Las condiciones de confinamiento en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, Etapa 2, en San José Pinula (Guatemala) descritas la semana pasada por la jueza Verónica Galicia son indignantes. Adolescentes confinados en espacios mínimos como si fueran celdas de castigo, drenajes colapsados, escasez de agua, promiscuidad; en fin, un escenario digno de película de horror constituye la vida de estos jóvenes en conflicto con la ley.
En cierto modo, este trato degradante responde muy bien a la actitud general que condena a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos a soportar toda clase de abusos y violación de todos sus derechos. A tal extremo llega la insensibilidad colectiva que incluso hay quienes se atreven a expresar públicamente su deseo de exterminar a estos grupos de niños y jóvenes para “sanear” a la comunidad.En cierto modo, este trato degradante responde muy bien a la actitud general que condena a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos a soportar toda clase de abusos y violación de todos sus derechos. A tal extremo llega la insensibilidad colectiva que incluso hay quienes se atreven a expresar públicamente su deseo de exterminar a estos grupos de niños y jóvenes para “sanear” a la comunidad.
Ese es uno de los rasgos más evidentes del deterioro moral en un país sin rumbo político, hundido en la corrupción, cargado de odios y resentimientos cruzados entre etnias, estratos sociales y el agravante de un premeditado abandono por parte del Estado en temas de un enorme potencial constructivo, como son la educación y la cultura. Esto, porque una sociedad educada e informada es una amenaza para los grupos de poder.
Curioso eso de la moral. Una sociedad dividida en buenos y malos sin mayores consideraciones sobre las causas que han llevado a una importante parte de la población a violar la ley. ¿Qué sucede en ese segmento mayoritariamente compuesto por jóvenes empujados por el abandono, la falta de establecimientos educativos dignos, la ausencia de políticas públicas diseñadas específicamente para atender como corresponde a esta parte de la ciudadanía? ¿En dónde está la presencia del Estado como ente rector para garantizarles la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral, como lo manda la Constitución en su primer capítulo?
El Centro en referencia ha sido cerrado temporalmente con acertado criterio por la jueza Galicia, con la finalidad de remodelarlo y darle las condiciones adecuadas a sus funciones. Pero eso no resuelve todo. También están los “Hogares Seguros”, bajo la supervisión del Estado, en donde se supone se refugia a niñas, niños y adolescentes sin deudas con la ley, sino vulnerados en sus derechos.
Desde uno de estos hogares ha desaparecido un centenar de niñas, hecho deslizado sin mayor impacto a través de las redes sociales y las páginas de los medios. Quizá porque estas niñas no son “buenas” desde la perspectiva de una sociedad indiferente a su suerte. Ellas no pertenecen a la sociedad. Para quienes las perciben como una amenaza potencial, son “prescindibles”. Entonces, para ellas no hay voces elevándose en protesta por su vida de miseria y agresiones. Para ellas, en realidad, el futuro es un espacio en blanco, el cual quizá nunca alcancen a disfrutar.
Pero, entonces, ¿quiénes gobernarán cuando las generaciones actuales se retiren? ¿Quiénes llevarán con su productividad el peso de la carga que representan las generaciones pasivas? No parece ser una preocupación —dejando de lado los sentimientos y las consideraciones puramente humanas— el hecho de estar deslizándose hacia una situación de desequilibrio económico y social de enormes proporciones, próxima a reventar mientras quienes dirigen los destinos se ocupan de competir entre pares para monopolizar el poder.
Esta juventud abandonada es el futuro de la nación, les guste o no. Para ellos la prioridad es sobrevivir en un contexto que les resulta tan ajeno como indiferente. Mientras, se les exige una conducta moral que sus mayores no poseen.
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