Por estos días la elección del nuevo fiscal nacional ha marcado la agenda. El presidente Gabriel Boric ha elegido a José Morales de la quina presentada por la Corte Suprema. Ahora, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución Política, corresponde al Senado ratificar o no dicho nombramiento.
Para esto, es necesario, entre otras cosas, reforzar a los equipos que llevan adelante investigaciones de derechos humanos, mejorar los instructivos y robustecer las capacitaciones referentes a las obligaciones que tiene el Estado de Chile en estas materias
Desde Amnistía Internacional queremos señalar que en el centro de la discusión respecto al nombramiento del nuevo Fiscal Nacional debe estar el cumplimiento de los estándares de debida diligencia respecto de las investigaciones de los graves abusos cometidos por agentes del Estado durante el periodo del estallido social. Estas investigaciones deben buscar esclarecer los hechos e identificar a todas las personas responsables para que los tribunales puedan establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Entre los estándares que deben cumplir los Estados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea especialmente los principios de oficiosidad, exhaustividad, oportunidad, independencia y efectividad.
Por cierto, estas investigaciones deben considerar no sólo a quienes apretaron el gatillo sino también a toda la línea de mando. Esto debido a que estando tales personas en una posición de superior jerárquico, habrían, como mínimo, ordenado tácitamente o consentido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos. En nuestros informes hemos pedido la investigación de los mandos estratégicos de Carabineros, al menos de los entonces General Director, General Subdirector y Director de Orden y Seguridad. Creemos que ha llegado el momento de que la Fiscalía pueda decidir si existe mérito para su formalización y que la justicia avance.
Recordemos que a tres años del inicio del estallido social el panorama no es el mejor. En muchas investigaciones ha existido una demora excesiva en las diligencias para esclarecer los hechos. Por otra parte, de las 10.831 personas que denunciaron violaciones a los derechos humanos, según datos de la propia Fiscalía Nacional se reportaron 75 formalizaciones por diversos delitos cometidos por agentes del Estado y 16 casos con sentencias condenatorias. Por tanto, solo tenemos un 0,1% de condenas en relación al total de denuncias. Es, sin duda, un escenario de mucha impunidad.
En este marco, el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional del Ministerio Público constituye una gran oportunidad para que Chile cambie el rumbo y efectivamente avance en el camino de la verdad, justicia y reparación. Para esto, es necesario, entre otras cosas, reforzar a los equipos que llevan adelante investigaciones de derechos humanos, mejorar los instructivos y robustecer las capacitaciones referentes a las obligaciones que tiene el Estado de Chile en estas materias. Para todo ello, el rol del fiscal nacional es trascendental y esperamos que su hoja de ruta tenga presente la lucha contra la impunidad.
Comentarios