Escribo esta columna con el alma en el tintero, un niño de 16 años fue empujado desde el puente Pío Nono con claras intenciones lesivas por parte de un funcionario policial. Los ecos populares sobre la violencia estatal han pervivido desde siempre, por la Matanza de Santa María, por los asesinatos orquestados a miembros de la Unidad Popular, la persecución política a comunistas, feministas, a toda disidencia en un orden institucional tan, y visiblemente, protegido por la burguesía nacional; y es que, alguna vez escuché que, para saber si un Estado era una dictadura o no, hay que ver cuánto de su presupuesto le entrega a las FFAA, porque una FFAA contenta, es una FFAA al servicio de los que tienen el poder. Irónico es, que el mismo día en el que se suspenden las Becas Chile, uno de los principales para el desarrollo humano de una sociedad, Carabineros abrió una licitación por 250 millones para adquirir regalos a los hijos de los miembros de su personal.
La insurrección popular está gestándose conforme aumenta el desconfinamiento, las poblaciones más vulnerables son también las más propensas a contagios, y dadas las condiciones del sistema de salud, son estas las que se enfrentan a las condiciones de subsistencia más difíciles, están muriendo los pobres, los migrantes, los perseguidos y perseguidas. Lo más potente de esto, de todo lo que está pasando, es que la calle se vuelve refugio del excluido, es la memoria de los 36 muertos durante octubre. En la nada han terminado los procesos institucionales, los lamentos de la comunidad internacional. En la nada quedó la supuesta acusación por Crímenes de Lesa Humanidad (CLH) a Piñera ante la Corte Penal Internacional.¿Existe un aparato judicial a la altura de las circunstancias?, ¿existe voluntad política para reformar las fuerzas de orden y seguridad?, ¿o están simplemente blindándose unos a otros?
Así, el año pasado en ocasión de la acusación constitucional a Mañalich, el penalista Kai Ambos, profesor de la Universidad de Göttingen, desestimó la responsabilidad de este por CLH debido a la voluntad de las autoridades por buscar a los responsables de los crímenes. Un CLH según el Estatuto de Roma (ER), debe cumplir con sus elementos contextuales, siendo exigible “sistematicidad, o generalidad”, como parte de un ataque, que consiste en la comisión múltiple de los actos del Art. 7 del ER, en un flujo ordenado eventos, hacia una población civil, y con conocimiento de dicho ataque. En este sentido, a la fecha de la emisión del informe por parte de Ambos (25.11.2019), es decir, solo a un mes de los hechos, los responsables sabían que la comunidad internacional observaba, desde entonces el gobierno se ha esmerado en crear un discurso público en donde se rechace la sistematicidad y/o generalidad precisamente para blindar al presidente de la República. Sin embargo, hoy en día, dicha sistematicidad, que se deduce por las acciones realizadas de forma metódica para implementar una política del Estado (que además no debe estar necesariamente formalizada y puede inferirse del contexto histórico y social amplio), se ve acentuada por una marcada impunidad, 1. Penas y sanciones irrisorias a las autoridades responsables, 2.Latente demora en los procesos jurisdiccionales, 3, Escasa legitimidad de las instituciones de orden público.
Lamentablemente la respuesta de la comunidad internacional siempre llega tarde, a veces muy tarde, pero ahora más que nunca se necesita una respuesta implacable de su parte. En las condiciones actuales, el restablecimiento de la democracia a través de una Convención Constitucional llevará a una pugna previsible por el liderazgo de las FFAA, y ante una inminente disminución en sus gastos, ellas resolverán cómo han resuelto en ocasiones pasadas. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿existe un aparato judicial a la altura de las circunstancias?, ¿existe voluntad política para reformar las fuerzas de orden y seguridad?, ¿o están simplemente blindándose unos a otros? No queremos más sangre derramada, queremos dignidad, queremos paz, pero no la de quienes tienen las armas. Queremos la del estudiante, del pensionado, de la profesora, de los músicos y artistas, de las arquitectas y constructoras, queremos una sociedad que recuerde. Sin justicia, no habrá paz.
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