En una entrevista concedida hace algunos días, el sacerdote jesuita Luis Roblero, capellán nacional de Gendarmería, señaló que «en Chile se encarcela la pobreza». Son las mismas palabras que, en enero de este año, la capellana Nelly León le transmitió al papa Francisco en su visita a Chile.
No es sano para Chile que los ciudadanos tengamos la sensación que los chilenos no somos iguales ante la ley
Cuesta mucho no encontrarles razón a esas afirmaciones a la luz del simple ejercicio de seguir las noticias judiciales de nuestro país. De cuando en cuando nos encontramos con procesos judiciales por delitos con evidente connotación perniciosa (cohecho, soborno, colusión, malversación de fondos públicos, encubrimientos), que para cualquier ciudadano resultaría indiscutible que merecen penas de cárcel, pero algo ocurre, algún acuerdo con fiscalía, algún acto compensatorio (devolución de dinero), alguna «reformalización», o sólo la simple aplicación de las penas que correspondan, que permite que los procesados no paguen con cárcel.
¿Qué tienen en común estos procesos? Que sus protagonistas forman parte de la «élite» chilena, ya sea la empresarial, política, uniformada o eclesiástica.
Simultáneamente, nos enteramos por la prensa que en procesos judiciales similares en otros países, los implicados reciben penas ejemplificadoras de cárcel. Ejemplos de esto último hay muchos.
No es sano para Chile que los ciudadanos tengamos la sensación que los chilenos no somos iguales ante la ley, y menos que determinado tipo de delitos, cometidos por determinado tipo de ciudadanos, tienen un tratamiento privilegiado que les permite sentencias favorables. Corregir esto no es fácil. Se dice que «el poder protege al poder». Pero es una tarea ineludible de todas nuestras autoridades trabajar en este tema.
Comentarios