Hace unos días, el Presidente de la República sorprendió a todos anunciando el envío a tramitación de un proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Al respecto hay que decir que en principio ello constituye una buena noticia sobre un tan anhelado como necesario proceso de modernización de la institucionalidad alimentaria en nuestro país, el que ha sido sucesivamente postergado, a veces por buenas razones y a veces por otras no tanto, por los diferentes gobiernos desde inicios del presente siglo.
Habiendo consultado profusamente entre expertos tanto del sector público, como privado, llama poderosamente la atención que, más allá de los titulares de prensa y los trascendidos, nadie sepa nada respecto de los contenidos del proyecto. Tampoco nadie dice haber sido invitado a participar en alguna discusión en su proceso de elaboración. Resulta curioso, particularmente en estos tiempos, que en la elaboración de una propuesta de política pública tan relevante como esta no se haya convocado abiertamente a los actores a aportar en su construcción. Más aun cuando este es un sector en el que por mucho tiempo la elaboración de políticas, regulaciones y normas fue siempre a través de un proceso de diálogo, consulta y consenso entre gobierno, gremios y demás actores del sistema, constituyéndose en una buena práctica de gestión que trajo muchos y muy importantes éxitos al País.Lamentablemente este anuncio recuerda mucho lo ocurrido a fines del gobierno anterior de Sebastián Piñera, en que un grupo de expertos, entre cuatro paredes, sin ningún tipo de participación ni consulta, elaboró un proyecto de ley en el mismo sentido del actual
Dicho lo anterior, sería interesante que el Ministerio diera a conocer qué es esta transformación y cómo se resuelven los muchos y muy complejos aspectos institucionales, orgánicos, legales, regulatorios, operacionales y administrativos que de ello se infiere, al conocer solo titulares. Algunas preguntas sobre las que sería importante conocer detalles son:
¿Cómo se llevará adelante el traspaso de la institucionalidad de pesca y acuicultura? ¿En qué plazos?, ¿Qué ocurrirá con SERNAPESCA, sus funciones serán parte de las nuevas atribuciones que se anuncian para el SAG, o continuará siendo un servicio como hasta ahora? Si es así, ¿Cuál será su relación con el SAG? ¿Y el IFOP pasará a depender de la Subsecretaría de Desarrollo rural, será absorbido por INDAP, o continuará tal cuál?, ¿Y el sector forestal, el gran ausente de este anuncio, continuará en agricultura o será endosado a otro ministerio?, ¿Cómo se abordará, con qué atribuciones y en que dimensiones el desarrollo rural, se volverá al INDAP de la década de los sesenta con ello? ¿Cómo se abordan y resuelven en este nuevo ministerio las contiendas de competencia entre el SAG, SERNAPESCA y MINSAL en materia de inocuidad? ¿Y qué rol cumplirá ACHIPIA en el nuevo contexto institucional, continuará siendo una agencia interinstitucional con una dirección colegiada, se enviará a tramitación el proyecto de ley que la crea formalmente, se constituirá en una dependencia de la Subsecretaría de Alimentación o será absorbida por el SAG como parte de las nuevas atribuciones que se anuncian? ¿Cómo se vinculará la nueva institucionalidad alimentaria con la subsecretaría de relaciones económicas internacionales (ex DIRECON)? Junto a lo anterior, otros aspectos críticos por aclarar dicen relación con el cómo se llevarán a cabo los ajustes administrativos, de personal, de funciones y todo aquello que involucra y afecta a la/os trabajadores de las distintas reparticiones que se verán envueltas en este proceso de trasformación. Y podríamos seguir con muchas otras preguntas que surgen a partir de este anuncio, cuyos contenidos a la fecha son desconocidos para casi toda/os.
Lamentablemente este anuncio recuerda mucho lo ocurrido a fines del gobierno anterior de Sebastián Piñera, en que un grupo de expertos, entre cuatro paredes, sin ningún tipo de participación ni consulta, elaboró un proyecto de ley en el mismo sentido del actual, el que fue enviado a tramitación legislativa, y evidentemente ni siquiera superó el primer trámite. Sería interesante que desde el MINAGRI revisaran lo obrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el proceso que está llevando adelante, en forma abierta, moderna, interactiva y convocando a los actores a involucrase activamente en la elaboración de la política de C&T para Chile. Porque justamente de eso se trata, de una política para Chile, no para un grupo, un sector o un ministerio, y en consecuencia todos quienes quieran tiene el derecho a saber y opinar en su elaboración. Nos guste o no así se deben hacer las políticas públicas hoy en día, de otro modo no se entiende.
Comentarios