Áreas silvestres protegidas: Avance o abandono

Hoy en día, es indudable para todos que el daño al medio ambiente es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial, debido al cada día más visible y acelerado deterioro de este, provocado por el crecimiento económico y demográfico de las naciones.

En este contexto, Chile es poseedor de una rica y diversa geografía natural, concentrando desde el desierto más árido del mundo hasta las más grandes reservas de agua dulce en el Sur Austral.

Nuestro país ha buscado resguardar grandes espacios geográficos (que llevados a números son 14.500 hectáreas lo que corresponde al 19.2% de nuestro territorio continental) creando leyes al respecto para su uso y manejo. Así la afectación de territorio como área protegida, sin duda, por todos los chilenos es considerado como un gran instrumento de gestión territorial que busca lograr una conservación a largo plazo de la biodiversidad y de todo su patrimonio natural y cultural asociado.

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¿Existe realmente verdadera preocupación del Estado de Chile por la protección del ecosistema nacional?, o ¿será que solo busca cumplir someramente con tratados internacionales firmados en pos de la protección del medio ambiente?

Hoy en día, la regulación normativa de las Áreas Protegidas es extensa pero carece de sistematicidad y coherencia, generando gran confusión e indecisión en la población respecto a la estructura institucional a cargo de la administración y gestión de las Áreas Protegidas, por su segmentación o compartimentalizacion en las distintas categorías de estas, quedando bajo la tuición y/o administración de organismos públicos tan diversos, como: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), Subsecretaria de Marina; o privados, como la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entre otros; cuyas atribuciones según sea el caso, son las de crear, supervigilar o administrar distintos tipos de áreas protegidas con objetivos muchas veces complementarios de conservación, que a lo menos debieran estar administrados coordinadamente, situación que está lejos de ser una realidad en Chile, a pesar de los intentos por crear una nueva institucionalidad «el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas» .

Otro punto a destacar es la bajísima asignación de recursos que el Estado de Chile destina a la conservación de las áreas silvestres protegidas las que al compararse con otros países de fuerte institucionalidad ambiental da lástima y vergüenza.

Solo a modo de ejemplo en Chile se asignan 1 dólar por hectárea de área silvestre protegida mientras que en Estados Unidos (sistema en el cual basamos nuestro intento de regulación e institucionalidad) asignan 50 dólares, en Costa Rica se asignan 30 dólares y en nuestro país vecino Perú se asignan 7 dólares por cada hectárea de área silvestre protegida.

En Chile se firman decretos supremos para la creación de parques los cuales claramente no pasan por un análisis del Ministerio de Hacienda por lo que no existe claridad ni lógica en la asignación de los recursos. Esto se traduce básicamente en que al final del día tenemos un incremento sustancial en la cantidad de superficie destinada a la protección mediante la figura de, Parques Nacionales, Reservas Forestales o Monumentos Naturales los cuales se encuentran sin recursos, sin la infraestructura correcta y sin funcionarios. En resumen sin inversión y en una condición de total abandono por parte del Estado. De la mano con la asignación de recursos existe un tema aún más sensible, “los cupos de funcionarios destinados a educar, proteger, mantener y velar por las áreas silvestres protegidas, (el cuerpo de Guardaparques de Conaf) no se recuperan, no incrementan y por condiciones naturales y obvias (como el paso de los años) no se mantienen”, dejándonos cada día más hectáreas por proteger, menos recursos, menos infraestructura y menos funcionario. Un área silvestre protegida que hace 15 años tenía 11 funcionarios para un promedio de 33 mil hectáreas hoy en día tiene 5 funcionarios de planta y dos o tres transitorios en verano (con suerte).

Lo cual me hace pensar…. ¿Existe realmente verdadera preocupación del Estado de Chile por la protección del ecosistema nacional?, o ¿será que solo busca cumplir someramente con tratados internacionales firmados en pos de la protección del medio ambiente?, ¿será el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP , que aún se encuentra en tramitación legislativa, precisamente resta aún aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, para posteriormente pasar a la discusión en sala por parte de los honorables senadores) una solución a la falta de institucionalidad establecida y a la baja asignación de recursos?

En lo personal no lo creo, creo que no existe una solución más clara que dar urgencia al Proyecto de Ley que crea un servicio nacional forestal (también llamada CONAF pública), pues esto daría validez a la Ley 18.362, otorgando un marco jurídico para sustentar el actual sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que posee infraestructura a nivel nacional, respeto institucional y un destacado desempeño en la función. Pienso que crear un nuevo sistema desechando uno antiguo y con trayectoria así como así no es la mejor opción pues, más que mejorar solo nos heredará los problemas de antaño, sin lograr avances sustanciales, ni nada más allá que un lapso de tiempo razonable para fallar.