Se está viendo que las medidas tomadas se transforman en una manera de evitar que las personas se manifiesten, especialmente por ciertas causas específicas.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en el país. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Una parte importante de la agenda reciente ha sido el anuncio del “Plan Paso a Paso” por parte del gobierno. Sin embargo, resultan todavía poco claros los criterios que determinan el cambio de un paso al otro. Particularmente, no queda claro si existen otros criterios adicionales a los informados y si habrá acceso público a los datos completos que permitan entender cómo se midieron. Esto es más preocupante dado que restricciones importantes, como la mantención del toque de queda nocturno, no siguen ningún criterio explícito, sino que quedan a discreción de la autoridad.
Esto es preocupante desde dos aristas. Por una parte, un relajamiento prematuro de las medidas de cuidado puede implicar un incremento de contagios, y ya vimos en el “peak” del que recién venimos saliendo, que esto no afecta a todas las personas por igual. Son las comunidades más empobrecidas y los hospitales que atienden esas comunidades las que se ven más afectadas, las que tienen mayores tasas de mortalidad y donde el personal de la salud se vio derechamente colapsado. Es fundamental tomar todas las medidas necesarias para no llegar a este punto nuevamente y asegurar el resguardo de la salud de toda la población por igual.
Por otra parte, se está viendo que las medidas tomadas se transforman en una manera de evitar que las personas se manifiesten, especialmente por ciertas causas específicas. Nos preocupó mucho recibir un relato de una mujer que estaba grabando fuera de su casa una manifestación a favor del retiro del 10% de los fondos de de las AFP, fue detenida por carabineros y gravemente maltratada, pese a contar con un permiso temporal de desplazamiento y estar justo afuera de su domicilio. Asimismo, vemos cómo una manifestación organizada en favor de la opción “rechazo” en el próximo plebiscito por una nueva Constitución, aparentemente fue incluso escoltada por carabineros con el argumento de que tenían permiso temporal. Por supuesto que las manifestaciones deben cumplir con todos los resguardos sanitarios necesarios, pero estas reglas deben estar claras y ser iguales para todas las personas, cualquiera sea la causa por la cual se manifiestan y, su incumplimiento, en ningún caso justifica un uso excesivo de la fuerza.
Terminamos este editorial una vez más planteando nuestra preocupación por la situación en Wallmapu. Las huelgas de hambre de 27 presos mapuche en Temuco, Angol y Lebu continúa. Hoy un tribunal de Temuco habría emitido una resolución que podría dar pie a alimentar forzadamente al machi Celestino Córdova, lo que resulta preocupante. Como señalamos en nuestra carta abierta la semana pasada, la alimentación forzada a una persona en posesión de sus facultades es injustificable, y en ciertas circunstancias podría constituir tortura. Asimismo, hemos estado dando seguimiento a la detención de 11 personas en el contexto de una protesta en el Registro Civil de Temuco. Las personas detenidas refieren haber sido maltratadas durante la detención, lo cual es aún más preocupante dado que entre las detenidas hay dos mujeres embarazadas, una en periodo de lactancia y otra en tratamiento médico. Llamamos a que se investiguen adecuadamente las alegaciones de malos tratos y que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar el resguardo de derechos y la salud de estas mujeres.
Por Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
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