A propósito de Bolivia: La soberanía de nuestros recursos naturales

No creo que merezca demasiado análisis que la postura chilena ante la demanda en la Corte Internacional de La Haya, debe tener una sola postura, sobre todo cuando nos enfrentamos a una maniobra comunicacional y no política por parte de las aspiraciones un hombre (Evo Morales) y no de un pueblo, porque la verdad sea dicha el presidente Morales realiza acciones y utiliza la corte internacional mediáticamente, no obstante no hace ninguna petición sería toda vez que los asuntos de soberanía se resuelven por tres vías: la diplomática, la jurídica o la guerra y no por maniobras comunicacionales.

Para finalizar este preámbulo creo es importante pensar en revisar la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá, instrumento jurídico mediante el cual Chile se somete a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Creo que es importante revisarlo por una sola razón, la incapacidad del órgano internacional de blindarse ante su utilización mediática sin argumentos jurídicos, lo que la convierte en un ente feble frente a los “juegos” políticos y comunicacionales de cualquier país que quiera incomodar a otro o bien obstaculizar artificialmente la visualización de sus problemas internos, haciendo que un país como Chile gaste recursos y tiempo en maniobras pirotécnicas que no ayudan en nada a mejorar la relación entre ambos países porque no existen propuestas ni demandas serias en las cuales ponerse a trabajar.

Dicho lo anterior quisiera referirme a que este episodio nos recuerda uno de los sucesos más bochornosos y dañinos para nuestro país, como fue el proceso cubierto de un manto de corrupción que generó la Ley de Pesca conocida coloquialmente como “Ley Longueira” en alusión al ex ministro del presidente Piñera, quien según se informa mientras se redacta este artículo será formalizado por cohecho y soborno el próximo 02 de abril.

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Hoy están las condiciones para hacer avanzar el modelo de manejo de los recursos naturales chilenos hacia un modelo económico sustentable con la ciudadanía empoderada, donde el elemento ciudadano dentro de un marco jurídico internacional que ha cambiado, puede ser el punto de equilibrio entre soberanía e inversión y más allá de la soberanía la sustentabilidad.

Los hechos anteriores llevan nuestra atención a nuestro recurso natural marítimo que hoy muchos estiman está manejado por unos pocos privados, por lo tanto en la práctica no se podría hablar de “nuestro recurso”.

Una situación similar sucede con muchos de nuestros recursos minerales como el cobre y el litio por poner sólo un par de ejemplos, asimismo no se ha abordado suficientemente el daño que han causado en nuestra agricultura y medio ambiente multinacionales como Monsanto que el año pasado fuera encontrada culpable de “ecocidio” por el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, debido a los grandes daños que ha causado en lo recursos naturales a nivel mundial lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo se protege realmente la soberanía de los recursos naturales?

Más allá de la nacionalización y la estatización

Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han avanzado parcial o totalmente en la nacionalización de sus recursos naturales con justificaciones de “utilidad pública” a la usanza de los años 40 en adelante y bajo distintas fórmulas.

La soberanía plena y permanente de los recursos naturales es un derecho inalienable de los Estados durante el siglo XX formando incluso parte de sus constituciones pero esto ha tenido algunas variaciones prácticas.

Si bien la primera fórmula que se viene a la mente es la de la intervención del Estado en la explotación y carga impositiva de los recursos naturales, así como la inversión dirigida de fondos derivados del aprovechamiento de estas explotaciones, el derecho internacional ha ido restringiendo esa injerencia estatal puesto que con objeto de atraer la inversiones extranjeras, los países han ido firmando tratados bilaterales y multilaterales en donde han puesto ciertos límites a las expropiaciones y nacionalización, generando cierto marco proteccionista para los inversores delegando en tribunales comerciales internacionales la soberanía de los recursos naturales.

Es por eso que los modelos de nacionalización hoy se encuentran restringidos y al no ser parte de lo que desde la década de los 90 ha sido una tendencia a la apertura y a ceder derechos de compensación a los inversores se ha evidenciado en casos como la demanda de Pan American Energy en contra del Estado Boliviano, buscando mejorar compensaciones por la nacionalización de Chaco S.A. en un reclamo por el alza impositiva en la Ley de Hidrocarburos de ese país que afecta a los inversionistas. Hechos como el anterior nos demuestra que hoy por hoy quienes invierten poseen las herramientas para pasar por encima de las soberanías, estatización e injerencia de los Estados sobre sus recursos a través de la presión de las compensaciones, lo que hace necesaria la búsqueda de nuevos modelos.

El año 2013 quien escribe promovió junto a otros actores políticos de ese año, un modelo que denominamos un modelo de propiedad ciudadana de los recursos naturales con la ciudadanía empoderada, en donde el Estado sea un administrador y garante y los ciudadanos-propietarios tengan herramientas de revisión y revocación de leyes que regulen la explotación de nuestros recursos naturales en cuanto bien público, lo que debería ser dentro del marco jurídico nacional e internacional vigente y tomando en cuenta que algunas modificaciones considerarán el aumento del pago de compensaciones a los inversionistas, lo que no restará la inversión extranjera pero someterá a los inversores a buscar el apoyo de la ciudadanía en el manejo de los recursos, esto propone un interesante nueva variable de regulación (la ciudadanía) que empuje el modelo chileno en dirección a la sustentabilidad en el manejo de nuestros recursos, en línea con las lecciones aprendidas con el daño ambiental ya sentenciado por cortes internacionales, ordenado además con las nuevas exigencias de países como los europeos en materia ambiental y a la aspiración de la nueva administración Piñera de hacer de Chile un país desarrollado, para ello debe cumplir con normas ambientales y agrícolas mínimas que aun con los grandes avances en materia de energías renovables no convencionales y áreas protegidas entre muchas otras del gobierno saliente de la presidenta Bachelet, nos tiene distanciados del desarrollo.

Si bien este modelo fue planteado a la administración anterior desde el Movimiento Verde “MOVER”, no se hizo la profundización necesaria toda vez habían demasiados proyectos y reformas en marcha que dificultaban iniciar un proceso como el señalado por ser de alta complejidad, no obstante hoy están las condiciones para hacer avanzar el modelo de manejo de los recursos naturales chilenos hacia un modelo económico sustentable con la ciudadanía empoderada, donde el elemento ciudadano dentro de un marco jurídico internacional que ha cambiado, puede ser el punto de equilibrio entre soberanía e inversión y más allá de la soberanía la sustentabilidad.