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Chile y Perú en La Haya: fortalezas, debilidades, paradojas y dudas

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Llama la atención que los dos principales artífices de la estrategia de las «cuerdas separadas», en el que evidentemente prima el interés económico, sean Sebastián Piñera y Alfredo Moreno, ambos vinculados a grandes empresas con intereses tanto en Chile como en Perú (LAN y Falabella). No debemos obviar este hecho.

Mucho se ha escrito sobre la controversia limítrofe entre Chile y Perú, y sobre el juicio que busca ponerle fin, radicado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Un porcentaje importante de quienes han comentando el proceso, en ambos países, lo hna hecho desde la trinchera, esgrimiendo con fervor los argumentos oficiales de la Cancillería respectiva, como si -con ello- se sintieran participes de la estrategia nacional. Casi todos cantan al unísono, como en las gradas del estadio cuando alientan a sus respectivas selecciones.

Aunque, afortunadamente, muchos han llamado a la concordia (ver también esta columna de Vargas Llosa), son pocos los que se permiten criticar o encontrar fisuras en la postura que asumen como propia.

No sé si sea por mi identidad binacional (soy chileno y peruano), por mi espíritu integracionista, o porque gracias al estudio de las dinámicas transfronterizas en el continente he dejado de hacer de la soberanía un fetiche, pero el caso es que veo razones válidas y atendibles en los argumentos de ambos países, y también algunos errores estratégicos y debilidades.

La disputa -como ya todos sabemos- gira en torno a los siguientes puntos básicos: Chile afirma que el límite marítimo, constituido por el paralelo geográfico que cruza el Hito 1 de demarcación limítrofe terrestre, está definido por tratados tripartitos, firmados por Chile, Perú y Ecuador, en la década de 1950. Perú afirma que dichos acuerdos no corresponden a tratados de límites, por lo que pide a la Corte que trace la línea de frontera -partiendo del punto «Concordia» y no del Hito 1- utilizando el principio de equidad presente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Chile señala que la costumbre muestra que los límites marítimos existen, de facto. Perú parece no tener contraargumento en este sentido.

Si nos atenemos a los documentos que constituyen el centro de la polémica, la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, podemos tanto decir que existen tratados de límites como que no. Leyendo los considerandos podemos inferir que tales, aunque sean tratados, no lo son propiamente de límites sino de protección de recursos marinos y de ayuda a los pescadores artesanales respectivamente. Existe -en consecuencia- un amplio margen para la interpretación, por lo que la posición chilena, aquí, parece débil. Más si, por ejemplo, comparamos el lenguaje ambiguo de ambos textos con la precisión de los artículos sobre delimitación marítima del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984.

Si prestamos atención a la costumbre, vale decir a la práctica cotidiana y al ejercicio de soberanía, la posición chilena parece sólida y la peruana endeble y poco comprensible. En 60 años -desde la Declaración de Santiago- Perú hizo poco o nada por cuestionarla presencia diaria de Chile y de chilenos en la zona en litigio. Punto para Chile.

Por otro lado, se dice desde Santiago, queriendo mostrar una debilidad, que Perú construyó un caso donde no existía controversia. La Corte definirá con su fallo si la controversia era o no real. Más allá de eso, lo cierto es que Perú comenzó a «construir su caso» poco tiempo después de que se aprobara la Convemar, en 1982, la que instauró el marco institucional que define, entre otras cosas, los principios que deben aplicarse al trazar los límites marítimos cuando no existen tratados previos.

El memorándum que el Embajador peruano Juan Miguel Bákula le hizo llegar al Canciller chileno Jaime del Valle, en mayo de 1986, transmitiendo la preocupación del gobierno de Alan García por la inexistencia de una «delimitación formal y definitiva de los espacios marinos» entre ambos países, marcó el inicio de una estrategia de largo aliento, que solo fue interrumpida por Alberto Fujimori, a fines de la década de 1990, con la firma del Acta de Ejecución del Tratado de 1929 (Es interesante en tal sentido leer esta columna de Cristian Leyton).

