Despenalizacón del aborto en tres causales

En este texto abordaré la situación particular de los derechos reproductivos de la mujer en el contexto actual, para no extenderme mucho no ahondaré en los tópicos relativos a discriminación por parte de las isapres, planes privados de salud, inequidad en los salarios, ni en el sinfín de situaciones injustas, denigrantes y arbitrarias a las que las mujeres que viven en nuestro país se ven enfrentadas a diario.

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Estamos en un punto clave de la historia, tenemos todo el capital humano, ideológico y político para enmendar el rumbo y reconciliarnos entre hombres y mujeres y, si bien este proyecto es bastante limitado, por lo menos nos da un punto de partida hacia un aborto libre y seguro.

De conocimiento público es la realidad del aborto clandestino, procedimiento que, al no estar regulado por nuestro Estado,  (sino que solo criminalizado), involucra de forma común abusos de parte de los que practican este procedimiento a las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo de forma artificial.

Citando el proyecto de ley del gobierno de  Michelle Bachelet: «al constatar la cantidad de muertes y de lesiones graves que se producían debido a los abortos clandestinos, los servicios de ginecología y obstetricia se hicieron cargo de esta situación. La iniciativa tuvo el respaldo del Presidente Salvador Allende, quien en su primer mensaje al país, en 1971, manifestó la necesidad de avanzar en la “eventual legalización del aborto (…) y en términos más inmediatos una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos¨.  Teniendo en cuenta que el problema del aborto clandestino fue detectado hace ya casi medio siglo, es impresentable que hayamos tenido un retroceso tan grande en lo relativo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es más, cómo podemos catalogarnos como una democracia seria, teniendo en todas las aristas de nuestra sociedad, algún vestigio de la dictadura de la cual fuimos víctimas.

Luego del nefasto gobierno de facto que tuvimos, los mal llamados portadores de la alegría que se decía venir, no hicieron mucho más que maquillar algo la obra de la dictadura del general Pinochet.

El proyecto presentado por la Presidenta Michelle Bachelet abarca tres causales bastante específicas en las cuales el procedimiento en cuestión dejará de estar tipificado como un delito y la mujer que se someta a éste no será objeto de ninguna persecución legal.

1) Inviabilidad del feto: en cuanto a esta primera causal, diputados de la UDI, intentan apelar al miedo y al terror, como lo han hecho desde hace bastante tiempo, llegando a señalar que un proyecto de estas características podría eliminar incluso la Teletón, dando como posibilidad abortar en caso de que el ser en gestación viniera con malformaciones congénitas. Lo que se olvida en esta afirmación es que la inviabilidad de un feto no tiene nada que ver con una selección de características, solo se aceptará esta causal como válida cuando el feto no sea capaz de sobrevivir.

Este tipo de afirmaciones llevan a la desinformación, provocando confusión y desconfianza frente a una mejora que es necesaria para buscar la equidad en cuanto a derechos de hombres y mujeres. Para tranquilidad de la gente que cree en este argumento, la mujer no puede abortar porque no quiere que su hijo no sea de una forma determinada. Esta primera causal es más bien una forma de prevenir situaciones como la vivida por Isabella, ciudadana francesa que en su tercer embarazo se encontró con la penosa noticia que su embarazo era poco viable por que su cuerpo ya no estaba en condiciones de mantener al feto con vida, el médico que la trató solamente se limitó a recomendarle que volviera a su país para que pudiera realizarse el necesario aborto en este caso, porque en Chile no hay opción de salvar a la mujer sin que deba ser denunciada aún cuando su vida dependa de esta intervención, lo que no tiene mucha lógica y nos configura una realidad primitiva y poco solidaria con la situación en que situamos obligatoriamente a las mujeres en ese dilema. Las condenamos como sociedad a una decisión apresurada, en soledad y, por lo general, con muy poca información disponible las dejamos a la deriva de malas prácticas médicas que abusan de este contexto de ilegalidad en que se puede generar un lucrativo negocio sin fiscalización alguna.

2) En caso de violación: posiblemente este sea el punto en donde hay menos diferencia de opinión entre los autodenominados PROVIDA y los demás mortales. No ahondaremos en esta causal puesto que no es mucho lo que se debe abordar aquí para coincidir en que no es justo que como sociedad obliguemos a una persona a terminar con su embarazo meramente por un tema jurídico que transgrede la libre determinación de una mujer sobre su cuerpo.

3) En caso de riesgo de vida para la madre: por esta causal, hay argumentos por parte de los sectores más conservadores de la política nacional que establecen (no sé con que criterios) que el aborto no quitará la pena de la madre de que su hijo posiblemente no pueda sobrevivir fuera del útero. En este caso el aborto busca proteger la integridad de la madre y atenderla oportunamente como lo estipula el código de ética de cualquier profesional de la salud, más aún de un médico que, hoy por hoy en Chile, son un personal altamente preparado que cobra sueldos que no se condicen con la realidad de los hospitales públicos ni del sistema de salud chileno en su totalidad.

Hoy es el momento de cambiar esta desigualdad, esta iniquidad provocada por una constitución legal heredada de un gobierno de facto nefasto que provocó una fractura en el tejido social que hasta nuestros días nos acompaña. Estamos en un punto clave de la historia, tenemos todo el capital humano, ideológico y político para enmendar el rumbo y reconciliarnos entre hombres y mujeres, si bien este proyecto es bastante limitado, por lo menos nos da un punto de partida hacia un aborto libre y seguro.

Ahora un punto importante dentro de la argumentación que vemos día a día en la televisión, en el Congreso, en los medios de comunicación como los diarios, radios, twitter, etc. Si realizamos la dicotomía entre los «provida» o antimujeres como me parece mejor llamarlos, estos son más bien los que se sitúan de parte de la vida, por tanto, a los que buscamos una ley justa y que resguarde la integridad de la mujer en todas sus aristas y nos ubica de una vereda contraria a los «provida», por tanto seríamos los proaborto o promuerte. No es posible ser promuerte, nadie quiere que se aborte a todo el mundo, nadie quiere que todas las mujeres aborten, lo único que queremos todos es que tengamos una situación de igualdad entre mujeres y hombres, que las mujeres de nuestro país no se vean violentadas en sus derechos por parte de nuestra legislación y menos aún, que sigamos reproduciendo la desigualdad de la que son objeto gracias a nuestra constitución política y nuestra sociedad profundamente machista.

 

En Chile, el aborto se prohibió totalmente en 1989 durante el régimen de Augusto Pinochet, lo cual constituye una violación del derecho internacional. Amnistía Internacional considera que ninguna mujer debiera ser penalizada por practicarse un aborto en ninguna circunstancia.

De acuerdo a las normas de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de:

• Derogar las leyes que criminalicen a las mujeres y niñas que buscan un aborto y a los/las profesionales que lo practican;
• Garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise, sin temor a ser denunciada, y
• Garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, en caso de inviabilidad fetal o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

Actualmente Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.