Accountability, un bien necesario

Numerosos acontecimientos de índole sociopolíticos, siguen remeciendo al gobierno de Sebastián Piñera. El último, el acuerdo para el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que busca paliar los efectos económicos del Covid, toda vez que las políticas de ayuda ofrecidas por el Ejecutivo, han sido a lo menos, escasas y tardías.

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La ciudadanía está ejerciendo ese derecho social, de velar por el bien común, y el mandato representativo se encuentra ahora bajo la supervisión de una combinación de mecanismos formales e informales

Desde el 18 de octubre de 2019 hasta hoy, las protestas y manifestaciones de diversos movimientos, estudiantiles primeros, y sociales después,  surgieron semana a semana, y solo fueron frenados por la pandemia.  ¿La premisa del movimiento social? Entre muchas otras, modificar la Constitución de 1980, instaurada en dictadura. Para esto,  se logró un acuerdo político transversal, el cual definió la realización de un plebiscito, que se realizará, el próximo 25 de octubre.

Así, el reclamo y repudio social frente a determinadas políticas públicas y económicas no se han hecho esperar, lo que se ha visto reflejado en la pauta diaria de los medios de comunicación. Pero ¿cuál es fenómeno que está surgiendo? De manera potente, y tras casi cinco meses de confinamiento, se está haciendo notar, lo que en ciencia política se denomina Accountability, aspecto referido a la facultad de asegurar que agentes públicos rindan cuentas por su desempeño entendiendo por esto, tanto la obligación de informar y justificar sus decisiones, y la posibilidad de ser eventualmente sancionados por ellas. Un término que se enmarca bajo dos dimensiones, una legal y otra política.

La primera, hace referencia a aquellos mecanismos institucionales, diseñados para asegurar un marco jurídico-legal. La segunda, se refiere en cambio, a la capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales se adecuen a sus preferencias, según lo explican autores como Przeworski, Stokes y Manin, entre otros.

Pero si esto es posible, ¿Qué o cuáles parámetros permiten que esto ocurra? El sistema democrático, es en buena parte, el cimiento fundamental que permite ejercer el derecho de la sociedad civil de participación, y análisis crítico de los poderes que se constituyen en un régimen político.

Democracia

En este sentido, grosso modo, la democracia es entendida como el gobierno del pueblo, y se destaca que su sello o característica fundamental, es la participación directa de los ciudadanos, en el proceso de toma de decisiones colectivas.

En el concepto de democracia moderna, se incorpora el tema de la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el constitucionalismo y la representación política. Se habla entonces de democracia representativa.

Si bien existen diversos matices, la concepción moderna del término, hace referencia a un sistema político basado en el poder popular, en el sentido que la titularidad del poder pertenece al pueblo, mientras que el ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral. Para esta tradición democrática, el individuo es un sujeto fundante. En su calidad de ciudadano, es un sujeto político que hace conocer su voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante.

Así las cosas, lo importante y trascendente, es que la ciudadanía está ejerciendo ese derecho social, de velar por el bien común, y el mandato representativo se encuentra ahora bajo la supervisión de una combinación de mecanismos formales e informales, orientados a lograr que los representantes actúen responsablemente, y teniendo en cuenta los intereses de la gente, algo que vimos con el proyecto del retiro del 10% de las AFP.