En enero de este año se conmemoró el 12° aniversario de la muerte de Matías Catrileo, joven mapuche de 22 años, estudiante de agronomía, que el día 03 de enero del año 2008 se encontraba participando de la toma del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, cuando fue alcanzado por un disparo que le perforó el pulmón, causándole la muerte minutos más tarde. Su asesino, de acuerdo al fallo judicial que se dictó en su momento, fue el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza.
«Los cambios que se han hecho aún no son suficientes. La adecuación de nuestra legislación a los estándares internacionales es el piso mínimo del cual el Estado tiene que partir. No basta con eso. Es necesario que se hagan esfuerzos por terminar efectivamente con la discriminación y criminalización del pueblo mapuche y de sus líderes.»
A partir de ese momento, el relato oficial que se intentó instalar para explicar la muerte de Matías, fue que había ocurrido en el marco de un enfrentamiento armado y que el cabo segundo había actuado en legítima defensa. Sin embargo, esta versión fue desestimada posteriormente por la justicia, que en base a la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI, determinó que las únicas balas disparadas en dicha oportunidad provinieron de armas policiales, y que una de ellas, percutada por una subametralladora UZI del cabo Ramírez, ingresó por la espalda del joven, perforó su pulmón izquierdo y le provocó la muerte. En el año 2010 el cabo Ramírez fue condenado por la Corte Marcial a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria, sin perjuicio que ya en el mes de enero de 2009 se le había concedido la libertad. La familia de Matías Catrileo ha señalado en reiteradas oportunidades que esta condena les pareció completamente insuficiente.
Casi 10 años después de los hechos que terminaron con la vida de Matías, el pueblo mapuche se enfrentó nuevamente a la desaparición violenta de uno de sus integrantes. El 14 de noviembre de 2018, en el marco de un operativo policial llevado a cabo por el llamado “Comando Jungla” de Carabineros en la comunidad de Temucuicui, el joven de 24 años Camilo Catrillanca es asesinado de un disparo en la nuca mientras conducía un tractor junto a un adolescente de 15 años. El presunto autor es el ex sargento de Carabineros Carlos Alarcón Molina. Él, junto a 7 imputados más, aguardan el inicio del Juicio Oral por el mismo caso, el cual fue pospuesto para el 2 de marzo de 2020.
Una diferencia entre ambos casos es la sede en la cual se llevó adelante el juicio. En el caso Catrileo, el autor del crimen fue procesado por la justicia militar, cuestionada por su falta de imparcialidad debido a que implicaba que la persona era juzgada por sus propios pares, lo cual podría influir en obtener una condena mucho menor a lo esperado. En cambio, los presuntos autores del homicidio de Camilo Catrillanca están siendo acusados y juzgados en la justicia ordinaria, por lo que está por verse si esto incidirá en una pena acorde con la gravedad del crimen.
Este cambio, que se concretó recién en 2016, implicó poner al día una deuda de larga data, tras la condena de Chile en la causa Palamara vs. Chile del año 2005 que se siguió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa oportunidad, la Corte condenó al Estado de Chile, entre otras cosas, a adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar. En otras palabras, la Corte consideró que los tribunales militares no contaban con la imparcialidad e independencia necesaria para juzgar este tipo de casos. Producto de esta condena, Chile modificó la competencia de la Justicia Militar radicando esa competencia en los tribunales ordinarios, impidiendo de esta forma que civiles en calidad de víctimas o imputados sean juzgados por tribunales militares.
Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos en nuestra legislación, lo que esperamos que contribuya a que en el caso Catrillanca se obtenga una condena más justa, las vulneraciones a los derechos humanos al pueblo mapuche persisten. En la década que separa las muertes de Matías Catrileo y Camilo Catrillanca hemos podido observar cómo a pesar de reiteradas recomendaciones de organismos internacionales, se insiste en la aplicación de la ley antiterrorista, como ocurrió en el caso de la machi Francisca Linconao y tantos otros. Seguimos observando malas prácticas de las fuerzas de orden, como ocurrió con el “montaje” que quedó al descubierto en el caso de la denominada operación Huracán. Todavía el pueblo mapuche sigue luchando por sus demandas por acabar con la discriminación de la que el Estado de Chile ha sido autor y cómplice durante décadas.
Por este motivo, desde Amnistía Internacional consideramos que los cambios que se han hecho aún no son suficientes. La adecuación de nuestra legislación a los estándares internacionales es el piso mínimo del cual el Estado tiene que partir. No basta con eso. Es necesario que se hagan esfuerzos por terminar efectivamente con la discriminación y criminalización del pueblo mapuche y de sus líderes.
A partir del 18 de octubre, la ciudadanía a nivel más amplio ha podido vivenciar una muestra de lo que el pueblo mapuche ha padecido durante décadas a causa de la violencia policial, lo que pareciera ser que ha generado una mayor cercanía con la causa mapuche, como lo demuestra la presencia de la Wenüfoye (bandera nacional mapuche) en múltiples manifestaciones desarrolladas a lo largo del país. Este acercamiento, sin duda, ha contribuido a una mejor comprensión de la importancia del respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país, sin distinción alguna.
Como Amnistía Internacional creemos que el proceso constituyente que vivirá el país es una oportunidad histórica para que el Estado de Chile realice los cambios necesarios tendientes a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos, cuales son las obligaciones de respeto y garantía de los derechos y libertades consagrados internacionalmente, junto con el principio de igualdad y no discriminación. Esperamos que el proceso constituyente que comienza nos permita avanzar en esa dirección, y en este sentido instamos a acoger la recomendación efectuada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y trabajar porque el proceso de elaboración de una nueva Constitución reúna las características de inclusión y transparencia que permitan asegurar la participación en ella tanto de los pueblos indígenas como de todos los demás sectores de la sociedad chilena.
Aún queda mucho camino por recorrer, pero ojalá en un futuro no tan lejano, episodios como el asesinato a manos del Estado de Matías y Camilo, sean solo un triste recuerdo en nuestra historia.
Por Patricio Trincado Vera y Andrea Muñoz Sims, activistas de Amnistía Internacional Chile.
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