Hace algunas semanas, Giorgio Napolitano, undécimo Presidente de la República italiana, presentaba su renuncia.
Si bien la dimisión del –casi– nonagenario presidente fue un evento anunciado, las solas razones de salud (o de vitalidad necesaria para el ejercicio del cargo) no logran explicar de buena forma la delicada situación institucional por la que, en ese entonces, atravesaba el único presidente reelecto de la historia republicana italiana.
El segundo período de Napolitano respondía, desde su origen en mayo de 2013, a un contexto político-institucional complejo, y su figura pretendía otorgar las garantías necesarias para llevar a cabo aquel proceso de reformas económicas e institucionales ya impostergables.A partir de hoy, Italia se juega la clave elección de un nuevo representante de aquella unidad nacional, unidad que, por cierto, en más de una ocasión ha sido últimamente puesta en tela de juicio.
No obstante, el siempre complicado entrelazado político-parlamentario italiano no dejó de sorprender y, a partir de la nominación (febrero 2014) de Matteo Renzi como Presidente del Consejo de Ministros (con tanto de pugna interna en el Partido Democrático), aparecía evidente el declino de la figura política del Presidente de la República.
De ahí en más, la historia política siguió un curso propio, paralela a la institucional, en un vaivén de discordias internas en el Partido Democrático, con los pintorescos ingredientes aportados por el movimiento 5 Stelle de Beppe Grillo y con la siempre mediática –gravitante e incómoda– figura de Silvio Berlusconi.
En poco menos de un año, el panorama evidenció toda su crudeza, y el presidente Napolitano no tuvo otra opción que aquella de constatar el declino de su fuerza y de su carisma.
A eso, entonces, debemos sumar aquella vitalidad necesaria que, en períodos tan espinosos como el actual, son requeridos para el ejercicio de la Presidencia de la República.
De hecho, la contingencia política italiana entró ya en una importante fase de prueba de fuerzas, principalmente en torno a las reformas inmediatas (laboral, electoral, judicial, tributaria y de reorganización territorial), fase que –por cierto– necesitará de un poder de garantía fuerte en torno a la gestión de las crisis de gobierno, garantía que Napolitano ya no podía entregar.
En pocas horas más, una asamblea extraordinaria, compuesta por las dos ramas del Parlamento, además de delegados regionales y provinciales (en rigor, una plétora de poco más de mil electores), comenzará a votar para definir al sucesor del dimisionario presidente.
Es probable que la elección se prolongue más allá de las tres primeras votaciones (que requieren una mayoría cualificada de 2/3). A partir de la cuarta votación, junto al solo requerimiento de mayoría absoluta, irrumpe el nombre de Sergio Mattarella, ex diputado y ministro, actual Juez de la Corte Constitucional. Sin embargo, la política italiana no sólo acostumbra a regalar interesantes –y difícilmente previsibles– “volteretas”, también debe sumarse la perenne incerteza de procedimientos como este, que ya han visto derrotados a grandes favoritos.
Que sea el más previsible o el outsider de turno, lo cierto es que la carrera para el cargo de Jefe de Estado y representante de la unidad nacional (como indica la Constitución italiana) ya se está en marcha.
En juego se encuentra no sólo la definición del máximo cargo del Estado, sino de una figura que permita, en su función de garante político, institucional y constitucional, una templada puesta en marcha de aquellas reformas que renueven el espíritu, el intelecto y el físico de un país silenciosamente en crisis. A partir de hoy, Italia se juega la clave elección de un nuevo representante de aquella unidad nacional, unidad que, por cierto, en más de una ocasión ha sido últimamente puesta en tela de juicio.
Nicolás Freire Castello
Académico
Escuela de Ciencia Política
Universidad Central de Chile
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