Despenalización del aborto

Mientras hace un par de semanas, nuestro Senado cerraba rápidamente la puerta a la sola idea de legislar sobre tres mociones que admitían la interrupción voluntaria del embarazo, tribunales superiores de justicia de países de la región han sentado en recientes meses importantes precedentes en cuanto al reconocimiento de nuevos supuestos de aborto no punibles.

La Corte Suprema argentina, en el mes de marzo confirmó por unanimidad el dictamen de un tribunal provincial que había autorizado la intervención abortiva practicada a una menor de quince años que había sido violada por su padrastro, pese a que el código penal trasandino sólo permite el aborto en los casos de peligro para la vida o la salud de la madre y violación cometida contra una mujer con discapacidad mental.

No obstante, los magistrados del caso consideraron que la pretensión de exigir a toda otra víctima de un delito sexual, distinta a la mujer demente, llevar a término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, implicaría establecer una distinción irrazonable a la luz de los principios de igualdad, no discriminación y respeto de la dignidad humana.

Los jueces priorizaron una interpretación amplia del supuesto normativo, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al Derecho Penal como última ratio del ordenamiento jurídico, puesto que una exégesis en sentido contrario incrementa sustancialmente el alcance del castigo penal y niega, a toda otra víctima de una violación que se encuentre en esa situación, el derecho de acceder a esta práctica.

Mención aparte merece la paradigmática sentencia pronunciada por la corte constitucional de Colombia, en el mes de febrero, que denegó una solicitud de nulidad sobre el aborto practicado a una mujer cuyo embarazo implicaba grave riesgo para su integridad psíquica. El tribunal colombiano elevó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al rango de derecho fundamental, dentro de la categoría de los derechos reproductivos.

Ahora, volviendo la mirada sobre nuestro país, resulta desolador constatar no sólo que nuestra legislación se ubica en las antípodas de las modernas tendencias jurisprudenciales, sino que nuestro Senado ha hecho oídos sordos a las observaciones formuladas por organismos internacionales instituidos por tratados ratificados y vigentes en Chile, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas, quienes han señalado que aquellos Estados parte que penalizan el aborto deben modificar su legislación.

Esto último resulta preocupante, puesto que dicha situación puede comprometer la responsabilidad internacional de nuestro país frente al ordenamiento jurídico supranacional, teniendo presente que hace apenas un mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por unanimidad responsable al Estado de Chile por la violación de los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vida privada, a ser oído y la garantía de imparcialidad en el caso de la jueza Karen Atala, condenándolo a reparar a las víctimas de diversas formas.

Es imperativo avanzar desde una legislación anquilosada y miope ante un tema de alta gravedad y trascendencia social (somos uno de los cinco países en todo el mundo donde el aborto es punible sin excepciones) hacia un régimen en el que sea el Estado, como garante de la salud pública, quien tenga la obligación de poner a disposición de aquellas mujeres que lo soliciten, y en cuyo caso concurran las circunstancias que habiliten para ello, las condiciones necesarias para llevar a cabo de manera rápida, accesible y segura la interrupción del embarazo.

Imagen: Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. 28 de septiembre de 2009. Santiago, Chile. Por Colectiva Mujeres Públicas, en Flickr.