¿Debido proceso? La realidad de los ciudadanos presos en contexto de protesta

La protesta es un derecho humano y fundamental, consagrado en el art.19 N°13 de nuestra actual constitución y en diversos tratados internacionales.

La mayoría de las personas que pasaron por prisión preventiva y de los que aún están bajo esta cautelar, a raíz de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, son jóvenes, muchos con irreprochable conducta anterior, y de nivel socioeconómico medio a bajo, una tendencia ilustradora del uso de esta cautelar en este contexto

Muchos de estos imputados han sido sometidos a procesos viciados, alegan detenciones ilegales, pruebas manipuladas, cautelares decididas con bajo nivel de convicción (con señas de, casi, arbitrariedad), lentitud del proceso para llegar a juicio oral, y abuso de las salidas alternativas bajo acuerdos con fiscalía poco beneficiosos para los imputados, con, incluso, presiones para declararse culpables de delitos que aseguran, no cometieron.

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Muchos de estos imputados han sido sometidos a procesos viciados, alegan detenciones ilegales, pruebas manipuladas, cautelares decididas con bajo nivel de convicción, lentitud del proceso para llegar a juicio oral

¿Prisión preventiva por romper un torniquete? ¿prisión preventiva por más de un año por desórdenes públicos? Bajo contextos normales es dudoso y casi inexistente ver una medida cautelar tan gravosa para los delitos señalados. Sin duda hay un uso abusivo de esta cautelar, esto evidencia la utilización represiva de esta medida. Es, acaso, ¿una medida política para reprimir la articulación social en contra de este sistema?

Puede discutirse si se trata de prisión política o no, lo que no puede discutirse es la existencia de violaciones a los derechos de los imputados, la vulneración al debido proceso. Desde las detenciones ilegales efectuadas en operativos policiales muy mal coordinados, dudosos en su origen y llevados a cabo sin la legalidad que exigen, hasta los procesos ya más avanzados en que ha existido utilización de prueba manipulada, obtenida de forma poco clara y transparente (donde se acusa, incluso, torturas para conseguir declaraciones) y demora excesiva para llegar a juicio oral.

Muchos sectores han querido ignorar este grave problema que aflige a nuestro país. Pero lo cierto, es que sea del sector que sea, esto es un problema feroz que, mientras unos tratan de solucionar -a su manera- otros tratan de ocultar. Mi llamado es a que, todos juntos, debemos emplazar a los poderes del Estado -en especial el ejecutivo, el principal responsable- para que desenreden esta cuestión y colaboren entre sí. No es posible que haya personas con cautelares tan gravosas teniendo irreprochable conducta anterior, con poco estándar de convicción y por delitos poco acostumbrados a estas medidas. Mi pregunta es, ¿seguiremos haciendo oídos sordos y ojos ciegos a este problema? ¿ignoraremos que se han vulnerado derechos fundamentales y humanos? ¿Qué pasara con las personas que sean, después de tanto tiempo, declaradas inocentes? ¿Quiénes les repararan el estigma que se formo sobre ellos, quienes les devolverán el tiempo perdido, quien les devolverá el dinero que sus familias gastaron en defensa jurídica, quienes compensaran el tiempo que esa persona dejo de ser sustento para su familia?, peor aun, ¿Qué pasara con quienes sean declarados culpables de los delitos acusados con un proceso destacado por faltar a las garantías mínimas?

Esto es urgente, la incertidumbre jurídica, social y política que esto genera traba todo avance conjunto. Debemos apresurar y limpiar los procesos que se han llevado. Un Estado no puede funcionar -aunque algunos traten de apelar a que sí- mientras se violen masivamente derechos humanos, y, sobre todo, un derecho tan básico y necesario como lo es el debido proceso.

Necesitamos reparación, justicia y verdad -denuevo-.