Supongo que cuando el proceso haya concluido y las voces dejen de estar guiadas por el «interés nacional», surgirán algunas críticas a la actuación de Fujimori, que sin duda entorpeció la jugada planeada por Torre Tagle (Cancillería peruana). Derrocado el fujimorato, los gobiernos democráticos retomaron el camino señalado por Bákula, asumiendo una actitud proactiva y coherente que, en mi opinión, contrasta con la actitud reactiva y a veces errática de la Cancillería chilena.

Esto último queda de manifiesto con el cambio que experimentó la política de Chile luego de la asunción del Presidente Piñera, en marzo de 2010. La respuesta inicial de La Moneda –con Bachelet al mando- ante la demanda peruana fue de molestia frente a un acto considerado inamistoso. Tal molestia se expresó en el enfriamiento de las relaciones bilaterales, y en la búsqueda de un acercamiento con los otros dos países vecinos, especialmente con Bolivia. Se dio, de este modo, una respuesta integral -política, diplomática y jurídica- a un desafío que Perú propuso en esos mismos términos. Tanto Piñera, al asumir el poder, como el nuevo Canciller Alfredo Moreno, desecharon aquel diseño y adoptaron la idea (o quizá treta) peruana de las «cuerdas separadas». Esto significó reducir la controversia a un asunto puramente jurídico -que debía transitar por un carril independiente-,»normalizar» la relación dando prioridad a los aspectos económicos de la misma, y poner en un segundo plano la diplomacia y la política.

La lógica de las cuerdas separadas generó, a mi juicio, una interesante paradoja y algunas interrogantes. Por un lado parece evidente que al buscar encapsular el conflicto en su dimensión  jurídica, Chile debilitó su propia posición. Si el reclamo peruano no tiene sustento y constituye un acto inamistoso -considerando la premisa de que se están desconociendo tratados vigentes-, resulta poco entendible que se normalicen las relaciones. Asimismo, al dejar la diplomacia y la política de lado, dando prioridad al comercio y los negocios, el Edificio Carrera (Cancillería chilena) cedió terreno a Torre Tagle. Es muy decidor, en este plano, que el Perú haya logrado desactivar cualquier posible intromisión de Ecuador en el juicio por medio del acuerdo de límites firmado por los presidentes Alan García y Rafael Correa el 2011 (recordemos que los acuerdos que sustentan la posición chilena fueron firmados por Chile, Perú y Ecuador). En contraste, Chile no solo no logró estrechar vínculos con Ecuador, sino que además descuidó la relación con Bolivia, que se deterioró significativamente, y vio mermada su relación con Brasil, en parte por la desmedida relevancia que se le dio a la iniciativa (básicamente comercial) del Arco del Pacífico, que en la práctica posibilita la «intrusión» de México en el área de influencia de Itamaraty.

Por otro lado, y he aquí la paradoja, la lógica de las cuerdas separadas -y la consecuente normalización de relaciones entre Perú y Chile- ha tenido un efecto muy positivo en el tono con el que -hasta ahora- se ha desarrollado el juicio, y en el ambiente que ha acompañado el proceso en ambos países. Académicos e intelectuales, de uno y otro lado, y hasta los propios jefes de Estado, han dado importantes señales de respeto mutuo, y de irrestricto apego al derecho internacional y a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Ambos gobiernos han asegurado que acatarán el fallo, sea cual sea, y han hecho declaraciones –incluso conjuntas- sobre el futuro esplendor de las relaciones bilaterales, en las que se destacan y priorizan las cuantiosas inversiones chilenas en Perú y peruanas en Chile (que en total suman casi 20 mil millones de dólares). Probablemente esto no hubiera sido posible en un contexto «anormal» ciertamente más tenso. Lo curioso, entonces, es que la lógica de las cuerdas separadas puede acabar perjudicando a Chile de cara a La Haya, pero favoreciendo el entendimiento entre los países -o al menos entre gobiernos y las élites empresariales-, y ojalá sirviendo de base para la construcción de una relación sólida y constructiva.

