El informe de la comisión fue aprobado por 41 votos a favor, 23 en contra y tuvo 12 abstenciones. La comisión investigo las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén encontrando importantes omisiones para sacar adelante el proyecto y detecto presiones indebidas ejercidas por ministros de estado a los seremis regionales de Aysén, para que no tomaran en cuenta las omisiones del estudio de impacto ambiental que presento la transnacional.
El tema de HidroAysén tiene muchas aristas y una de ellas son los derechos humanos, tema relevante en el Chile de hoy, dadas las proporciones de la intensión e intervención de un territorio que proyecta a sus comunidades a través de su capital ambiental.
La investigación que realizó la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados el año pasado, será tema directo en relación con el proyecto y su posible desafectación. El informe que preparó la Comisión deja muy mal a la transnacional y a la comisión evaluadora ante el formato utilizado para evaluar y aprobar el proyecto, considerando que hace algunas semanas el gobierno informó que, apenas termine el proceso eleccionario de noviembre, se reunirá el Consejo de Ministros para resolver los temas pendientes de HidroAysén, esto deja un manto de dudas de cómo el gobierno afrontará la problemática con dos alternativas: si da un paso al costado y deja la decisión final para el próximo gobierno o lo aprueba definitivamente a pesar de todas las irregularidades.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados, Ximena Vidal, envió hace unos días a su par de la comisión de Energía y Minería, Carlos Vilches, el resultado de la investigación realizada por la comisión, que aclaró las irregularidades cometidas, estableciéndose que el proceso esta viciado y que el proyecto nunca debió haber sido ingresado al Sistema de Evaluación, por haberse detectado en el estudio que presentó la transnacional falta de información sobre el proyecto, sus consecuencias sociales y económicas para la población del sector y la estrategia para suplir las debilidades del proyecto.
La comisión invitó a la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, a presentarse ante la comisión, con el fin que explique los motivos del retraso de la evaluación por parte del Consejo de Ministros ante los reclamos al proyecto y que además diera cuenta del proceso de evaluación del proyecto y explicase las irregularidades detectadas.
El informe de la comisión fue aprobado por 41 votos a favor, 23 en contra y tuvo 12 abstenciones. La comisión investigó las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, encontrando importantes omisiones para sacar adelante el proyecto y detectó presiones indebidas ejercidas por ministros de estado a los seremis regionales de Aysén, para que no tomaran en cuenta las omisiones del estudio de impacto ambiental que presento la transnacional.
El diputado Sergio Ojeda miembro de la comisión expresó, “que había llegado a la convicción que el proceder del Sistema de Evaluación Ambiental no fue el adecuado, permitiendo que el proyecto no fuese evaluado con la rigurosidad que se requiere y se exige en estos casos”. “Se omitieron las eventuales consecuencias negativas para la región de Aysén y sus comunidades”. Recalcó el diputado Ojeda en ese entonces, “no se debe permitir que el proyecto siga adelante, se estaría cometiendo un tremendo atentado a los derechos humanos”.
La falta de criterios profesionales con que ha actuado el gobierno ante el proyecto, informa la comisión, podrían ser catalogados como un “fraude a la ley”, al permitírsele a la transnacional tramitar de manera separada la generación y el transporte de la energía desde el sur de Aysén al norte del país. Cuando evidentemente se trata de un mismo proyecto.
La comisión llegó a las siguientes conclusiones: La construcción de HidroAysén está completamente fuera de norma y de orden. Se transgredieron tratados internacionales vigentes que priman sobre la ley común, no respetando la convención de Washington. No se utilizó el estándar internacional de un país miembro de la OCDE, con exámenes exhaustivos a la legalidad del proyecto y que además sean compatibles con los compromisos del país y sus relaciones internacionales. “No es posible continuar con el proyecto, si para su aprobación además de todas las irregularidades expuestas en la investigación, dejó de lado la opinión de las comunidades y no se respetaron los protocolos de evaluación”. “La aprobación de HidroAysén fue realizada de manera tan poco ortodoxa, que desató a lo largo de todo Chile un profundo malestar en la inmensa mayoría del país y no solo en Aysén, que pone de manifiesto el alto índice de desaprobación por el proyecto.
Finalmente la comisión recomienda, que debería tomarse en cuenta la participación ciudadana al evaluar y aprobar estos proyectos tan invasivos y definitivos. Que lo ocurrido no puede volver a suceder bajo ninguna circunstancia. Debe trabajarse en un proyecto de ley que permitan los plebiscitos locales y vinculantes, que garanticen los derechos ciudadanos de representación en las comisiones evaluadoras por parte de las comunidades afectadas y que mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, no debe permitírsele a la transnacional continuar con los trabajos de prospección que ha estado realizando desde hace meses en los ríos pretendidos sin los permisos correspondientes. El protocolo de trabajo utilizado por la transnacional, avalado por el gobierno, transgredió totalmente los derechos de las comunidades a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, numero 8 de la constitución vigente.
Comentarios
26 de diciembre
El problema es que l@s diputados suelen hacer todo para figurar y en este caso estuvo re bueno el informe, pero despues se lo enviaron a nadie….al menos a la ministra de 172 ambiente no le llego (segun ella). Asi de poco sirve tan valiosa pega.
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