Esta semana se despachó desde la comisión de Agricultura del Senado, el proyecto de ley que busca el ingreso de los proyectos de desarrollo y explotación forestal emplazados en cualquier tipo de suelos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El objetivo es perseguir la convicción de que dicho giro debe someterse a los estudios realizados por el Servicio Evaluación Ambiental (SEA) para mitigar los importantes efectos ambientales que generan los cultivos y cosechas de plantaciones forestales.
En la actualidad, la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, junto con el Decreto 40, establecen los parámetros normativos para la determinación del tipo de proyectos forestales que deben ingresar a evaluación de impacto ambiental. Las leyes mencionadas hacen referencia a la necesidad de que dichos proyectos, ubicados en suelos frágiles, donde se realice cosecha final a tala rasa deben ingresar al sistema en cuestión. Adicionalmente, el citado decreto incorpora el requisito de que las cosechas se deben efectuar en suelos continuos de más de 500 hectáreas. Es justamente este criterio el que permite la elusión sistemática a la normativa ambiental.La industria forestal y la institucionalidad del sector, usando de escudo humano a los pequeños productores, siguen negándose a ver esta realidad, poniendo por delante los intereses económicos de unos pocos por sobre el bienestar de comunidades y territorios.
Para entender el escenario, es importante destacar que las grandes empresas forestales (3), es decir, quienes tienen un patrimonio de más de 30.000 hectáreas, realizan planes de manejos por 150 ha. Esto significa que, en promedio, se realiza cosecha final a tala rasa por dicha cifra, guarismo significativamente menor a lo exigida por ley para el ingreso al SEIA. La conclusión obvia es que ningún proyecto forestal ingresa al sistema en cuestión, ya que todos presentan formalmente una actividad muy por debajo de lo exigido por ley. Esta situación fáctica implica que la actividad forestal se realiza sin ninguna consideración ambiental, escenario especialmente complejo considerando los grandes impactos ambientales que genera el mecanismo de cosecha final a tala rasa.
En la comisión de Agricultura del Senado se discutió y se aprobó, con mi voto en contra, la modificación que busca rebajar el requisito de 500 a 250 ha, reforma meramente cosmética, ya que en la práctica no significa ningún cambio real para la industria forestal.
El objetivo del proyecto de ley es el ingreso irrestricto de los proyectos forestales al SEIA. Cualquier delimitación por hectáreas, en el caso de las grandes forestales, es insuficiente para dicho cometido. Por eso mismo, votamos en contra de las modificaciones propuestas con la comisión, y seguiremos trabajando e impulsando la redacción original de la moción bajo la convicción que los proyectos forestales deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, especialmente en el actual contexto de escasez hídrica y de emergencia climática.
Lamentablemente, la industria forestal y la institucionalidad del sector, usando de escudo humano a los pequeños productores, siguen negándose a ver esta realidad y siguen poniendo por delante los intereses económicos de unos pocos por sobre el bienestar de comunidades y territorios.
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