Ahora bien, de todo esto surge una duda, que tiene relación con la motivación que está detrás de la decisión del gobierno de Chile de tomar aquella senda. Llama la atención que los dos principales artífices del giro estratégico comentado, en el que evidentemente prima el interés económico, sean Sebastián Piñera y Alfredo Moreno, ambos vinculados a grandes empresas con intereses tanto en Chile como en Perú (LAN y Falabella). No debemos obviar este hecho. 

Los Presidentes Humala y Piñera acuñaron una hermosa frase: «solos podemos ir más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos«. La pregunta es si los que llegarán, al final de la historia, más lejos serán muchos -la mayoría de los habitantes de los dos países-, o serán los pocos privilegiados de siempre. Me temo que la secular desigualdad latinoamericana seguirá presente -machacando la respuesta- al término del juicio en La Haya, gane quien gane.

*Columna publicada originalmente en El Mostrador

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Comentarios

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Alfredo Stecher

18 de diciembre

Hola Daniel, te felicito por tocar el tema y subrayar lo positivo, que me parece objetivo y que subjetivamente, me interesa en tanto peruano con familia chilena.
Estoy seguro, como tú, de que la vena empresarial de Piñera y Moreno ha influido en su orientación, en este caso para bien, y eso es lo que yo resaltaría. Hay mucho que criticar a grandes empresarios, pero también tienen méritos que no es bueno desconocer.
En el caso del Perú soy absolutamente contrario a Fujimori y al fujimorismo, por su cinismo y corrupción y, en especial, por el efecto degradante para la política y la sociedad, pero reconozco su valentía y su acierto en el caso de la paz definitiva con Ecuador. La paz vale sacrificios que efectivamente llevan a ella y la garanticen.
Abrazo, Alfredo

Me gusta el lema «Opinión que es acción»

20 de diciembre

Muchas gracias Alfredo por tu comentario. Yo también creo que -sumando y restando- hay un resultado positivo propiciado por el actuar del gobierno. El problema, que siempre existe cuando son tenues los límites entre política, negocios e intereses personales, es que cuesta saber cuáles son los verdaderos objetivos de quienes ejercen el poder. Estos pueden, finalmente, no ser compatibles con el interés general.

Un gran abrazo.

Juan Luis Dammert Bello

18 de diciembre

Ya que se menciona el artículo de Alvarito Vargas Llosa, comparto con ustedes una respuesta al mismo, muy alturada.
http://lamula.pe/2012/12/17/daniel-parodi-lo-que-alvarito-no-dijo/danyvaldez

20 de diciembre

Muchas gracias Lucas. Buena la respuesta de Parodi. En todo caso me inclino a pensar que los comentarios de Alvarito tienen más relación con los negocios que con un afán militarista.

Un gran abrazo.

21 de diciembre

Si el fallo de la Haya diera la razon a Peru ¿es que en Peru han pensando que eso no anula ipso facto ninguno de los acuerdos antes mencionados?

Porque eso es el absurdo de esta demanda, que el hecho de que se fije un limite con un tratado que diga «limites» no anularia automaticamente los ya firmados, simplemente porque no es parte de la demanda que esos acuerdos queden anulados.

Eso, que puede parecer algo menor, no lo es porque la pretension peruana de 200 millas radica en la Declaración de Santiago y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. No puede anularlos, contando ademas que Chile no quiere hacerlo y Peru no ha dado ningun motivo, ninguno, para que ello ocurra. Los ha cuestionado, los pretende interpretar, pero no pretende quitarle vigencia. Con lo que a ver como se arreglaria el entuerto porque esos acuerdos, que segun Peru son pesqueros, seguiran vigentes.

