Ley de Pesca + Ley Ambiental = Desaparición Pesca Artesanal

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En este ámbito, los artesanales carecen de instancias concretas de participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No son parte de la discusión en el proceso evaluativo. En lo práctico, se les escucha, pero no se les considera en las decisiones.

Entre los efectos más perjudiciales producidos por la nueva Ley de Pesca, se encuentra la asignación perpetua de recursos pesqueros para el monopolio industrial, con derechos de exclusividad de captura por 20 años renovables en la Zona Económica Exclusiva y la disminución de recursos naturales, producido por el sobreesfuerzo pesquero que ejercen a diario las naves industriales distribuidas a lo largo de todo el mar chileno.

Pero las presiones al sector pesquero artesanal no tan sólo se restringen al ámbito de la Ley de Pesca. En los últimos años, ha sido habitual conocer de organizaciones de pescadores, que defienden su derecho histórico y cultural de pescar, debido a la insistencia de las industrias por expropiarlos de sus recursos naturales y territorios.

Por insólito que parezca, la Ley de Pesca y Acuicultura es la encargada de restringir las capturas y la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente es el instrumento destinado para excluirlos de sus territorios, interviniendo a través de la Comisión Regional de Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como instancia facilitadora para la instalación de megaproyectos sobre sectores históricamente habitados por pescadores artesanales.

En este ámbito, los artesanales carecen de instancias concretas de participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No son parte de la discusión en el proceso evaluativo. En lo práctico, se les escucha, pero no se les considera en las decisiones.

A pesar que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA- se sostiene en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, ha quedado demostrado que fue diseñada para la industria, porque facilita la aprobación de proyectos deficientes desde el comienzo de la etapa de evaluación. Es el propio sistema el encargado de hacer permisible el desarrollo de megaproyectos con insuficiencias técnicas, que además son aprobados por personal sin competencias en el área. Es decir, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental posee vulnerabilidades dolosas que atropellan los derechos fundamentales de los chilenos. Por ejemplo, vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.

Este modelo, en el ámbito de la pesca artesanal, asegura la erradicación de pescadores artesanales de sus territorios por considerarlos, posterior a la discusión y aprobación del proyecto: ilegales. En concreto, para quienes integran la COREMA, los pescadores y las comunidades costeras, son un obstáculo para el desarrollo del país.

En este sentido, la institucionalidad ambiental, encargada de velar por el cuidado del medio ambiente, adquiere un rol subsidiario y facilitador pro industria. No razonando frente a criterios de carácter cultural, antropológico ni mucho menos productivo. Sin considerar, por ejemplo, que el sector pesquero artesanal, además de ser una actividad cultural heredada de antepasados, entre pescadores, buzos y recolectores de orilla, triplica en puestos de empleo a los industriales, y en enfoque de género han involucrado a la mujer en sus actividades mucho antes que las políticas públicas implementadas por el Estado destinadas a fortalecer el rol de la mujer en Chile.

Hace unos años, era impensado evaluar la desaparición de los pescadores artesanales, bancos naturales, áreas de manejo y pequeñas caletas. Sin embargo, a modo de ejemplo, en la Región de Aysén la reciente crisis del salmón, dejó de manifiesto que el sector además de lidiar con la escases de recursos naturales, debe someterse a los planes y programas de los salmoneros, donde están obligados a incorporarse en la solución de un problema que no generaron y resistir la pérdida de sus rutas y caladeros ancestrales, antecesores a la instalación de la industria en la zona, además de la erradicación abusiva de buzos y pescadores históricos, sin considerar la reducción de cuotas de captura, también de propiedad de los industriales.

En paralelo, el plan de salvataje de la industria del salmón, implicó que se legalizara, por mayoría parlamentaria, la posibilidad para que los salmoneros hipotecaran a la banca porciones de mar, generando un segundo efecto: la privatización del mar de Chile, antes propiedad de todos los chilenos.

Caso contrario con lo que ocurre con los pescadores artesanales de todo Chile, que deben cancelar altos costos por el uso de sus Áreas de Manejo, a pesar que esta es la única instancia que promueve la repoblación eficiente en los ecosistemas marinos de Chile.

Cabe señalar, que para el periodo de auge de la crisis del salmón, la Comisión de Medio Ambiente de Aysén aprobó concesiones para el cultivo intensivo de salmones en tiempo record, sin considerar variables ambientales ni los efectos colaterales, ni residuales producidos por la catástrofe ecológica más violenta en la historia productiva del mar de Chile.

En este sentido, la institucionalidad ambiental, integró comodines provenientes de distintos servicios sin relevancia ambiental, que a la hora de definir un proyecto son fundamentales para aprobarlos, incluso con la desaprobación de servicios con enfoque técnico como CONAF, SAG o SERNAPESCA, que en la práctica son los responsables de velar por el cuidado de los ecosistemas, flora y fauna nacional.
Para el caso de la Región de Atacama, la metodología empleada para aprobar proyectos, incorpora un fuerte lobby de las empresas con las organizaciones sociales y sindicatos, entregándoles recursos económicos cortoplacistas y sin planes que refuercen el rol del pescador en las zonas de las que será erradicado.

De esta forma, instrumentalizan las carencias económicas con financiamiento directo, jamás proporcional a las verdaderas dimensiones de la actividad ni su valor cultural, generando un efecto devastador para una zona cimentada en la cultura pesquera, reduciendo aún más las posibilidades de diversificar las actividades marítimas de los pescadores, la dimensión de su territorio y las capturas, el resguardo y protección de espacios para el desarrollo, como por ejemplo, la acuicultura a pequeña escala.

En la mayoría de los casos, se les bonifica a cambio de la entrega de sus áreas de manejo y bancos naturales, reduciendo las objeciones y acelerando la aprobación del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Ley de Pesca y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, articuladas para su aplicación, poseen un efecto nocivo para la sustentabilidad y supervivencia del pescador artesanal, situándolos en una posición incierta, donde la disminución de los recursos naturales, la reducción de sus espacios de captura, la presión de ambas leyes, dejan al sector pesquero artesanal, al igual que los recursos naturales, al borde de la desaparición.

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Foto: Wikimedia Commons