El jueves 21 de noviembre, Amnistía Internacional realizó una conferencia de prensa en Santiago de Chile, con la presencia de su Directora para las Américas, para presentar las conclusiones preliminares de la investigación que se ha estado realizando acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chile desde el 18 de octubre en adelante, por parte de militares y policías.
Quienes trabajamos en Amnistía Internacional, de alguna forma, nos hemos acostumbrado a que los gobiernos reaccionen negativamente a nuestras conclusiones e informes; pues usualmente informamos cosas que los gobiernos no quieren que se sepan. Sin embargo, lo que vino durante la semana posterior a la conferencia de prensa fue distinto a lo que esperamos. No sólo se intentó cuestionar el contenido de lo que estaba sucediendo – negarlo o minimizarlo – sino que se usó una estrategia más básica: atacar al mensajero. En las semanas que siguieron, vino una seguidilla de ataques, amenazas y distribución de información falsa acerca de Amnistía Internacional y su sede en Chile, que empezó el mismo día 21 y no ha terminado – de hecho, acaba de perpetuarse en el escrito de defensa del Presidente Piñera ante la acusación constitucional en su contra.
No me digan que no pasó, que no es generalizado, que no sigue pasando. Sabemos que así es, y seguiremos estando del lado de las víctimas el tiempo que sea necesario hasta que esto se detenga, y se consiga verdad, justicia y reparación
El día de la presentación de las conclusiones de nuestra misión investigadora, la Subsecretaria de Derechos Humanos apareció – tras muchas semanas de silencio – rechazando el informe y criticando que no habíamos pedido información al Estado o al gobierno. Afirmación falsa desde dos puntos de vista. Primero, al Estado sí pedimos información, y de hecho sostuvimos reuniones con el INDH, la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía Nacional y Carabineros de Chile. Segundo, al gobierno también pedimos información – solicitamos reuniones en dos ocasiones, primero al Subsecretario del Interior al inicio de la investigación, y luego al Presidente de la República para presentarle los resultados, en ambos casos sin obtener respuesta alguna.
Luego, el discurso del gobierno cambió diciendo que “habíamos pedido mal la reunión”, que había sido con poca anticipación, que se pidió para días específicos. En una ocasión nos insinuaron que “debimos haber llamado” para insistir. En la defensa de la acusación constitucional contra el presidente, se señala que solo pedimos reunión para el día 20 de noviembre para presentar las conclusiones, con lo cual se demostraría que no teníamos intención de pedir información o de conversar y que nuestra intención sería “adversarial”. Lo cierto es que la reunión con el Subsecretario se pidió el 29 de octubre, en cuanto se concretó la visita de la misión de investigación, solicitándola para fijarla entre el 4 y el 8 de noviembre, de manera de coincidir con la presencia de la misión en Chile. El objetivo era, precisamente, obtener información para la investigación, “hablar sobre las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del ejército y carabineros, en el marco de las recientes protestas”. Además de entregar la solicitud formal mediante oficina de partes, se hicieron llamados telefónicos y se envió por email en dos ocasiones. No habiendo respuesta, avanzamos la investigación con la información que teníamos.
En el caso del Presidente de la República, sí se solicitó para un día específico, con una semana de anticipación, puesto que, como se explicaba en la misma carta, eran las fechas en que estaría en Chile la Directora para las Américas y la intención era que pudiera reunirse con ella. La pedimos para el 20 de noviembre con la expectativa de presentar los resultados y conversar acerca de ello antes de hacerlos públicos. Por supuesto que entendemos que era posible que el Presidente no tuviera agenda disponible para ese día específico, lo cual se podría haber respondido perfectamente, pero nunca recibimos respuesta formal a esta solicitud. Recién a partir de una declaración en prensa del Ministro del Interior, reaccionando a esta polémica, que señaló su disposición a reunirse con Amnistía Internacional, tomamos contacto con el ministerio y la reunión se concretó el martes 26 de noviembre.
Otra línea de información errada que circuló ampliamente fue la supuesta pertenencia de Amnistía Internacional Chile al conglomerado Unidad Social, que luego derivó a que “Amnistía Internacional convocó a huelga nacional”. Lo único efectivo de esta información es que en algún momento, Amnistía Internacional Chile estuvo erróneamente incluida en una larga lista de organizaciones adherentes a Unidad Social en la página web de este conglomerado. Sin embargo, como lo hemos aclarado en múltiples ocasiones, esto obedeció a un malentendido. Hemos tenido dos contactos específicos con Unidad Social. El primero, es que un representante de Amnistía Internacional asistió a una reunión del conglomerado, con la intención de conocer el proyecto y sus dinámicas y evaluar posibles colaboraciones. Tras la reunión, decidimos no pertenecer al conglomerado, y así se comunicó a la persona que nos había invitado a asistir. El segundo, es que el Sindicato de Trabajadoras/es de Amnistía Internacional Chile (ente autónomo creado en junio de 2019) decidió, en dos ocasiones, adherir simbólicamente a paros convocados por Unidad Social como apoyo a las demandas sociales – aunque, entendiendo el rol de Amnistía Internacional en el marco de la crisis, siguió desempeñando funciones críticas. Al parecer, alguna de estas instancias generó el malentendido que hizo que se incluyera a nuestra organización y posteriormente al sindicato en la lista de organizaciones adherentes a Unidad Social en la web, situación que fue aclarada y corregida en la página web. Por lo tanto y, en resumen, ni Amnistía Internacional ni su sindicato forma parte de Unidad Social. Ni Amnistía Internacional ni su sindicato convocaron a huelga – el Sindicato adhirió a una convocatoria en dos ocasiones, y nada más.
