HidroAysén y los límites de la institucionalidad vigente

 

Analicemos algunos de los elementos que hacen posible este proyecto y su aprobación por esta instancia gubernamental.

 

El proyecto es impulsado por dos empresas privadas que han adquirido gratuitamente del estado los derechos no consuntivos de aguas sobre dichos ríos, aguas que nos pertenecen a todos, pero que en virtud del Código de Aguas de 1981, y de la Constitución de 1980, permiten, en la práctica, su apropiación por privados.  A través de una ficción legal, si bien dichas empresas no son propietarias de las aguas, las que en teoría nos siguen perteneciendo a todos, lo son de la concesión otorgada por el estado, pudiendo enajenarlas a terceros.  Se trata como sabemos de empresas poderosas.  Solo Endesa concentra el 80% de los derechos no consuntivos de agua del país.  Su poder es tal, que el Congreso Nacional les aseguró en la reforma del Código de Aguas de 2005 la aprobación de una disposición transitoria que les garantizó exención del pago de patente por no uso de las aguas hasta el 2012.

 

Proyectos como el de HidroAysén obtienen del estado permisos ambientales sin considerar de manera efectiva la voz de las comunidades que afectan.  Así, a pesar de la reciente reforma a la legislación ambiental, la participación ciudadana sigue siendo un mero procedimiento formal en que las comunidades afectadas por iniciativas como ésta tienen nulo poder para incidir en las decisiones de los evaluadores públicos.  La legislación vigente sigue sin prohibir la negociación incompatible, permitiendo a los proponentes de grandes proyectos de inversión negociar fuera del proceso de evaluación de impacto ambiental acuerdos compensatorios que inhiben o distorsionan la participación ciudadana.  La legislación ambiental reformada permite, a su vez, el fraccionamiento de proyectos de un mismo proponente que están indisolublemente vinculados.  Así, en el caso de HidroAysén, la ley permite que el proyecto para la construcción de las cinco centrales en los ríos Baker y Pascua sea tramitado por la autoridad ambiental en forma independiente de la propuesta para la construcción de las líneas de trasmisión, la que tiene una extensión de más de dos mil kilómetros, afecta siete regiones, y entre 4 a 5 mil propietarios, incluyendo entre ellos comunidades mapuche, además de áreas protegidas, cuyo impacto ambiental acumulativo, por lo mismo, es enorme.

 

HidroAysén, además, es un ejemplo patético del centralismo aún vigente en el país a inicios del siglo XIX, en que el poder político, y el poder económico relacionado a este, sigue radicado en Santiago.  Las decisiones sobre el futuro de las regiones siguen siendo adoptadas por el poder central y no por quienes habitan en ellas.  Las autoridades regionales, como las que componen la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, son funcionarios públicos nombrados por el Presidente de la República en Santiago, y no por la ciudadanía regional.  En caso de materializarse este proyecto, HidroAysén no tributará en la región, sino lo hará fundamentalmente en Santiago.  Las centrales previstas en el se nutrirán de las aguas de la región, e impactarán significativamente a la vida de las comunidades locales, pero éstas no recibirán, salvo las compensaciones irrisorias para las ganancias que ellas generaran, beneficio alguno de ellos.

 

En los últimos días hemos sido testigos de la represión a quienes se han manifestado públicamente en rechazo a la aprobación gubernamental de HidroAysén.  Las marchas y movilizaciones públicas pacíficas convocadas por las organizaciones ambientales y ciudadanas en diversas regiones del país, incluyendo Coyaique, Concepción, Valparaíso y Santiago, entre otras, han sido brutalmente disueltas por las fuerzas policiales, siendo los manifestantes heridos o detenidos.  Ello al amparo de un Decreto Supremo de la dictadura, que data de 1983, y que permite restringir el derecho de reunión pacífica sin permiso previo, derecho básico reconocido en tratados internacionales de derechos humanos e incluso en la propia Constitución Política de 1980.  Así como de una práctica represiva sistemática de las policías, en especial de carabineros, que han sido toleradas por la autoridad.  También debido a que los delitos que cometen carabineros en contra de civiles en su actuar represivo siguen siendo competencia de justicia militar, la que los deja en la impunidad. 

 

 

Tal institucionalidad, como sabemos, se cimenta en una Constitución Política y en una legislación cuya reforma es casi imposible, por los elevados quórums establecidos para estos efectos.  Ello sobre todo teniendo en cuenta los obstáculos que el sistema electoral binominal establece para una representación política amplia, que incluya a todos los sectores de la ciudadanía en el Congreso Nacional, que es el órgano encargado de elaborar legislación que regula proyectos como HidroAysén.

 

Por lo anterior, que cabe hacer una reflexión sobre las estrategias que los movimientos ciudadanos venimos desarrollando ya por largo tiempo frente a iniciativas como ésta (Ralco, proyectos mineros, forestales, carreteros, entre otros) que afectan a comunidades, a pueblos y al medio ambiente; que nos son impuestas por el mercado, con el aval del estado. 

 

Frente a cada una de estas iniciativas hemos hecho uso de todas las herramientas legales existentes, incluyendo la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, recursos ante la autoridad administrativa, acciones ante los tribunales de justicia, por citar algunas, intentado por esta vía, con ingenuidad o ilusión, frenarlas.  Los resultados de estas estrategias, salvo contadísimas excepciones, son por todos conocidos.

 

No sostengo aquí que la ciudadanía, las comunidades y pueblos afectados por proyectos de inversión violatorios de derechos ambientales y políticos básicos no debamos hacer uso de dichas herramientas, sino que resulta imperioso pensar e impulsar otras estrategias complementarias que apunten hacia la remoción de las barreras institucionales que hacen posible iniciativas como HidroAysén.