Quiero empezar este artículo enviándole todo el apoyo a Fabiola Campillai, quien se encuentra hospitalizada con diversas complicaciones a raíz de las lesiones causadas por el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro en noviembre del año pasado. Desde Amnistía Internacional continuamos con nuestra campaña para exigir justicia para ella, justicia que debe llegar también para todas las víctimas del actuar excesivo de carabineros durante el llamado “estallido social”.
En este mismo sentido, damos la bienvenida a la investigación iniciada por la Contraloría General de la República en relación a la responsabilidad administrativa de los mandos de carabineros. Desde un inicio, como Amnistía Internacional, dijimos que, sobre todo considerando la existencia de patrones generalizados de conducta que pudimos constatar, debe investigarse la responsabilidad de mando, tanto administrativa como penal, hasta el más alto nivel.
Desde la organización estamos atentos a la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de los 13 carabineros imputados por la grave golpiza en contra de Moisés Órdenes, en Plaza Ñuñoa. Esperamos que su caso avance con celeridad para conseguir justicia y reparación tras las graves lesiones que sufrió.
Además, seguimos recibiendo denuncias de actuar policial excesivo en diferentes manifestaciones. De especial preocupación es el caso de un adolescente que recibió el impacto de una bomba lacrimógena directo a su rostro. Según la versión de carabineros, esto se debió a que la bomba rebotó en una reja. Esto no es suficiente: el hecho debe ser debidamente investigado de manera de esclarecer lo sucedido y determinar si hubo o no responsabilidades.
Por supuesto, como organización de derechos humanos, mantenemos preocupación por los niveles de violencia en Wallmapu, que también están afectando a personas mapuche de comunidades movilizadas. Ya nos alarmó el asesinato de Alejandro Treuquil, de la comunidad We Newen, cuya investigación no parece estar teniendo avances. El fin de semana pasado supimos el caso de un adolescente de la comunidad Wente Winkul Mapu que fue herido por un disparo en Collipulli, también por desconocidos de civil, caso en el cual la Defensoría de la Niñez presentó una querella. Esperamos que estos casos se investiguen con premura e imparcialidad.
Por otra parte, recordamos que ya quedan menos de dos semanas para que Chile pueda firmar el Acuerdo de Escazú. Insistimos en que el gobierno da una pésima señal a la ciudadanía y, en particular a los/as defensores/as del medioambiente, si sigue negándose a firmar este relevante tratado.
Finalmente, reiteramos el llamado a involucrarse en el debate sobre la nueva Constitución. Ir todos/as masivamente- y teniendo las precauciones sanitarias correspondientes- a votar apruebo en el plebiscito es la única opción que tenemos para poder tener un debate ciudadano que nos lleve a una Constitución respetuosa de los derechos humanos.
Por Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
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