea- que se es el más fuerte o valiente de la tribu.
El acto destructivo de los encapuchados es un acto no sólo animal, sino egoísta, en cuanto su configuración responde a la satisfacción del impulso y del ego, porque no se inicia necesariamente en la legítima defensa.
Esos energúmenos, probablemente no actúan de manera racional, sino más bien pasional, movidos por impulsos e instintos del momento, de acuerdo con lo que la turba le indica, o lo que ellos estiman que la turba valora como “un acto heroico”. Ergo, bajo ningún punto de vista estarían actuando políticamente, como algunos han tratado de insinuar a lo largo de estos meses.
Contrario a lo anterior, el actuar político es argumentación, por tanto exige el uso del lenguaje -y por tanto de la razón, que es lo que nos distingue de las bestias- de manera individual, para llevar a cabo el diálogo con un otro que me reconoce como interlocutor válido para tal acto (pues me considera dueño de mi cuerpo). Así, sólo en y con el uso del lenguaje, la política es moral y sobre todo ética.
Por eso, el uso de la coacción -que desconoce la autoposesión del individuo- siempre termina por suprimir lo político, pues niega a la razón, y con ello la argumentación, dando paso al actuar instintivo, que es animal. Por lo mismo, no existe esa cosa llamada violencia política. Y la guerra no es su extensión por otros medios, sino su supresión de manera brutal. Quien justifica sus acciones coactivas llamándolas “violencia política”, no tendrá límites para ejercer la agresión y derivará en nuevo déspota.
Si dijera que una banda de ladrones o asaltantes, es una organización política, la mayoría rechazaría tal afirmación. Y claro, la refutarían porque presumen que esa organización criminal carece de un ethos político en todo sentido. Y efectivamente es así, pues sus miembros se asocian para satisfacer sus impulsos egoístas -no confundir con el individualismo- sin escatimar ninguna clase de consideración o freno moral o ético con respecto a sus otros compañeros.
En una banda criminal –organizada o espontánea- no se asocian para establecer acuerdos para su convivencia como individuos racionales –y morales- como plantea –y presume- la idea de un contrato civil. Así, si alguno de los miembros ve que sus deseos -o impulsos- se ven mermados por la acción de los otros, no apela a la argumentación sino que apela al uso o amenaza de la coacción, y por tanto, puede llegar a asesinar a esos otros simplemente.
En una organización civil y por tanto política, es el ethos político el que marca la pauta, lo que implica derrotar al adversario sin asesinarlo, es decir, mediante la argumentación. Esa también es una de las bases de la democracia.
Teniendo claro esto, es fácil ver que quemar un bus, romper semáforos o patear y romper las cortinas de los negocios, no es un acto político, sino delictual.
El problema radica en que los interlocutores principales en torno al asunto educacional, parecen no captar esta distinción, y terminan justificando de diversas maneras el actuar coactivo –ilegal o institucional- en base a una lógica de empates, que no es político, sino tribal. Y entonces todo se confunde. Y tarde o temprano, la política es derrotada por la violencia.
Para evitar más actos de violencia y agresión, es momento de que todos seamos más políticos que animales.
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Foto: Fabsy / Licencia CC
Comentarios
21 de octubre
Estimado Pablo:
No es muy difícil discriminar si el ataque a carabineros y a la propiedad pública y privada con piedras, palos o bombas molotov, constituyen actos de violencia o no. Ello es violencia física, material y tangible que no puede dejar indiferente a nadie, por lo que condenar dichos actos como delitos no reviste dificultad alguna para cierta tradición legal/jurídica que se encuentra sacralizada en nuestro país. Es por ello que el monopolio de la fuerza y la coacción estatal no califican como delitos sino más bien como autoridad, orden y seguridad… Lo dijo Max Stirner en su momento: “En manos del Estado la fuerza se llama derecho, en manos del individuo recibirá el nombre de crimen”.
