Recientemente fuimos testigos de un anuncio importante por parte de las autoridades: el cese de operaciones de la Fundición Ventanas de Codelco. Pero, ¿por qué esta determinación se relaciona con los derechos humanos?
Desde hace décadas las personas que habitan en Quintero-Puchuncaví han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pues se le ha vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que repercute directamente en su derecho a la salud y también se le ha afectado el derecho a la educación. Las personas adultas mayores y los niños, niñas y adolescentes han sido las más perjudicadas durante todos estos años. Hace solo dos semanas, la Delegación Presidencial de Valparaíso había informado durante la madrugada que se establecía una nueva suspensión de clases en Concón, Puchuncaví y Quintero debido al registro de peaks de dióxido de azufre.
El cese de la Fundición Ventanas parece ir en la dirección correcta, puesto que es una de las empresas responsables de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de azufre en la zona
Por lo demás, desde mayo de 2019 está pendiente el cumplimiento de la mayoría de las 15 medidas ordenadas en una sentencia de la Corte Suprema a diversos órganos del Estado por su responsabilidad en el deterioro ambiental con nefastas consecuencias para la salud de quienes viven en esta zona. En ese entonces, la Corte Suprema señaló que “la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente, suponen que la autoridad asuma un rol proactivo, disponiendo la realización de medidas de carácter preventivo, sin que baste, en caso alguno, la sola realización de acciones posteriores a los sucesos de intoxicación, pues ello implica una actuación tardía, en tanto se limita a abordar sólo el aspecto curativo de la atención sanitaria” (sentencia de la Corte Suprema, Rol 5888-2019, de 28 de mayo de 2019, Considerando Jurídico 26).
En ese contexto, el cese de la Fundición Ventanas parece ir en la dirección correcta, puesto que es una de las empresas responsables de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de azufre en la zona. Claramente una determinación así traerá repercusiones de diferentes sectores que deben atenderse, pero es innegable que cualquier medida que tenga por objetivo respetar los derechos humanos, es un avance importante.
Por otra parte, nos parece relevante destacar que este anuncio responde también a la lucha de años de organizaciones ambientalistas y de defensores y defensoras de la tierra y el territorio. Como sabemos, en muchos casos las personas defensoras ambientales han tenido que incluso sufrir amenazas por defender el medio ambiente y el derecho a la salud.
Desde Amnistía Internacional estaremos vigilantes. Es importante seguir avanzando en adoptar más medidas y que éstas involucren también a otras industrias que igualmente están destruyendo el medioambiente, especialmente a empresas de carácter privado. Es tiempo de hacer lo correcto y no escatimar esfuerzos en esta materia, pues no podemos seguir permitiendo que la degradación ambiental siga arrebatando a la gente sus derechos. Por ello, es fundamental que se vaya abordando también con medidas concretas la situación de otras zonas de sacrificio existentes a lo largo del país.
Por último, es importante que se cumpla el compromiso de que se respetarán los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la empresa porque, hay que recordarlo, los derechos laborales también son derechos humanos.
Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
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