Para el 3 de julio está puesta en tabla de la Cámara de Diputados la votación del proyecto de ley que prohíbe la constitución de derechos de agua en glaciares. El que gracias a las indicaciones de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez y el apoyo de sus colegas Cristina Girardi (PPD), Diego Ibáñez (RD), Félix González (Ecologista), Amaro Labra (PC) y Gastón Saavedra (PS) incluye hoy una serie de restricciones para la intervención de estas fundamentales reservas de agua.
En Aysén sabemos de glaciares. Forman parte del paisaje de las montañas que cobijan y embellecen la Patagonia. También, son el manto blanco que desde el occidente ha fraguado, moldeado y dado vida a las características morfo, geo y biológicas de este trozo de austro. Ahí están los imponentes Campos de Hielo Norte y Sur.
Esos hielos eternos (aunque no tanto, es sabido que están en constante renovabilidad) no son sólo postales. Son un verdadero seguro de vida, al contener el agua sustento de la existencia de ecosistemas y de las comunidades. Baterías de agua que se cargan en las temporadas de frío, que humectan la tierra en las de calor, en un ciclo íntimamente ligado ríos, lagos, napas y acuíferos.Que esto aún no es un rotundo no está claro. Le falta por avanzar, y eso debe ser parte de los objetivos por cumplir. Pero incluso todavía así hoy es mejor que no tener ley.
Intenso ha sido el debate por su protección, más aún con luchas emblemáticas que han dado múltiples territorios, como el caso de Alto del Carmen por la irresponsable acción de Barrick Gold y su proyecto Pascua Lama.
Más de 4 años estuvo en el Congreso la Ley de Protección de Glaciares, que partió como una moción de los diputados Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (RD), Luis Lemus (PS), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (Liberal), Andrea Molina (UDI), Leonardo Soto (PS), Camila Vallejo (PC) y Patricio Vallespín (DC).
Durante su tramitación en la Cámara Baja sufrió múltiples cambios. Algunos pro glaciares, otros contrarios, como la indicación del gobierno de Michelle Bachelet que recogió múltiples reparos del Consejo Minero. Algunos de los cuales se lograron posteriormente revertir.
Fue la semana pasada que el gobierno decidió dejar caer la iniciativa, retirando indicaciones indispensables. El argumento de la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos fue que no comparten la idea de aprobar leyes específicas para proteger la diversidad biológica y que impulsarán los instrumentos de conservación incluidos en el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: las áreas protegidas, la clasificación de ecosistemas y los planes de manejo para ecosistemas amenazados. El problema es que esta iniciativa está recién en tramitación y hasta hoy no incluye alusión alguna a los glaciares.
Por lo pronto, se mantiene aún en la torpedeada tramitación de la reforma al Código de Aguas un artículo que prohíbe constituir derechos en glaciares. Y eso sería todo.
Son estos antecedentes lo que convierten en relevante lo que se votará el 3 de julio.
Tanto es así que en una carta enviada este domingo a La Tercera, el gerente general del Consejo Minero Joaquín Villarino señaló que dicha normativa “hará imposible la actividad minera actual y futura en toda la zona central de Chile, lujo que el país no puede darse”.
Su misiva continúa señalando que “la minería en Chile considera que la valoración de cada glaciar depende de múltiples factores a evaluarse caso a caso. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe ser el instrumento básico para proteger a los glaciares y al resto de los activos ambientales”.
Este argumento no es nuevo. Lo escucha uno siempre cuando se plantean prohibiciones relativas a temas ambientales. “Veamos caso a caso” o que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe evaluar” es el mantra de quienes consideran que todo es negociable, principalmente para sus intereses.
El problema es que la sociedad, desde su constitución, se cimienta en libertades y prohibiciones. La ley no permite que el conductor, caso a caso, evalúe si se detiene o no en un signo pare. Lo obliga a detenerse.
Y si este ejemplo le parece extremo, hay otro más pertinente: el asbesto.
Fue en septiembre de 2000 cuando la ministra de Salud Michelle Bachelet, por mandato del Presiente Ricardo Lagos, dictó un decreto que convirtió en ilegal “la producción, importación, distribución, venta y uso de crocidolita (asbesto azul) y de cualquier material o producto que lo contenga”. Esto por ser un material “reconocidamente dañino para la salud, cuando es inhalado al encontrarse en el aire en forma de fibras de asbesto libre, pudiendo causar graves enfermedades, tales como asbestosis, cáncer primario del pulmón o mesoteliomas. Enfermedades todas de alta letalidad”.
El asbesto era barato para construir, en comparación con otros productos. Fomentaba la economía y el crecimiento, sin embargo la decisión final fue prohibirlo. No se recurrió al mercado (subirle los impuestos, subsidiar otros materiales) ni a un sistema de evaluación caso a caso. La visión fue clara y concreta: el asbesto no.
Pero, ¿a qué se debe la preocupación del Consejo Minero?
Primero, porque el proyecto aún en trámite avanza en una definición de glaciar más amplia de la que las empresas quisieran.
Segundo, porque prohíbe expresamente actividades que impliquen su remoción, traslado o destrucción; las que siendo realizadas en su superficie afecten sus funciones, dinámicas y propiedades esenciales. También el desarrollo de actividades bajo la superficie de los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento, y la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Y, por último, cualquier otra acción contraria al objeto de la ley o que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.
Que esto aún no es un rotundo no está claro. Le falta por avanzar, y eso debe ser parte de los objetivos por cumplir. Pero incluso todavía así hoy es mejor que no tener ley. Y de ser aprobado por los diputados, múltiples organizaciones y territorios afectados por la destrucción de tan vitales ecosistemas podrán aportar su visión en las etapas que vienen en el Senado.
En el caso de Aysén, la votación será ocasión para conocer el desempeño de nuestros legisladores: René Alinco (ind PRSD), Miguel Angel Calisto (DC) y Aracely Leuquen (RN). Mal que mal, es en la Patagonia donde se ubica la mayor superficie de glaciares no solo del país, también del mundo. Lo cual es una responsabilidad que no pueden tomar la ligera.
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