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#8M: Mujeres y Tráfico de Drogas

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Ofrezco trabajo, especial para mujeres jefas de hogar. Horario flexible, compatible con el cuidado de sus hijos. Puede realizarlo desde su propio hogar, no gastará en movilización. No requiere estudios específicos, ni entrega de antecedentes. Pago liquido $600.000, misma remuneración para hombres y mujeres.


Las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos/as, cumpliendo dobles o triples jornadas laborales para poder compatibilizar la responsabilidad social que se les otorga de cuidarlos y mantener el sustento económico familiar. Las opciones laborales a las que pueden acceder son escasas, mal remuneradas y no compatibles con el cuidado.

En un simple ejercicio de revisar las ofertas laborales disponibles para mujeres, destaca el número de publicaciones solicitando personal para servicios de aseo. Las exigencias para postular no son muchas y las remuneraciones oscilan entre $270.000 a $280.000 en el caso de mujeres y entre $290.000 y $300.000 para hombres (en algunas ofertas se explicita la diferencia salarial de acuerdo al sexo de los postulantes). Se trabaja 6 días a la semana en turnos rotativos, mañana (7:00 a 15:00), tarde (15:00 a 23:00) y noche (23:00 a 07:00).

Las ofertas publicadas en la web están lejos de ser similares a la planteada en el primer párrafo. Ser mujer delimita las opciones laborales a las que se puede optar, más aún si no terminó los estudios, si vive condiciones de pobreza, sufre una enfermedad o discapacidad, pertenece a una etnia o simplemente debe asumir el cuidado de niños/as en el hogar (sabemos que los trabajos compatibles con la crianza son pocos).

En el estudio “Políticas de Drogas y Derechos Humanos” publicado por Corporación Humanas en septiembre de 2015, se  menciona que el promedio de ingresos que obtiene una mujer que se dedica al tráfico de drogas es del orden de los $600.000, equivalentes a 2,4 ingresos mínimos mensuales al año 2015. En un país como el nuestro donde el ingreso promedio mensual bruto es de $505.477 y en regiones como la de la Araucanía no supera los $370.000, un sueldo liquido de $600.000 suena bastante atractivo.

El 8% de las personas privadas de libertad en Chile son mujeres (4.004), el 59% tiene entre 18 y 35 años. El 89% declara ser madre, encabezar familias monoparentales y ejercer la jefatura de hogar. Además, 3 de cada 4 no han completado su educación escolar formal, incluso un 8% no sabe leer ni escribir. Estas cifras extraídas del estudio de Género de Gendarmería de Chile publicado en noviembre de 2015, nos permite comprender quiénes son en su mayoría las mujeres que se encuentran cumpliendo condenas privativas de libertad. Jóvenes con bajo nivel de estudios, que deben cuidar y mantener económicamente a sus hijos/as. ¿A qué trabajos podrían acceder estas mujeres? Trabajos decentes, que les garanticen salir de los círculos de pobreza y violencia en los que han vivido desde que nacieron.

Las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos/as, cumpliendo dobles o triples jornadas laborales para poder compatibilizar la responsabilidad social que se les otorga de cuidarlos y mantener el sustento económico familiar. Las opciones laborales a las que pueden acceder son escasas, mal remuneradas y no compatibles con el cuidado.

Ante este panorama, no podemos negar que el microtráfico se presenta como una opción atractiva. Con esto, no quiero que se entienda que pretendo validar el tráfico de drogas (conozco de cerca el impacto de la pasta base en las poblaciones de nuestro país), pero pienso en casos concretos cuando digo que muchas de estas mujeres en conflicto con la ley, rara vez son un verdadero peligro para la sociedad.

Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la tan anhelada “seguridad pública”, incluso se sabe que algunas de estas mujeres son denunciadas por las mismas redes de tráfico que las reclutan, ocupándolas como carne de cañón. En nuestro país, por ejemplo, el 45% de las mujeres privadas de libertad se encuentran encarceladas por delitos asociados a la Ley N° 20.000 (drogas), lo que nos evidencia que los delitos de drogas son “delitos de género”.

Tras el encarcelamiento, la situación de vulnerabilidad y exclusión empeora. La sentencia tiene implicancia doblemente estigmatizadora en las mujeres. “Mala madre”, “Debería haber pensado antes en sus hijos”, son alguna de las opiniones que solemos escuchar. Las mujeres privadas de libertad son abandonadas y cuestionadas por contradecir el papel que se le otorga en la sociedad, como esposa y madre, dependiente, sumisa y dócil.

Las respuestas del Estado para hacer frente a esta situación han sido mediocres. Haciendo oídos sordos a esta “competencia” de oferta laboral que se presenta en los hogares de las mujeres focalizadas por las políticas públicas. Se motiva el emprendimiento como respuesta exclusiva a la falta de opciones laborales formales, los que en su mayoría al largo plazo no funcionan, generando falsas expectativas. Por otra parte, se desmerece su rol de cuidado al desconocerlo como un trabajo.

Resulta urgente remirar las políticas de drogas e incorporar una dimensión de género en el sistema penal chileno, además de reconfigurar las opciones laborales que el Estado promueve para las mujeres más vulneradas de nuestra sociedad.

Francisca Hidalgo,

Directora Ejecutiva ONG ENMARCHA.

TAGS: #DíaInternacionalDeLaMujer #Igualdad

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