Lo más triste de todo es que se intentó cuestionar la imparcialidad de Amnistía Internacional y, de paso, demonizar la existencia de Unidad Social. Amnistía Internacional realiza sus investigaciones en base a estándares rigurosos que son aplicados de la misma forma en todas partes del mundo, independientemente de las personas individuales que realicen la investigación, e incluyen múltiples revisiones y supervisión de personal especialista. Unidad Social es un conglomerado que incluye organizaciones, movimientos, federaciones de estudiantes, sindicatos y federaciones de trabajadores, y está planteando demandas legítimas que también deben ser escuchadas. Utilizar este incidente para poner en cuestión a Amnistía Internacional y/o a Unidad Social es, por decir, lo menos inadecuado.
Luego, se instaló la idea de que Amnistía Internacional afirmó que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que luego nos habríamos desdicho, dejando entrever que habíamos retrocedido en la postura. Esta idea surge de varias declaraciones de políticos, de un connotado director de un medio de comunicación, y finalmente de afirmaciones en la defensa del Presidente ante la acusación constitucional. Tampoco es cierto. Hemos afirmado con fuerza que existen violaciones generalizadas a los derechos humanos, que en éstas se evidencia un patrón de conducta, un modus operandi, que evidencia una intención de dañar a las personas que se manifiestan, constituyendo en la práctica una política de castigo. También señalamos que, por ello, debe investigarse la responsabilidad de mando hasta el más alto nivel, sin quedarse solamente en el policía o militar individual que cometió los hechos. Esto se evidencia del análisis de cifras, la experiencia de organizaciones locales, el análisis de más de 100 piezas de video verificadas por un equipo especializado y 23 casos documentados a la fecha. Esta conclusión no ha cambiado un ápice, y nada de lo que hemos dicho con posterioridad es contradictorio con esta afirmación. Por el contrario: nunca afirmamos que fuera sistemática (aunque tampoco lo hemos descartado); nunca afirmamos que hubiera crímenes de lesa humanidad (aunque tampoco lo hemos descartado); nunca hicimos un ataque institucional a ninguna entidad específica ni acusamos a ninguna persona. Tampoco esta conclusión cambia obteniendo más información del gobierno, puesto que se basa en una constatación en terreno de lo sucedido, en la experiencia de las propias víctimas.
Finalmente, está el cuestionamiento por qué no decimos nada acerca del “contexto” en el cual se realizaron estas actuaciones ni sobre la existencia de Carabineros heridos. Si bien sí hay una mención a ello en nuestro comunicado de prensa, la razón por la que no se profundiza más es simple: el objetivo de Amnistía Internacional es dar cuenta de violaciones a los derechos humanos. La investigación no consistía, como señala erradamente el escrito de defensa de la acusación constitucional contra el Presidente, en “catastrar los hechos de violencia”. Su objetivo era mucho más específico: era comprobar la existencia de hechos de violencia cometidos por agentes del Estado en contra de civiles, y específicamente atentados contra la vida y la integridad física o psíquica, razón por la cual documentamos casos de muerte, tortura y malos tratos, violencia sexual y lesiones graves. Obviamente nada de esto implica validar los hechos de violencia que puedan cometerse, como saqueos o incendios, sino acotar el objeto de la investigación a lo que constituyen directamente violaciones de derechos humanos. Además, y quizá este es el punto más importante, nada de lo que pudimos comprobar a partir de la investigación puede verse de ninguna manera justificado por el “contexto”. El hecho que haya habido saqueos o violencia no justifica de ninguna forma disparar perdigones al rostro de una persona, ni torturarla o maltratarla una vez detenida.
Como señala nuestra Directora para las Américas, Erika Guevara, Amnistía Internacional es imparcial e independiente, pero nunca neutral. No podemos ser neutrales, porque estamos del lado de las víctimas. Lo más triste de la difusión de todas estas falsedades es que son distractores, y alejan la atención de lo importante: que se está negando la veracidad del testimonio de las víctimas. Se está negando el dolor de quienes han sufrido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hace poco llegó a mis manos una foto tomada en una manifestación en La Florida, en que dos desconocidas sostenían un lienzo que decía “DDHH: Amnistía Internacional no miente”. Ha sido de los mejores reconocimientos. Los hechos de los que dimos cuenta sucedieron, y no son más que ejemplos de hechos que han sucedido muchas más veces, y que siguen sucediendo. Hoy mismo mientras escribo supe de un funcionario del INDH que recibió una lacrimógena en el brazo lanzada nuevamente directo al cuerpo. Más temprano también hoy entrevisté a una periodista que fue detenida y obligada a desnudarse en la comisaría.
No me digan que no pasó, que no es generalizado, que no sigue pasando. Sabemos que así es, y seguiremos estando del lado de las víctimas el tiempo que sea necesario hasta que esto se detenga, y se consiga verdad, justicia y reparación.
Por Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile – @AnaAmancay
Comentarios