La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Mina Invierno en Isla Riesco, región de Magallanes, abre nuevamente el debate en torno al “impacto ambiental” de los grandes proyectos mineros y energéticos que, en los últimos años, se han comenzado a implementar en el país, provocando el descontento y la protesta de amplios segmentos de la ciudadanía. Hidroaysén, Central Castilla y Punta de Choros (este último detenido gracias a la movilización ciudadana) han sido sólo los ejemplos más mediáticos de una serie de mega-proyectos que están cambiando la geografía ambiental de nuestro país. El caso de Isla Riesco parece corresponder al mismo patrón. Están pendientes los resultados que las manifestaciones organizadas a lo largo del país tendrán sobre el primero de cinco proyectos planeados para la zona.Un elemento a considerar, sin embargo, es el hecho de que la oposición a estos mega-proyectos suele reducirse a un enfoque meramente “ambientalista”, es decir, apuntando solamente a los daños que provocarían en la relación del hombre con su medio, en sus efectos directos sobre los ecosistemas y en sus efectos indirectos vinculados a la mantención de una matriz energética ineficiente y contaminante. Se excluye de este análisis una crítica histórica y concreta a las relaciones sociales de producción en que se fundamenta nuestro modelo económico, y al lugar que ocupa en él la minería y la producción energética.
Esto es perjudicial para el éxito de la movilización ciudadana en contra de dichos mega-proyectos por dos motivos. En primer lugar, porque facilita la reducción del problema a una oposición radical entre progreso y defensa del medio ambiente. Tal argumento ha sido ampliamente utilizado por el gobierno, acusando a los opositores de ser enemigos del progreso y la modernización del país. En segundo lugar, porque contribuye a la atomización de las luchas sociales, escindiendo las propuestas de “desarrollo sustentable” de la necesidad de una modificación profunda del modelo económico predominante.
Por lo mismo, enfocar la crítica de los mega-proyectos mineros y energéticos desde la perspectiva de las relaciones sociales de producción que promueven implica, inicialmente, desentrañar el modo en que contribuyen a la reproducción del actual modelo. Los proyectos carboníferos en Isla Riesco, por ejemplo, buscan satisfacer la demanda de combustibles de una serie de centrales termoeléctricas del Norte Grande. Además, junto a Central Castilla e Hidroaysén (hidroeléctrica), entre otras, dichas centrales buscan responder a la “crisis energética” que actualmente experimentaría nuestro país. Sin embargo, lo que los datos duros demuestran es que la necesidad de ampliar la matriz energética en nuestro país no responde a los requerimientos del ciudadano común, sino a los de la gran minería. Esto es algo reconocido por la misma transnacional Endesa, una de las accionistas principales de Hidroaysén, cuando en 2005 declaró que “con la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros, la tasa de crecimiento de la demanda en el período 2008-2017 se sitúa en torno al 6,8%”.
Al hablar de la gran minería, el lugar central lo ocupa evidentemente la industria cuprífera. La Comisión Chilena del Cobre ha estimado que para el presente año la libra de cobre alcanzará el valor de US$ 4,17, aumentando en un 21,9% con respecto a 2009. En términos económicos reales, esto implica que el precio del cobre alcanzará este año el valor más alto de su historia. Por otro lado, y según datos de septiembre de 2010, el 61,5% de la gran minería del cobre se encuentra actualmente en manos de empresas transnacionales. Estas mismas han suscrito, a comienzos de año, un acuerdo con el ministro Golborne para prolongar la invariabilidad tributaria a cambio de un leve aumento impositivo en los próximos dos años; aumento que de ningún modo se acerca a las ganancias que dichas empresas, encabezadas por BHP Biliton, percibirán gracias al explosivo aumento de los precios del cobre. Por otro lado, el 38,5% de la producción cuprífera nacional que pertenece al Estado permitirá a este recuperar un superávit fiscal de enorme importancia. Sin embargo, según lo indicado por el gobierno, un amplio porcentaje de estas ganancias se destinarán a comprar activos financieros emitidos por países desarrollados. Tal es el objetivo del denominado Fondo de Estabilización Económico Social (FEES).
Es decir, hoy en día los grandes proyectos mineros y energéticos no sólo están dañando nuestro medio ambiente, lo cual de por sí es de extrema gravedad, sino que también están nutriendo las arcas de grandes empresas transnacionales y financiando el déficit financiero con que funcionan las mayores economías mundiales, principalmente Estados Unidos. La inexistencia de una política minera y energética destinada a garantizar el bienestar del pueblo chileno, ha transformado la explotación de nuestros recursos naturales en parte del engranaje destinado a reproducir el poder del capital financiero internacional.
Por lo mismo, las luchas en contra de los nuevos proyectos mineros y las grandes termoeléctricas e hidroeléctricas no es un asunto exclusivo de “hippies” y “ecologistas”, como muchos pretenden. Una oposición efectiva a ellos demanda una mirada de fondo al problema central: el modelo económico capitalista-neoliberal actualmente predominante. Es este el que impide adoptar una política minera y una política energética que incluya, respectivamente, la renacionalización del cobre y la inversión necesaria en la investigación y desarrollo que fomenten la producción local de energías limpias y renovables.
