En los últimos años hemos visto cómo miles de personas se han manifestado en contra de los proyectos energéticos o inmobiliarios que han amenazado el patrimonio ambiental de nuestras ciudades. Pero, a pesar de esto, día tras día, nuevos proyectos son aprobados y nuevos conflictos surgen en los territorios de nuestro país.
Por un lado, podemos ver cómo en Limache cientos de personas se manifiestan mes a mes para detener la instalación de un tendido de alta tensión que cruzará media comuna; así como también en contra de la instalación de una nueva Termoeléctrica en el sector que dañará gravemente el aire y el agua de la comuna.Un país que se considere verdaderamente democrático debe tomar en cuenta la decisión de las personas que se ven directamente afectadas por estos proyectos, esta es la única forma de que en nuestro país se dejen de vulnerar nuestros derechos.
Por otro lado, la comuna de Villa Alemana no es ajena a estos sucesos; a pesar de no tener una notoriedad tan grande como los movimientos ambientales de otras regiones, vecinos del sector norte de la comuna llevan más de dos años luchando en contra de diversos proyectos inmobiliarios como la construcción de dos edificios de diez pisos y el entubamiento del estero Pejerrey, ambos ubicados en el mismo sector.
Ambos proyectos generan graves problemas para los vecinos del sector, desde inundaciones en los sectores entubados hasta daños al patrimonio ambiental constituido por dos especies que se encuentran protegidas por ley debido a su importancia biológica y a la amenaza en la que se encuentran: la rana chilena y el sapo de cuatro ojos.
Si analizamos esta situación vemos cómo nuevamente la institucionalidad vigente no da el ancho en esta materia, viéndose los vecinos y vecinas obligados a sufrir las consecuencias de una mala planificación urbana que no respeta las obligaciones ambientales. ¿Pero cuál es la razón de fondo para que miles de personas se levanten a protestar y reclamar en contra de los proyectos que afectan su entorno?
Lo que a todos inmediatamente se nos viene a la mente es la defensa del medioambiente y del valor patrimonial de ciertos sectores, lo que está relacionado directamente con los daños que podemos sufrir en nuestra salud; lo que en un primer momento parece ser la única y exclusiva causa de todo el malestar esconde en el fondo un problema mayor que se relaciona directamente con nociones básicas de nuestro sistema político: la democracia y la soberanía popular.
Pero, ¿qué tienen que ver estas ideas con las movilizaciones ambientales? Probablemente sean el centro mismo del debate medioambiental, ya que lo que se afecta realmente es la capacidad de decidir sobre el destino de nuestros territorios, a través de un mecanismo democrático.
¿En qué situación quedamos entonces? Nos encontramos con territorios expropiados de la capacidad para decidir si quieren que se instale un proyecto inmobiliario, energético o minero en su comunidad, que afectará y cambiará radicalmente su modo de vida y muchas veces llevará consigo un daño considerable en la salud de miles de personas y al medio ambiente que los rodea.
La gravedad de esta situación no ha sido dimensionada y conlleva un cuestionamiento total del sistema que nos rige, el cual no permite construir reales espacios de participación. La única forma de construir un país realmente participativo y democrático es recuperando la soberanía para el pueblo mediante la creación de asambleas territoriales comunales que realmente representen los intereses de aquellos que se ven afectados por las decisiones de un Estado centralista.
Un país que se considere verdaderamente democrático debe tomar en cuenta la decisión de las personas que se ven directamente afectadas por estos proyectos, esta es la única forma de que en nuestro país se dejen de vulnerar nuestros derechos.
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