La gestión y reducción de riesgos ante desastres implica “inversión pública y planificación”. ¿Vale lamentar perdidas humanas por no invertir? Aún cuando hayan sido 521 víctimas tras el #27F, Chile sufrió daños cuantificados en 30 mil millones de pesos, lo que se traduce en 200 mil viviendas destruidas, 2 millones de damnificados y 75% de la población nacional afectada.
Prontos a cumplir tres años desde el último terremoto de proporciones que sacudió al país, la historia tiene una reiteración grave. Las capacidades institucionales, sólo considerando la habilidad de respuesta a la emergencia, nos siguen penando, afectando la supervivencia de la población, sobre todo de los más pobres. Cabe considerar que tras el #27F, en las regiones de O’Higgins, el Maule y Bío-Bío, “un 10,5% de la población disminuyó sus ingresos cruzando el umbral de la línea de pobreza”, lo que se traduce 500 mil personas, alcanzando 3,2 millones a nivel nacional (ver Casen, EPT 2010, Mideplan-PNUD).
El debate ha estado marcado por un majadero e inoficioso reproche sobre las responsabilidades personales que le cabrían a la ex Presidenta Michelle Bachelet, lo que resulta sospechoso ante su posible retorno a la política contingente y opciones de reelección para un segundo mandato. Foco errado si es que se pretende producir cambios y transformaciones en la institucionalidad relacionada con el sistema de protección civil. Chile no ha hecho un “mea culpa” que implique asumir criterios técnicos sobre la preparación para la respuesta, considerando presupuesto e inversión pública y privada, insumos tecnológicos, recursos humanos y coordinación logística, así como también en la formación y promoción de habilidades y capacidades comunitarias para la ocurrencia de emergencias. Esto último, como lección aprendida no ha tenido resultado concreto en materia de política pública.
Cada vez que se presenta una nueva emergencia de tipo catástrofe natural o de inducción humana, surge la interrogante de preparación y dotación de capacidades institucionales y comunitarias para enfrentarles. Es el organismo rector en materia de protección civil quien debe asumir el desafío, lo que en los hechos no sucede en Chile. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) es quien debe procurar ser el referente técnico, más no político, no sólo en materia de alerta temprana y respuesta, sino que también en gestión y reducción de riesgos ante desastres.
Surge la imperiosa necesidad de “reformar la gobernanza del riesgo”, ante lo cual se acusó recibo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección Civil (sustitutiva y continuación legal de ONEMI). No obstante, surgen interrogantes respecto a su rol centralizado, engranaje de lentitud en coordinación intra-extra gubernamental y toma de decisiones para la respuesta. ONEMI, dependiente jerárquicamente bajo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, observa un subdesarrollo técnico y profesional, así como político, lo cual parece extraño dado las potestades que este ministerio tiene, siendo herramientas del sumo necesarias para abordar emergencias y catástrofes. Desde Interior se requiere dotar al nuevo sistema de un grado de autonomía y despliegue efectivo, haciendo de las decisiones lo suficientemente oportunas, sin las torpezas del pasado, y con autoridades no sólo preocupadas por el punto de prensa, los medios y su cobertura.
Cabe indicar que el pasado 8 de enero, recién, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, cuya presentación del proyecto original fue el 22 de marzo del año 2011. Sacando cálculos, tras el #27F se cuenta más de un año en la presentación de un proyecto que modernice y agilice la institucionalidad del área. Tras el mismo evento, ad-portas de tres años de conmemoración de la tragedia, de reconstrucción poco se puede lucir.
El trabajo debe ser multisectorial, donde no sólo los sectores público y privado jueguen un rol, sino que, sobre todo, el sector público pueda coordinar de manera eficiente y eficaz sus propias agencias, sin obviar a las fuerzas armadas, de orden y seguridad y, por cierto, a gobiernos provinciales y municipios. Estos últimos son clave para la incorporación de la sociedad civil en estas materias, puesto que al hablar de gestión del riesgo ante desastres, más allá de tecnicismos, se trata sobre una aplicación práctica para la planificación, ejecución, control y toma de decisiones, en un plano que posibilite a las comunidades, sean regionales y/o locales, analizar su entorno de manera integral, desarrollando propuestas de acción colectiva a favor de la reducción de riesgos existentes.
