Según la CEPAL, América latina y el caribe contribuye con menos del 10% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sin embargo, es una región particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. Lo anterior, se enmarca en un contexto comercial y productivo altamente desigual a nivel planetario, donde por cada habitante de los países más ricos se emite 38 veces más CO2, de lo que produce una persona perteneciente a los países más pobres (de acuerdo a lo que señala La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe. ONU, 2018).
Sabemos que el “efecto invernadero” tiene su origen en la emisión de GEI, producto del desarrollo industrial iniciado hace poco más de dos siglos. El polo de dicho desarrollo se concentró en el norte global, no obstante, reiterados informes del IPCC nos indican que los efectos más perjudiciales para la vida humana y la de los ecosistemas, se harán presentes en el sur del mundo, lugar donde, además, se concentran los países con menores capacidades económicas para enfrentarlos. Los ámbitos críticos son variados: aumentos de temperatura, déficit de precipitaciones (particularmente graves en el Caribe), incendios forestales, ciclones tropicales, aumento del nivel del mar, alteraciones en la temperatura del océano, retroceso de los glaciares, y crisis de nutrición y de acceso de alimentos. De esta forma se ha configurado a lo largo del tiempo una asimetría en cuanto a las causas y los efectos del cambio climático, a nivel global.Los efectos del cambio climático, que tiene a sus principales responsables en el norte global, en un contexto de desigual de distribución de los recursos económicos disponibles para la mitigación, genera una situación crítica para América Latina y el Caribe
Desde el punto de vista financiero la situación, nuevamente, presenta sus alarmas. Los recursos para América Latina se caracterizan por su concentración, siendo Brasil y México receptores de casi la mitad de los fondos disponibles para la región. A esto se agrega que las actividades para la mitigación reciben casi seis veces más recursos que aquellas actividades destinadas a la adaptación climática (según la Reseña regional sobre el financiamiento para el clima: América Latina. Climate Funds Update, 2020). Además, los expertos sostienen que los necesarios procesos de adaptación traerán consigo un detrimento que oscila entre los 0,29% y 0, 37% del PIB anual de la región, al menos hasta 2050. Este panorama culmina al considerar que los principales fondos (Fondo para la Tecnología Limpia, Fondo Verde para el Clima y el Fondo Amazonia) operan en forma de préstamos, aunque estos funcionan con tasas de interés bajas y cobros a largo plazo.
Los efectos del cambio climático, vistos como una externalidad negativa, de un proceso productivo y de consumo que resulta en su esencia ajeno a la región y que, además, aún en la actualidad tiene sus principales responsables en otras latitudes de la tierra, unido a la desigual distribución de los recursos económicos disponibles, más la relativamente baja inversión en lo que respecta a la adaptación climática, genera una situación crítica para América Latina y el Caribe. Surge entonces la interrogante sobre qué caminos debemos tomar en cuenta para efectos de planificar, gestionar y gobernar la crisis climática cuyos efectos irán en alza, en los territorios al sur del Río Bravo.
Desde luego, es menester confeccionar instrumentos jurídicos que faciliten las soluciones multilaterales sobre la protección de ecosistemas compartidos, así como la inversión en investigación científica respecto de dichos ecosistemas comunes. Si se trata de atender procesos que no tienen fronteras nacionales, la cooperación y coordinación de los estados latinoamericanos se vislumbra como un medio más idóneo que la sola actividad de los estados. Asimismo, se requieren fondos de investigación de índole regional si tenemos por objetivo preservar los ecosistemas como las selvas tropicales de México y Centroamérica, los ecosistemas marinos del Caribe, la cuenca del Río Amazonas, la cuenca del Río de la Plata, el Gran Chaco, la Puna, el desierto peruano-chileno, y la Patagonia y los campos de hielo australes. Además, precisamos incorporar criterios de equidad y de justicia distributiva al momento de buscar soluciones al mayor problema de esta era: el cambio climático.
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