Pasan lentas las jornadas por estos días en Patagonia. La naturaleza nos sorprende con sus impredecibles lluvias, fríos y sequías, y el cambio de hora impuesto por el centro desde Aysén al norte (Magallanes la hizo), no hace más que profundizar la sensación de que esta tierra está sujeta al arbitrio de decisiones que se adoptan allá lejos, sin tomar en cuenta su realidad. Y menos su futuro.
Las certezas climáticas del pasado son torpedeadas hoy por cambios de largo aliento, en un contexto global donde lo que menos permanece es la seguridad. Ya se ha demostrado que, aunque algunos insistan en que la variabilidad general no es más que señal de mega ciclos naturales, como especie hemos impactado el planeta y los ecosistemas de manera profunda. Siempre es posible que aunque arrasemos con todo en millones de años renazca la vida, pero ¿es eso éticamente justificable? ¿Destruir porque alguien o algo, en un futuro lejano, lo reparará?
«¿Existen recursos y ecosistemas en Chile sujetos a intervención a destajo, en circunstancias que son parte del patrimonio común? Es lo que uno entiende cuando la empresa informa que servicios públicos como la Dirección General de Aguas y Conaf, luego de consultar sobre la pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, les informaron que podían extraer todo el hielo que quisieran y pudieran (y eso es mucho, demasiado) siempre y cuando flotara en el mar.»
Y es así como nos informamos de diversas iniciativas enfocadas en extraer a gran escala recursos naturales de la región (minería, turba, luga, erizos, almejas), como ha sido siempre, con el fin de desarrollar actividades económicas, algunas de ellas incluso no muy tradicionales. Innovadoras diría un emprendedor.
El caso más reciente, conocido esta semana, el de la empresa Patagonice con las 500 toneladas de hielo glaciar que pretende extraer anualmente desde sectores de un área circundada por los parques nacionales Jorge Montt y Laguna San Rafael. Esta semana partirían con mil kilos, con su desembarque en Caleta Tortel. Mismo día en que se debiera realizar una sesión con el Concejo Municipal. Reunión no considerada previo a la controversia, si me atengo a la conversación que sostuve la semana pasada con el alcalde Bernardo López sobre este tema. Diálogo en el cual nunca mencionó, tampoco, el convenio que desde 2015 mantiene el municipio con Patagonice. Acuerdo desconocido, hasta hoy, por una mayoría de la comunidad.
Es muy probable que el revuelo que esta información de seguro alcanzará en los próximos días, se habría mitigado de haber hecho las cosas de forma distinta. De haber incorporado a la comunidad, abierta y transparentemente, desde un inicio. De recibir sus opiniones, sus dudas, sus temores, sus impresiones, y no que desde el rumor –y la lógica desinformación- los habitantes saquen sus propias conclusiones. Y elaboren juicios al respecto.
Se complejiza esto considerando el conocimiento que diversos organismos del Estado, si uno se atiene a la información pública, tenían de la iniciativa. Una idea que aprovecha un vacío legal sobre el destino de los hielos de origen glaciar, para avanzar en un extractivismo que se anunciaba desde hace mucho sobre los campos de hielo. Porque aunque sea en el mar, los hielos flotantes representan un aporte ecosistémico que es necesario evaluar. No hacerlo forma parte de la misma lógica que señala que “el agua de los ríos se pierde en el mar”. Algo bastante insólito considerando que a nivel global está más que establecida la importancia de las zonas estuarinas.
Sumemos la importancia paisajística del entorno glaciar, en una región cuyo principal activo económico para un turismo sustentable es su naturaleza en estado natural.
Para entenderlo es preciso revisar la propia Ley de Bases del Medio Ambiente, que señala la obligatoriedad de presentar estudios de impacto ambiental si hay «alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona«. Y también cualquier actividad que presente «localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar«.
Si esto se ha considerado o no, no es de conocimiento público aún. Algo que debiera responder el director de Sernatur y otros organismos con competencia ambiental. También, cuál será el aporte real del proyecto al desarrollo económico local, dado el convenio suscrito con la municipalidad de Tortel. Eso sí, un desarrollo sustentable de verdad. Donde sustentabilidad es también informar con tiempo a la comunidad. Y si de empleos se trata (no se sabe cuántos serían y de ahí las especulaciones), ello también pasa por cuidar lo que se tiene. Porque, aunque se vista de blanco y se disuelva en el mar, el extractivismo glaciar es extractivismo igual.
Un escenario bien complejo al abrir la puerta a corporaciones multinacionales e incluso Estados para que inicien una nueva carrera olímpica de depredación, como ya ha habido demasiadas.
Por ello la importancia de la Ley de Protección de Glaciares que duerme en el Congreso, más específicamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Una que para Aysén es fundamental.
¿Existen recursos y ecosistemas en Chile sujetos a intervención a destajo, en circunstancias que son parte del patrimonio común? Es lo que uno entiende cuando la empresa informa que servicios públicos como la Dirección General de Aguas y Conaf, luego de consultar sobre la pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, les informaron que podían extraer todo el hielo que quisieran y pudieran (y eso es mucho, demasiado) siempre y cuando flotara en el mar.
Así de simple.
Así de aterrador.
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