La gestión y reducción de riesgos ante desastres implica “inversión pública y planificación”. En el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres2011 -GAR-, se indica de manera precisa que la magnitud de los costos ante la ocurrencia de un desastre no se tiene en cuenta hasta que efectivamente se desata una catástrofe, lo que hace prioritario el que la inversión en reducción de riesgo sea una línea permanente en la gestión del nuevo sistema, así como de las agencias asociadas. Sólo para el caso del #27F, los daños se cuantificaron en 30 mil millones de dólares, lo que se traduce en 200 mil viviendas destruidas, 2 millones de damnificados y 75% de la población nacional afectada.
¿Entonces de qué se trata la Gestión y Reducción de Riesgos ante Desastres? Se trata de poseer una visión integral frente a la vulnerabilidad que Chile tiene respecto a la ocurrencia de desastres naturales y emergencias, tratándoles de manera articulada, conjunta y resolutiva entre el sector público, privado y la sociedad civil, de manera previa, con inversión real a través de programas y acciones coherentes en una política pública que tenga como horizonte la protección civil.
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Comentarios
18 de febrero
Felicitaciones por este análisis que revela la realidad de nuestro país en un tema que nos atañe a todos. Yo propongo que debemos ser los mismos ciudadanos los que nos pongamos a trabajar en el tema y los que somos profesionales desde nuestras especialidades para lograr que la ciudadanía toda logre un nivel de conocimiento, organización y preparación ante una catastrofe, para lograr la reducción del riesgo. Hay que movilizar a la ciudadan’ia, desde la juventud, organizaciones, etc. Sino moriremos esperando…..
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19 de febrero
Buena la columna, siempre me ha llamado mucho la atención el que en Chile no sepamos nada o casi nada de gestión de riesgos de desastres cuando somos permanentemente asolados por algunos.
Y luego de que ocurren tenemos muy poca capacidad reflexiva respecto de lo que se hizo mal.
Prueba de ello es la escasa literatura que hay respecto del terremoto del 60. con todo el vacío de conocimiento que eso implica, por otro lado, la gestion de desastres, no se dicta en ninguna universidad (y por tanto no se construye acerbo académico respecto de la gestión de desastres ni desarrollamos capital humano avanzado sobre el tema
Cuando ocurrió el Huracán Katrina las universidades del área crearon una unidad académica para investigar y desarrollar capital humano preparado para afrontar mejor ese tipo de episodios. Eso es aprender, acá no aprendemos
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19 de febrero
solo cuando seamos capaces de ver en que nos equivocamos, y reunir la experiencia de por lo menos los tres últimos terremotos en nuestros país ,estaremos un poco mejor preparados como comunidad, como conjunto de personas, no como entes aislados. Un estudio sobre los grandes terremotos en Chile demostró que después de cinco años nadie se acuerda y el próximo evento nos pilla como si FUERA EL PRIMERO.
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19 de febrero
Si alguien se interesa, el estudio de los últimos terremotos en Chile y sus consecuencias en la sociedad es de Alejandra Orellana Rueda ,arquitecta y esta en la biblioteca de arquitectura Universidad de Concepción.
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20 de febrero
La experiencia y la obseración de Red Construyamos, nos lleva a similares conclusiones. La sociedad chilena no está preparada para catástrofes, porque no es la motivación de los grupos políticos en el poder (asociados a las grandes empresas y a intereses egoístas), lo que conduce a que las políticas públicas concentren su orientación en la demanda del capital. En el proceso posterior al #27F, la acción del Ministerio de Vivienda, del SERVIU y otras instituciones públicas, ha favorecido el despojo de la tierra para miles de familias obreras y pobres, principalmente para aprovechar el desastre como escusa y así «barrer» a la población de suelos que han elevado su valor (por ejemplo, los bordes costeros en Dichato y del río Bio Bio), lo que se complementa con acciones francamente fraudulentas (por ejemplo, las acciones del grupo encabezado por la ex intendenta (y actual precandidata a senadora) J. van Rysselberghe.
Sin duda, otro aspecto -y quizás el más elemental y necesario- es la organización social, la capacidad de asociación y colaboración mutua, la protección colectiva ante eventos catastróficos y/o acciones injustas, la participación activa en la defensa ante un régimen de completa obsecuencia al capital. Esta última labor organizadora, sin duda, no vendrá de un Estado que poco y nada pierde con las catástrofes y que, al fin de cuentas, goilpean a los más pobres de Chile.
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