Pero los detenidos que entraron al Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso escoltados por dos funcionarios de Gendarmería esa mañana de lunes, no eran más que vendedores callejeros de sopaipillas que no tuvieron dinero para pagar la multa que les cobró la municipalidad. Ése era su delito, ser pobres.
La imagen de dos hombres jóvenes esposados, con un estigmatizador chaleco amarillo, dando pasos tan cortos y arrastrados como se lo permitían los grilletes que tenían amarrados a los pies, bien podría corresponder a delincuentes de alta peligrosidad, dispuestos a disparar a quien se le cruzara por delante o a tomar rehenes como en la más taquillera película de acción.
Pero los detenidos que entraron al Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso escoltados por dos funcionarios de Gendarmería esa mañana de lunes, no eran más que vendedores callejeros de sopaipillas que no tuvieron dinero para pagar la multa que les cobró la municipalidad. Ése era su delito, ser pobres.
Su historia se evidenció cuando la suegra de uno de ellos reclamó a viva voz por la situación de su yerno (que no tenía antecedentes penales), entre sollozos de impotencia y angustia, que logró transmitir a quienes se encontraban en el juzgado y le respondieron con ejemplos de privilegios como los de los ejecutivos de La Polar, de la leche ADN o de las farmacias coludidas, cuando ella aseguraba que “en este país no hay justicia para los pobres”.
A los que cometen una falta al no poder pagar una multa los humillan, vigilan y castigan sus cuerpos; pero a los delincuentes de cuello y corbata, la vara con que se les mide es bastante más benevolente.
Mientras los que venden CDs en la calle terminan muriendo quemados en la cárcel de San Miguel, a los violadores de DDHH se les construye un recinto especial desde donde incluso pueden organizar actos de homenaje al dictador.
Una justicia para los ricos y poderosos, y otra para los pobres y desaventajados.
¿Será que en el “dar a cada cual lo suyo” –lo justo-, la justicia no logra ser ciega (condición que le permitiría resolver los conflictos de manera objetiva e imparcial) y se corre la venda que le cubre los ojos para mirar la condición socioeconómica al momento de sentenciar?
Dado que el acceso a la justicia se constituye en un derecho fundamental en el que se construye una sociedad democrática, las restricciones (y humillaciones) que en la práctica sufren los grupos más vulnerables no contribuyen a no repetir en el juicio las desigualdades presentes en la sociedad.
Si esperamos que la justicia no siga discriminando y efectivamente tenga un impacto sobre la igualdad, ya es hora de abrir las esposas y soltar los grilletes de los que cometieron el delito de ser pobres.
* Entrada publicada originalmente en El Mercurio de Valparaíso.
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Foto: Marisol Aguila
Comentarios
27 de agosto
El delito de ser pobre se paga en una cárcel para pobres, no debe extrañarnos ocupar el tercer lugar a nivel mundial en población penal, teniendo un estado incapaz de cautelar los derechos humanos, por el contrario, se empeña en violarlos sistemáticamente, crea el negocio de las cárceles, la consesionadas.
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28 de agosto
A diario nos encontramos con una discriminación fáctica en nuestra sociedad que parecen confirmar que los pensamientos de la ilustración, donde el principio de igualdad ante la ley y la no anticipación de la pena (o castigo social), no han sido expresados claramente por las autoridades políticas en estos más de 200 años de nuestra historia.
Esta afirmación se confirma con el trato degradante que se realiza, por todos, al que dentro de su nivel social, que lo cataloga como pobre, busca un sustento para su familia, en base a la compra venta de lo que le alcanza para comprar y luego vender, ese que tiene que huir arrastrando lo que compra para vender, ese que tiene que estar atento al asedio policial porque no puede pagar una patente municipal, ese que no tiene un domicilio apto para que se apruebe esa patente comercial, ese que por el trabajar debe actuar como delincuente. Esta afirmación se sustenta en las voces que encuentran que el término de la delincuencia es el aumento de penas y que el trato vejatorio y criminal es adecuado para quienes reclaman por una educación digna, por una educación que les dé oportunidades de salir de la pobreza, por un recinto educacional de baños limpios, por un recinto educacional, dependiente del municipio, donde las necesidades básicas deben esperar llegar a casa o soportar el asco y riesgo de infecciones porque fue imposible mantener la decencia para una necesidad básica y fundamental de todo ser humano.
La discriminación por ser pobre no sólo produce un daño emocional al discriminado, sino lo que es peor aún, genera los gérmenes de rabia, desánimo, desencanto e incredibilidad en cada una de las instituciones del Estado, lo que consecuentemente genera una mayor polarización del país ya no por ideas políticas sino que por índices de riqueza.
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30 de agosto
No tengo mucho que agregar salvo que tu análisis me pareció verdadero y justo, algo que vemos diariamente.
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