El apologético “Yo acuso” de Emile Zola fue una defensa pública de un caso de injusticia que tenía implícita la discriminación social. La situación judicial que está viviendo el periodista y escritor nacional Javier Rebolledo también implica una violenta diferenciación, no social, sino política e ideológica.
La dictadura cívico militar instaurada a partir del Golpe de Estado de septiembre de 1973, estableció un sistema de gobierno de facto que violentó los derechos humanos de miles de chilenos, a través de múltiples formas; a saber, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, exilio, relegamiento, despidos laborales injustificados, etc. Lo anterior, está reconocido y evidenciado primero en el Informe Rettig que realizó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada por el ex Presidente Patricio Aylwin, y más tarde refrendada y completada por el Informe Valech, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada a instancias del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.El trabajo periodístico de Rebolledo, cual paradoja, es un aporte para la memoria chilena y una necesidad permanente de impedir el olvido que los sectores de la elite propugnan.
Los responsables políticos y materiales de las violaciones de los derechos humanos han sido sometidos a la justicia, excepto a los cuales los favoreció la amnistía, y durante años hemos sido testigo de la encarcelación de algunos de ellos.
La justicia ha sentenciado a cientos de estos sujetos, por ende, se asume que todos los presos que cumplen condena por violaciones de los derechos humanos, son culpables ante la sociedad chilena y sus instituciones; por lo tanto, su identidad, imagen, y los delitos por los cuales fueron culpabilizados son de conocimiento público, no son secretos.
En relación al procesamiento judicial que autorizó la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del periodista Javier Rebolledo, estimamos que es una aberración jurídica, ya que mencionar, citar, o difundir los crímenes de una persona presa y condenada por crímenes de lesa humanidad no es en ningún caso un delito.
En consideración a lo anterior, declaramos lo siguiente:
Primero: La libertad de prensa debe ser absoluta, y no depender de los poderes establecidos formalmente ni menos de poderes fácticos. Enjuiciar a un periodista es vulnerar el libre derecho de la comunidad a informarse.
Segundo: La memoria de nuestro pasado, en particular de este periodo trágico y desgraciado, el Chile bajo la dictadura, debe ser transparentada, y no puede sumarse al listado de casos que el tiempo y la desmemoria los ha llevado al olvido colectivo. El trabajo periodístico de Rebolledo, cual paradoja, es un aporte para la memoria chilena y una necesidad permanente de impedir el olvido que los sectores de la elite propugnan.
Tercero: Los violadores de derechos humanos que cometieron crímenes de lesa humanidad, no son víctimas, sino que son, y así lo ha dictaminado el Poder Judicial en un debido proceso; asesinos, torturadores y violadores que amparados en el poder del Estado cometieron atrocidades que indignan la conciencia humana, ellos no son las víctimas, son los victimarios.
Cuarto: La sociedad chilena necesita conocer los detalles de las violaciones, de las torturas, necesitamos la verdad, para asumir nuestro pasado histórico, de lo contrario nuevamente la impunidad extenderá el tupido velo del olvido.
En conclusión, los integrantes de la Sociedad de Historia sentimos la obligación moral de respaldar los trabajos de investigación periodística que ha realizado Javier Rebolledo, impugnamos la decisión judicial que ha tomado la Corte de Apelaciones y repudiamos la querella por injurias en su contra realizada por el violador de los derechos humanos Raúl Quintana Salazar, y esperamos que el periodista Javier Rebolledo no termine encarcelado en forma injusta como Alfred Dreyfus hace más de un siglo.
Sociedad de Historia de San Antonio
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