Discriminación y violencia de Estado con las mujeres en situación de discapacidad severa

La maternidad y sus matices de exclusión y discriminación, en manos de un sistema de Gobierno con un discurso de inclusión y derechos (como lo plantea Chile ante la ONU y diversos organismos encargados de la temática tanto a nivel nacional como en el exterior).

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Es de real urgencia llevar al Parlamento una Ley de Maternidad Asistida, consistente en brindar los apoyos necesarios, para que mujeres con mi nivel de dependencia puedan criar a sus hijos.

Un discurso adornado de propuestas y lineamientos de intervención desde las necesidades humanas de cada persona en situación de discapacidad, en pro de la erradicación de la vulneración. Un discurso esperanzador para quienes crean las políticas públicas, en base a lo que «suponen» de nuestro diario vivir. Un discurso lleno de patéticas ideas de lo que ellos creen que es dignificar y mejorar nuestra calidad de vida.

En este escenario, fui madre de una hermosa bebé prematura de 30 semanas de gestación, siendo mujer con discapacidad severa. Una grata y desafiante travesía, en primer lugar por tener que lidiar con el constructo social que se desprende del hecho de vivir la discapacidad, hasta ser considerada un factor de riesgo para ella por mi condición. Quizás resulta contradictorio y muchos se preguntarán lo que llevo cuestionándome yo misma estos once meses desde su nacimiento: ¿Dónde está la inclusión de la que tanto se habla? ¿Dónde queda mi derecho de ejercer mi sexualidad y la maternidad? ¿Dónde está el derecho de mi hija de crecer junto a sus padres?

Soy dependiente severa de un ventilador mecánico desde hace diez años y una tetraplejia limita mi movimiento pero no mi vida. Logré sacar un título profesional de Trabajadora Social y formar una familia, donde la mayor bendición fue la llegada de mi beba. Pero aún así, persiste este flagelo de parte de las autoridades con respecto a la entrega de las herramientas indispensables para ejercer el derecho a la maternidad en madres con mi condición.
La mayor problemática que enfrento es mi movilidad reducida y la dependencia severa, que me impiden cuidar a mi hija por mí misma, además de la frialdad gubernamental y el vacío legal que existe en torno a casos como este, fuera de lo común para ellos, pero una realidad palpable para mí.

Después de innumerables gestiones de la mano de amistades y profesionales del mundo de la discapacidad, se logró sensibilizar al Gobierno y contar con cuidadoras para asistirme en la cuidados de la maternidad (cuidados de mi pequeña) y personales (cuidados míos). Esta contratación de personal se realizó mediante una licitación en manos del Servicio de Salud Maule, desde un enfoque netamente médico, siendo considerados solo temas de salud, pero ni mi beba ni yo estamos enfermas ni requerimos cuidados médicos, sino que tenemos una condición diversa (ella nació con discapacidad).

Hemos intentado visibilizar esto en múltiples instancias, desde el Servicio Nacional de la Discapacidad hasta el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Solicitamos apoyo del Servicio Nacional de la Mujer, ya que consideramos que esta actitud arbitraria de discriminación es violencia contra el género, pero la respuesta en todos lados ha sido la misma: tirarse la pelota unos con otros argumentando que no hay leyes que contemplen mi situación, dejando en olvido que en Chile contamos con una ley de Inclusión 20.422 y antidiscriminación -con la ley Zamudio-, sin contar con los innumerables tratados y convenciones sobre los Derechos Humanos sobre personas en situación de discapacidad, con el timón fundamental de asegurar la igualdad de oportunidades.

Ahora la permanencia de mi hija a mi lado está asegurada hasta el mes de diciembre bajo las condiciones que nos impone salud, de ahí parte nuevamente la incertidumbre y angustia de no saber cuál será su destino y el mío. Verdaderamente irracional y macabro jugar de esta forma con mi familia, repugnante y reprochable lo que ha tenido que vivir mi niña en su corta edad.

No todos los menores que son institucionalizados en entidades como SENAME y otros centros de resguardo y protección infantil están ahí precisamente por voluntad de sus padres, hay vivencias como la mía en que el Gobierno les arrebata sus hijos y, con ellos, toda proyección y esperanza de un futuro mejor. Por este motivo me he decidido a publicar mi historia y exigir al Gobierno un mínimo de respeto por los Derechos Humanos: mi maternidad no se transa ni el futuro de mi beba tampoco.

Es de real urgencia llevar al Parlamento una Ley de Maternidad Asistida, consistente en brindar los apoyos necesarios, para que las mujeres con mi nivel de dependencia puedan criar a sus hijos.

Amigos/as, la unión hace la fuerza, por lo que les pido que difundamos por todos los medios esta grave invisibilización de una realidad de vulneración y discriminación, ante la cual el Gobierno ha bajado el perfil e ignorado.

Les saluda atentamente, Valeria Riveros Agurto.