El 7 de diciembre de 1989 el Estado chileno ratificó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” (conocida como CEDAW, por su sigla en inglés) y desde entonces el “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” de Naciones Unidas ha fiscalizado el cumplimiento de dicho instrumento.
El comité de la CEDAW, junto a diferentes órganos de tratados, incluido el Comité de Derechos del Niño, recomendaron a Chile durante casi 30 años que revisara la restrictiva legislación nacional que penalizaba el aborto en todos los casos, debido a que tal prohibición afectaba el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y el derecho a la salud de las mujeres y niñas de nuestro país.
Luego de años de masivas manifestaciones ciudadanas y la presión de diferentes organizaciones de la sociedad civil, dentro de las que se cuenta Amnistía Internacional, se promulgó el 14 de septiembre de 2017, la Ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (conocida como ley de aborto en tres causales).
La implementación de la ley ha estado llena de contratiempos, ya que profesionales de la salud e incluso instituciones de salud han esgrimido argumentos inaceptables desde el punto de vista ético y jurídico para negar el derecho de las niñas y las mujeres que necesiten acceder a este procedimiento en los casos de riesgo de vida de la mujer o la niña embarazada, inviabilidad fetal y cuando el embarazo se haya producido como consecuencia de una violación.
Como ejemplo de lo anterior, resulta paradigmático mencionar el caso de la niña de 12 años que resultó embarazada producto de una violación en Chiloé y que tuvo que viajar a Santiago a fines del año pasado para practicarse un aborto, conforme a lo prescrito en la ley vigente, debido a que en su comuna de residencia los médicos se habían negado a atenderla en base a una supuesta objeción de conciencia.
El 14 de marzo del presente año, el “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” recomendó al Estado chileno, que “Amplíe el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21.030 para despenalizar el aborto en todos los casos” y que “Aplique requisitos estrictos de justificación para impedir el uso general de la objeción de conciencia por los médicos que se niegan a practicar abortos, en particular en los casos de embarazos de adolescentes, y vele por que esas medidas se apliquen también al personal médico de las clínicas privadas”.Los órganos de tratados de Naciones Unidas entienden que la garantía del aborto libre, seguro y gratuito es una necesidad para proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en nuestro país
Además, conforme a las obligaciones contraídas por nuestro país en materia de derechos humanos, el comité recomienda que “Vele por que las mujeres, incluidas las niñas y las adolescentes menores de 18 años, tengan acceso al aborto en condiciones seguras y a servicios de atención posterior al aborto y por que los servicios sanitarios presten apoyo psicológico a las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual”.
Los órganos de tratados de Naciones Unidas entienden que la garantía del aborto libre, seguro y gratuito es una necesidad para proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en nuestro país, tanto para resguardar la autonomía sobre sus propios cuerpos, como para garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, la marcha de la semana pasada a favor del aborto libre es una manifestación para que el Estado cumpla con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres que viven en Chile, pero nos gustaría que en esta oportunidad no tengamos que esperar 30 años más para que en nuestro país no sólo se legisle al respecto, sino que también se garantice el acceso efectivo a este derecho.
por Arlette Reyes Benz
Activista de Amnistía Internacional
Comentarios
02 de agosto
Y detrás de todo esto, las farmaceúticas… («Java, java, clin, clin»)
¿La sociedad no ha propuesto una solución mejor, en términos de humanidad y de coherencia de contenido?
Yo le voy a dar una, si acaso la respuesta anterior no existe. Fortalecemos la familia, elevando el nivel de riqueza individual, de manera que la familia no se fracture por falta de dinero, lo que es muy común, ya que muchas personas abandonan su ciudad en busca de trabajo y la familia pierde ciertos lazos y potencia, que se ve reflejada en debilidad y vulnerabilidad en nuestros jóvenes, particularmente todos aquellos que viven con sólo uno de sus padres biológicos.
Además, les imponemos leer la Biblia en edad escolar, como método de desarrollo personal con el que abrazar «la ciencia del bien y del mal», con la que ellos tendrán mayor consciencia de sus actos, de manera que cuando en el colegio lleguen los tentáculos de las farmaceúticas a entregarle condones, ellos entiendan que los están manipulando y que la sexualidad precoz puede ser muy dañina, sobre todo si termina en un aborto, mismo que el autor(a) de la columna defiende citando derechos que atropellan todos los derechos de los infantes que serían abortados «libremente», por la falta de recursos, unidad, conocimeinto y estructura familiar que ello provoca.
Haga click en mi seudónimo y verá un método para ejecutar el planteamiento económico que sustentaría esta solución.
Si a usted se le ocurre una mejor, dígamelo o impleméntela..
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06 de agosto
Bueno, Chile firma cuanta basura le ponen en la mesa, somos un país pequeño y dominado desde afuera, pero siempre queda la esperanza, la esperanza en esa pizca de instinto maternal que se rebela, y entonces esperar que la madre no mate a su hijo y opte por entregarlo en adopción, hay tantas parejas que darían su propia vida por criar y proteger esa criatura inocente, personas llenas de calor humano que esperan y esperan.
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