Ademas, «PRIMERO: Establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países.» Asi dice exactamente el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, 4 de diciembre de 1954. ¿Que significa? Que los pescadores peruanos y chilenos tienen garantizado transito inocente en el ANCHO DEL PARALELEO QUE CONSTITUYE EL LIMITE MARITIMO ENTRE LOS DOS PAISES. No hay forma que haya «amplio margen para la interpretación», porque cualquiera, sin necesidad de conocimientos, lee claramente que el Convenio establece que los pescadores peruanos y chilenos que crucen LA FRONTERA MARITIMA fijada en EL PARALELO no se pueden considerar como «invasores» «SEGUNDO: La presencia ACCIDENTAL en la referida zona de las embarcaciones de cualquiera de los países limítrofes aludida en el primer considerando, NO SERA CONSIDERADA COMO VIOLACION DE LAS AGUAS DE LA ZONA MARITIMA , sin que esto signifique reconocimientos de derecho alguno para ejercer faenas de pesca o caza con propósito preconcebido en dicha Zona Especial.»

No se ha desactivado nada con Ecuador. Simplemente Peru quiso hacerlo, no pretendiendo invalidar la Declaracion de Santiago y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, 4 de diciembre de 1954, que repito, siguen vigentes, firmando un tratado que dice «limite maritimo». Pero si se le ocurre a Peru anular alguno de ellos, Ecuador sí tendria que intervenir, y Peru no puede confiar que lo haga en favor de la tesis peruana. Ecuador no tiene motivos para apoyar a Peru, porque Peru esta mostrando poco respeto hacia lo acordado. Ecuador firmo el tratado porque no confia en Peru, no porque considere que esos acuerdos estan anulados. Si Peru pretende, con esta sentencia, violar esos acuerdos simplemente porque cree que con el tratado firmado por Ecuador ya no estan vigentes, va a mostrar lo que esta mostrando ahora: que no es un pais fiable y que no respeta lo firmado.

«Si el reclamo peruano no tiene sustento y constituye un acto inamistoso -considerando la premisa de que se están desconociendo tratados vigentes-, resulta poco entendible que se normalicen las relaciones.» Eso es muy cierto. Pero entendamos las cosas: las relaciones EMPRESARIALES no son relaciones del Estado de Chile con el Estado de Peru. A la mayoria de los chilenos nos importa un cuerno si el gobierno peruano expropia Falabella o Lan.

marcos solis

17 de abril

Nunca se resolvera esto solo con las armas porque peru aparte de defender este oceano quiere recuperar sus territorios arica tarapaca y para esto peru esta comprando armamentos sigilosamente por eso pedimos a los chilenos que entreguen de voluntad estos terrirotrios que pertenecen al peru o pronto tendran una guerra relampago con apoyo de ee uu este pais ha enviado armamentos para apoyar a peru por eso que en una guerra futura tendremos una guerra pareja chile con inglaterra y peru con eeuu el resultado es obio pèru gana esta guerra,chile tiene un futuro negro y sin vida.

18 de abril

Sin comentarios. Saludos.

tetenenresse bill

10 de enero

Dejemos atras lo que paso en el pasado lo que tenemos ahora es la moda es invadir un pais con muchos aliados por eso la nueva formula demostrado por eeuu francia europa paises potencia es unirse y derrotar a una nacion como en el caso de irak libia paises con abundantes recursos ya sea petroleo oro gas etc, lo que deveriamos de buscar es quienes se aliaran con chile para invadir peru porque peru tiene recursos para explotar asi que el pais que invada peru tiene una ganacia jugosa tanto en cobre gas etc, ananlizando esta posible invacion demoraria 3 dias en invadir con una guerra relampago acompañado con una fuerte apoyo naval artillera que destruya los centros militares porque peru tiene bases militares en sus costas hecho esto pan comido y repartido.Recordemos tambien que los heroes de peru siempre son perdedores como miguel granu, bologesi, perdedores contra chile.Es una guerra ganada y con mucho botin que repartir.

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