La Atención Primaria de Salud (APS) debe ser el eje coordinador y base del cuidado continuo de los pacientes del Sistema de Salud, por lo que es fundamental contar con recursos adecuados para la atención de la población a cargo. Hoy el per cápita basal es de tan sólo $ 4.895 pesos por persona al mes, así que con esta limitación de recursos no resulta extraño que tengamos graves déficit, dentro de los que destaca la falta de una Política Nacional para el Recurso Humano de APS, que permita atraer y retener a los trabajadores de salud en este nivel de atención.
Sin embargo, el problema no solamente está referido a un tema presupuestario, sino que los recursos que se traspasan desde el Estado a las municipalidades, no sean usados para otros fines, situación evidenciada en muchas comunas, en donde el dinero destinado para la atención de las personas inscritas en los consultorios, se emplea para múltiples causas fuera de una óptima utilización en las actividades de salud. Son muy diversas la maneras en que terminan estas platas, desde el pago de favores políticos, pasando por la firma de convenios de externalización de acciones que corresponden a salud (exámenes de laboratorios, de imágenes, entre otras), hasta incluso llegar a los propios bolsillos de los alcaldes. Sabemos de varios ediles que han sido enjuiciados por estos motivos.concebir la salud como un derecho humano implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar.
Lo que está detrás de estas acciones, revela por una parte la falta de fiscalización de parte del Ministerio de Salud, pero por otra más importante, encierra una falta de responsabilidad de las autoridades comunales con sus propios votantes. Muestra de esta situación la encontramos también en las propuestas de servicios de salud municipales a menores precios que los del mercado, como son las farmacias, los laboratorios y las ópticas comunales, que evidencian la cruda realidad de una falta de compromiso por el derecho a la salud.
Desde la Fundación Creando Salud creemos que el concebir la salud como un derecho humano implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar. Esto implica que no podemos entender la salud sólo desde una dimensión parcial como es la posibilidad de elegir, ya que dicha elección está limitada exclusivamente para quienes pueden costearla.
Es necesario revertir el proceso de desmantelamiento que ha sufrido la salud pública, fortaleciendo la inversión pública en función de las necesidades de la población y no de del lucro privado. Con el objetivo de contar con una APS como el pilar fundamental del sistema de salud, donde la gestión de los recursos no puede estar supeditada al criterio de la administración de un alcalde en particular o de corporaciones municipales, es necesario que los trabajadores de salud y la comunidad tengan injerencia en la toma de decisiones con respecto al presupuesto y de esta forma evitar que los recursos de salud se mal utilicen o se desvíen hacia otros gastos. Solamente de esta manera se lograrán mejoras en la atención, así como incorporar acciones de prevención y promoción de salud, y mejoras a la capacidad resolutiva (apoyo diagnóstico y del arsenal farmacológico), que la ciudadanía de nuestro país se merece.
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