Ahora bien, el asunto se torna un poco más complejo en términos políticos ya que lo que finalmente se juzga es la violencia consumada, el acto concluido, pero no los móviles o razones de quienes ejecutan dichas acciones. Y en base a ello, tanto desde un punto de vista jurídico como político las conclusiones son las mismas: no son más que delitos. Pero no sólo llegan a las mismas conclusiones sino que también utilizan los mismos argumentos para calificarlos como tales, es decir, la violencia ocupada es irracional, pasional y afectiva pero en ningún momento es racional y argumentativa ni mucho menos en legítima defensa, porque ello es monopolio de lo político y lo jurídico.
Entonces, se hace necesario ir más allá y tratar de visualizar el cuadro general de la violencia que se ha visto últimamente en las calles. Porque ésta no se genera ni se incuba por arte de magia, sino que obedece a cierta frustración y odios acumulados producto de la acción política estatal y del ordenamiento económico pero que es inmaterial y simbólica, produciendo consecuencias más nefastas para una gran cantidad de individuos que la quema de un bus del Transantiago…
Saludos!
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21 de octubre
Estimado Camilo, supongo que tu comentario es para el autor del escrito, por tanto te responde, aunque mi nombre no es Pablo.
Buen intento en cuanto a usar ciertos criterios anarquistas para intentar justificar la acción delictual de los capuchas, pero insuficiente. Es una falacia.
En primer, efectivamente, y tal como el gran Stirner planteaba, el Estado –o quienes lo controlan- siempre califica todas sus acciones como morales, justas y legales, aún cuando las mismas, al ser ejecutadas por individuos son vistas como inmorales o criminales. Matar lo llama justicia, guerra preventiva, guerra revolucionaria, robar lo llama impuesto, la esclavitud la llama conscripción, etc.
Lo irónico e interesante, es que esta especie de concesión moral al Estado en cuanto a ciertas acciones claramente criminales se la otorgan la mayoría de los sujetos de una u otra forma.
La mayoría de los individuos, se digan de derecha, izquierda, irónicamente conceden al Estado esa concesión moral que se niegan así mismos y a otros, ya sea para “defender la libertad, promover la igualdad, la patria, el pueblo, la Justicia”.
Así, incluso esos capuchas, si estuvieran en el poder, terminarían aplicando las mismas concesiones a sus acciones criminales y autoritarias. Es más, probablemente muchos estarán de acuerdo en permitir al Estado obligar a otros a llevar cabo ciertas acciones.
Y aquí entramos en el meollo del asunto y que es la base de la debilidad de tu argumento. La legítima defensa es monopolio de cada individuo, porque cada individuo es dueño de sí mismo. Otra cosa es que el Estado y la ficción del contrato diga que en algún punto de la historia, le concedimos ese monopolio.
La legítima defensa sólo es tal, es decir legítima, ante agresiones directas e inmediatas contra una persona. No es legítima en base a temores remotos, sospechas, prejuicios, o como dices, frustraciones u odios. Tampoco por creencias, ideologías, raza, sexo, etc.
Si fuera así, entonces, diversos grupos podrían adjudicarse el derecho de asesinar o agredir a otros por sentirse frustrados o sentir odio por otros grupos.
Por eso, hablar de legítima defensa en base a frustraciones u odios acumulados, y con ello justificar el actuar delictivo de los capuchas como pretendes, es simplemente una falacia.
Tener frustración o un odio –incluso por acción u omisión del Estado, o por el orden social o las costumbres- no justifica la coacción y la agresión contra otros o su propiedad, menos de manera indiscriminada como lo hacen los capuchas.
Cuando los capuchas actúan, no discriminan qué es propiedad estatal y qué no. Destruyen simplemente, arrasan con lo que pillan. Con ello, están pasando a llevar derechos básicos de personas comunes y corrientes, porque como cada individuo es dueño de sí mismo, también tiene derecho a la propiedad privada, obtenida mediante su trabajo, su talento, su esfuerzo, su suerte incluso.
Saludos