No existe un mercado de luchas en el que cada cual elija la que más le convenga. Un mismo objetivo aúna a quienes buscan mejorar la situación de los trabajadores, a quienes demandan una educación igualitaria, a quienes pretenden conformar una asamblea constituyente, a quienes buscan una transformación en nuestras relaciones con la naturaleza y a muchos otros que ansían una sociedad más justa. Y ese objetivo es la transformación de unas relaciones sociales de producción en que el medio ambiente y el hombre están sometidos a las necesidades del capital. El camino hacia esa meta es largo y difícil. Lo único claro es la necesidad imperiosa de que las luchas individuales se proyecten hacia un escenario mayor. Grandes problemas requieren grandes soluciones.
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Comentarios
01 de marzo
Que bien que por fin alguien sitúe el conflicto ambiental en términos que no sean puramente identitarios, sino que tengan una relación con la función de la historia y las relaciones sociales que se explicitan en las relaciones de producción. Yo creo que aun queda mucho por entender respecto al activismo ambientalista y como se ubica (como lucha) en las relaciones de producción. Proyectar las luchas individuales hacia un escenario mayor es la función de las protestas, hacer público y compartido un descontento. Pero esa proyección requiere, para ser pública y política, grados de experiencia compartida que permitan sentirse frente a una causa común. Creo que el movimiento ambientalista en Chile aún está lejos de provocar o visibilizar esa experiencia común para transformarla en un conflicto de carácter material, a excepción de lo que ocurre en las comunidades afectadas. Pero en los sectores urbanos, que son justamente donde más se puede adquirir caracter de fuerza política, los conflictos ambientales aun parecen ser la obra de personas con privilegios que juegan a defender los lugares bonitos que han visitado (como los «jipis con jeep del papá» que decía Calle 13 en Viña). Veo en esa diferencia de experiencias, junto con la invisibilidad de la monstruosidad contaminante y destructiva que los proyectos representan, una gran barrera para poder salir de la dicotomía progreso-medio ambiente.
En el caso medioambiental aún hay personas y grupos que resolverán sus desvaríos de protesta mediante mecanismos que siguen reproduciendo esas relaciones, y he allí mis dudas de poder aceptar cualquier protesta «solo por ser por el medio ambiente.» Para muestra un botón… Alguien comenta en este mismo portal ciudadano una entrada respecto a una protesta organizada justamente para oponerse a uno de estos megaproyectos (http://elquintopoder.cl/fdd/web/economia/opinion/-/blogs/de-plazas-concentraciones-y-consignas): «falta mencionar que el asunto se desvirtuó cuando la chica del megafono dijo q nos juntabamos en primer lugar para reclamar por el apoyo a la intendenta del biobio, por el transantiago y por isla riesco… » Eso es evidencia de que aun existe un «mercado de las luchas,» y que nos falta aun forjar creativamente un relato que las pueda unir sin que estén pegoteadas artificialmente, pero por sobre todo evitar que se resuelvan mediante los mismos mecanismos que las originan (es decir, el mercado y sus relaciones de explotación).
Saludos.
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04 de marzo
Muy buena columna y muy buena respuesta de Ivan. Un par de comentarios a Ivan:
Primero, Los conflictos ambientales «de elite» (el de los niños en jeep) es la excepción que ha adquerido notoriedad con casos recientes. Si haces una análsisis histórico de los grandes conflictos ambientales en Chile, realmente muy pocos. Nada mas que recientemente han adquirido más notoriedad. Los conflictos ambientales emblemáticos jamás han sido «peleados» por quienes defienden lugares de veraneo. (Ej, Ralco, Alumysa, Cascada, Pascua Lama). Cuidado con caricaturas que pueden dañar peleas y luchas muy verdaderas que estan muy alejadas de niños en jeep.Es más en chile gran parte de los debates ambientales se han enfocado a reclamar el control de recursos por parte de grupos privilegiados (ejemplo del agua, la pesca y la minería). Han sido movimientos muy importantes, de mucho esfuerzo, sudor, pelea verdadera. Ellos están muy, pero muy lejos de ser privelegiados.
Otra cosa. La explicación de los conflictos ambientales desde el materialismo histórico es sumamente estudiada!!!!!!!!!! Te invito a explorar al respecto. Toda la tradicion de ecología políca (principalmente la que se enseña en las escuelas de geografía de –aunque no lo crean– EEUU, ) es en gran parte una explicación materialista de los conflictos ambientales y las transformaciónes de la naturaleza.
Saludos desde el lejano sur.
Mariia.
04 de marzo
Estoy de acuerdo contigo en lo que dices respecto a la historia de los conflictos ambientales como la historia del control por los recursos, o la lucha contra la apropiación de éstos por parte, principalmente, de corporaciones privadas y multinacionales. Creo que ese es el marco en el cual situarlos con el fin de que sean visibles las comunidades que hasta ahora están invisibilizadas. Aun cuando no estoy al tanto de la literatura específica, si entiendo, por experiencias de otras personas, que el materialismo histórico es una fuente bastante fuerte en prestigiosas escuelas de geografía en Estados Unidos.
Una diferencia en el activismo medioambiental, es que en Latinoamérica ese activismo se da, históricamente, a partir de disciplinas académicas y profesionales del medio ambiente, mientras en EEUU gran parte de éste reside en el sistema educacional. Quizás por allí podría venir un elemento que ayude a visibilizar las luchas medioambientales como conflictos sociales más que como el «problema aislado.» Mi impresión es que poco a poco se va gestando una conciencia al respecto, pero creo que hay que seguir pensando en cómo los conflictos se resuelven como una totalidad política y no solo en un desgastante ciclo de luchas individuales.
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