“Si me devuelven a mi hijo muerto, yo también me mato”, finaliza de forma certera la madre de un reo de 29 años, condenado por robo desde 2007, quien padece de esquizofrenia diagnosticada y constatada en juicio, recibe 12 pastillas al día sin control alguno y cumple condena en la ex penitenciaria (uno de los recintos penales con mayor sobrepoblación y peores condiciones sanitarias en el país).
En efecto, si bien el código procesal penal en su art. 457, en lo referente a los inimputables por enajenación mental señala que “en NINGUN caso la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un establecimiento carcelario”, a la luz de los hechos, podemos constatar que lamentablemente la realidad es otra.
En la actualidad, y a partir de la entrada en vigor de la reforma procesal penal, en el papel se cuenta con un procedimiento con todas las garantías del debido proceso para el enajenado mental a quien se atribuye la comisión de un delito y respecto de quien se solicita la aplicación de una medida de seguridad, no obstante aquello basta con darse una vuelta por cualquier recinto penitenciario del país para constatar que la normativa por regla general, es letra muerta.La gran mayoría de los inimputables por enajenación mental terminan en recintos penitenciarios, vulnerando con ello la norma expresa que prohíbe aquella situación
Si nos adentramos en las estadísticas disponibles, es posible constatar que solo se cuenta con dos recintos hospitalarios especializados que reciben población sujeta a medidas de seguridad: el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak –dependiente de la Universidad de Chile- y el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, de Putaendo, los cuales en su conjunto no logran superar las 150 camas disponibles.
¿Qué consecuencias practicas podemos sacar de las estadísticas disponibles?
- A nivel nacional las camas disponibles no logran superar las 150 en circunstancias que según los datos de Gendarmería de Chile hay sobre 700 enfermos psiquiátricos, sin contar la Región Metropolitana.
- La gran mayoría de los inimputables por enajenación mental terminan en recintos penitenciarios, vulnerando con ello la norma expresa que prohíbe aquella situación.
- En las cárceles no se cuenta con los profesionales especializados, ni con los espacios necesarios, ni muchas veces con las medicinas para llevar adelante los tratamientos que la población penal requiere. Esto muchas veces lleva consigo el agravamiento de los cuadros psiquiátricos culminando en agresiones hacia terceros como también, en casos extremos, en suicidio.
- El estado de Chile pasa por alto el deber de proveer los establecimientos dignos y aptos para el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Hoy en día se vuelve urgente generar un conjunto de medidas -de corto, mediano y largo plazo- que vayan más allá de una mesa de “expertos” en el área, y pongan el acento en remediar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de un grupo en demasía vulnerable.
A fin de cuentas, las sociedades se definen por como tratan a sus grupos más marginados. La nuestra, a la luz de los hechos, dista mucho de ser la copia feliz del edén.
Comentarios
19 de enero
Que triste realidad.
+1
10 de marzo
Chile a seguido siempre la postura latinoamericana respecto a la situación carcelaria, el sistema ha creado verdaderas ciudadelas al interior de las carceles, ciudadelas donde se replican las mismas condiciones de sus ciudades, son al fin y al cabo mundos bizarros de desorden, caos, violencia y abandono. No sé porque no hay voluntad para reinventarse un nuevo sistema carcelario, nuevas formas de ver el problema, nuevas formas de recuperar personas y sobre todo establecer disciplina en lo que hoy es la ley de la selva. Hay miedo en nuestros gobernantes de enfrentar este y otros múltiples problemas, estan mirando que opina fulanito, que opina tal o cual colectivo ideológico antes de hacer algo, no vaya a ser cosa que el asunto le estalle en la cara.
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