Quienes han vivido mucho, los que cargan con la historia, saben que la vida tiene cierta circularidad. Que ciertas experiencias y situaciones tienden a reiterarse, independiente de la época y el lugar.
En los conflictos socioambientales ocurre similar. Las motivaciones por las cuales una comunidad se moviliza nunca son tan nuevas: salud, empleo digno, protección de la naturaleza, desarrollo a escala humana, un futuro sustentable. Y las prácticas de las actividades extractivas (privadas, estatales) también se repiten: publicidad corporativa, cooptación de organizaciones, promesa de un futuro esplendor, complicidad con tomadores de decisiones, ocultamiento de situaciones conflictivas.
Las recurrentes crisis ambientales y de empleabilidad en las faenas mineras en Aysén renuevan la discusión sobre su sustentabilidad. También, el debate sobre quién se hará cargo de los pasivos que deja un sector de alta intervención e impactos.
Ejemplos de ello hay muchos. Lo vimos en la región durante el conflicto por Alumysa e HidroAysén, y sabemos de su ocurrencia en múltiples territorios del país, antes y ahora: la salmonicultura en Chiloé, Celco y la contaminación del río Cruces, Mina Invierno en Isla Riesco son algunos de los casos que acá en el sur logro rescatar.
Pero a pesar de lo que se podría creer, esta no es una práctica exclusiva de países remotos y aún no desarrollados. También sucede en otras sociedades.
En su libro Colapso el investigador Jared Diamond, ganador del Pulitzer en 1997, relata la historia de la añosa represa Milltown en Montana, Estados Unidos, que fuera levantada en el área de explotación minera de Butte. Producto de su emplazamiento uno de sus efectos ha sido la constante dispersión aguas debajo de elementos contaminantes como arsénico, cadmio, cobre, plomo, zinc. Es el drenaje ácido de la minería.
Originalmente Milltown era propiedad de Anaconda Mining Company, la minera símbolo del proceso de nacionalización del cobre concretado por el gobierno del Presidente Salvador Allende en 1970. En 1976 la empresa fue adquirida por la petrolera ARCO y posteriormente por British Petroleum, en sucesivos cambios a la propiedad de la peligrosa central hidroeléctrica.
“Los científicos federales estatales recomendaron eliminar la presa y los sedimentos tóxicos acumulados, con un coste para ARCO de aproximadamente cien millones de dólares. Durante mucho tiempo, ARCO negó su responsabilidad sobre el arsénico de las aguas subterráneas de Milltown y sobre el cáncer en la zona de Milltown, financió un movimiento ‘popular’ en la cercana ciudad de Bonner para que se opusiera a la eliminación de la presa” reseña Diamond en la investigación que consigna lo ocurrido en los años 90 en el país del norte. No hace tanto, en realidad.
Si parecen conocidas estas prácticas es porque son similares a las que han utilizado diversas empresas extractivas instaladas desde hace décadas en Aysén. Muchas veces con el apoyo cómplice de algunas autoridades y funcionarios de diverso nivel. Fue lo ocurrido con la desaparición de dos trabajadores en 2017 en las operaciones de la Delia 2 de Cerro Bayo (de la canadiense Mandalay Resources). También con la contaminación en Alto Mañihuales por El Toqui (en aquella época de Nystar, hoy de la australiana Laguna Gold).
El 2018 cerró con movilizaciones de ex trabajadores de El Toqui, demandando oportunidades y seguridad laboral luego de la declaratoria de quiebra de Laguna Gold, el cierre de sus faenas y el despido de sus trabajadores. Todo en línea con los argumentos de la empresa de que sus problemas son, fundamentalmente, de corte económico.
A pesar de esta difícil situación, Laguna Gold mantiene desde octubre de 2018 aprobadas tres declaraciones de impacto ambiental para más de 300 prospecciones en las comunas de Lago Verde, Río Ibáñez y Coyhaique (Santa Teresa, Terrazas y Katterfeld, respectivamente), el 21 de diciembre recibió el visto bueno para la ampliación de la vida útil de la Mina Concordia y hace dos semanas ingresó una nueva declaración de impacto ambiental por unas 150 nuevas prospecciones, la cual fue acogida a trámite el 2 de enero de este año.
Similar ocurre con Cerro Bayo. En paralelo a las informaciones sobre la paralización de la compañía, Mandalay Resources tiene aprobada desde agosto de 2018 una declaración de impacto ambiental para rehabilitar la Mina Javiera, en las cercanías de Bahía Jara.
Estas señales no son las que se esperarían de empresas con incertidumbre sobre su futuro.
Desde el gobierno y algunos trabajadores se baja el perfil a esto, arguyendo que son proyectos sin certeza sobre su viabilidad, que el mercado de la minería así ha operado siempre. Que son, muchas veces, iniciativas que les permiten aumentar su patrimonio (una RCA aprobada forma parte del capital de una empresa) para así vender en mejores condiciones. O, lo peor de todo, simplemente para especular en los mercados donde se desenvuelven.
Todo esto es posible. Y por el hecho de serlo es necesario que las comunidades que han vivido sus impactos (laborales ayer y hoy, ambientales, sociales) tengan toda la información, el panorama completo. Los trabajadores en primer lugar, pero también el resto de la población.
Es bastante conveniente para los intereses de estas compañías que exista presión social para que sigan operando o puedan enajenar sus negocios para hacer caja. Más aún en momentos en que hay múltiples recursos legales y administrativos por irregularidades en la tramitación de estas iniciativas y las operaciones de Laguna Gold, Mandalay Resources y Equus Mining (en el área de Los Domos).
Las recurrentes crisis ambientales y de empleabilidad en las faenas mineras en Aysén renuevan la discusión sobre su sustentabilidad. También, el debate sobre quién se hará cargo de los pasivos que deja un sector de alta intervención e impactos. Al declararse en quiebra, cierta legislación existe con respecto de los compromisos con los trabajadores exonerados, ¿pero sobre su futuro laboral? Como en el caso de Chile Chico, ¿será nuevamente el Gobierno Regional y los municipios los que asuman la carga, redestinando recursos que de otra forma suplirían las necesidades de otras comunidades?
Y en términos ambientales, ¿quién se hará cargo de los relaves, de la infraestructura eventualmente abandonada? ¿El Estado, el municipio, la comunidad? Así ya lo hemos visto con la investigación sobre la destrucción de fósiles durante la construcción de un camino hacia El Furioso, de Cerro Bayo: eso ocurrió cuando la faena pertenecía a otra empresa han dicho desde la compañía, deslindando desde ya sus responsabilidades.
Sea así bienvenido 2019. Año nuevo, pero con prácticas viejas.
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