Justicia para el gato Jemino

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De la mano de un gato me llega la explicación de por qué estamos como estamos y legítimamente puedo preguntarme si, ya que en estas instituciones no pueden con un gato hediondo, ¿a quién debe recurrir un ciudadano común y corriente en caso necesario para defenderse de una amenaza real?

Ha llegado a su término un caso judicial insólito. En el sector Las Higueras de la comuna de Talcahuano vive la señora Trinidad Cáceres acompañada de su gato “Jemimo”. Los vecinos se quejaron de malos olores culpando al gato y denunciándolo ante la Seremi de Salud. Después de olisquear el interior del domicilio y sus alrededores los sabuesos concluyeron que la fuente de malos olores era el gato Jemimo. (De allí en adelante se le conoció en medios locales con el mote de “el gato hediondo”, sin que a la fecha se registren denuncias por discriminación o bulling de parte de la comunidad felina del sector.)

La Seremi de Salud dictó, entonces, sentencia y notificó con fecha 26 de diciembre de 2012 a doña Trinidad que su amado Jemimo debía hacer abandono de su actual de residencia en un plazo de 24 horas. Trinidad, con el apoyo legal de la Corporación de Asistencia Judicial presentó un recurso de protección en contra de tal medida en la Corte de Apelaciones. Los jueces rechazan la apelación y fallaron (nunca mejor empleada la palabra) a favor de la Seremi de Salud, representada en tal acto jurídico en contra de un gato nada menos que por el Consejo de Defensa del Estado.

Trinidad recurrió entonces a la Corte Suprema que acoge su petición y dictamina que “no constando que la autoridad administrativa tenga facultad legal para disponer “reubicar” al animal de la recurrente, sin perjuicio de las sanciones que se pueden imponer por infracciones acreditadas en un proceso previo y legalmente tramitado, la actuación deviene en ilegal y procede acoger el recurso en cuestión por haber infringido la garantía consagrada en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República al imponer obligación no prevista”.

En resumen, Jemimo se queda en casa para felicidad de Trinidad ya que, según el máximo Tribunal de Justicia del país, la Seremi de Salud no tiene facultades legales para emitir una resolución de “reubicación” y además contraviene una garantía constitucional.

Y aquí es donde está el tema de hoy: esto no lo sabían ni en la Seremi, ni en la Corte de Apelaciones ni en el Consejo de Defensa del Estado, o, al menos, actuaron como si no lo supieran. Más allá de Jemimo y su probable pestilencia lo preocupante es ese inconfundible tufillo a tonto que rodea este caso. De la mano de un gato me llega la explicación de por qué estamos como estamos y legítimamente puedo preguntarme si, ya que en estas instituciones no pueden con un gato hediondo, ¿a quién debe recurrir un ciudadano común y corriente en caso necesario para defenderse de una amenaza real?

Tampoco puedo dejar de preguntarme cómo es que tamaños incompetentes llegan a sus puestos sin siquiera saber las garantías constitucionales, no las del gato, la de los ciudadanos (aclaración para ellos, por cierto). ¿Conocerán cuáles son las mías? ¿Se habrán detenido a pensar por un segundo cuando redactaban sus escritos?

Razón parte de la opinión pública al considerar peligrosas las calles. Hay demasiados animales sueltos.

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