Diputadas, alcaldesas, alcaldes, organizaciones sociales, deudoras, entre otras actoras reunidas bajo el lema #ChileSinCortes alzaron una voz de alerta: de no tomarse medidas en los próximos meses, a partir del 1 de enero de 2022 alrededor de 720 mil hogares, familias, aquejadas por endeudamientos y morosidad de sus cuentas, podrían sufrir cortes en el suministro eléctrico.
Al parecer, no estamos recordando bien las lecciones ciudadanas de octubre de 2019, y olvidamos nuevamente que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son aquellos que nacen de la dignidad humana y, por ende, inherentes ella. Son derechos estrechamente vinculados con la protección de las necesidades que garantizan un nivel mínimo de calidad de vida o niveles mínimos de satisfacción de estos derechos, los cuales no se rigen por “pases de movilidad”, ni menos se suspenden por “Estados de excepción constitucional”, “toques de queda”, periodos de crisis o ajustes estructurales. En este sentido, haber materializado consagraciones y salvaguardas constitucionales para estos mínimos ha sido uno de los hitos más importantes en el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que, los DESC permiten garantizar la dignidad de las personas.La energía es fundamental, ergo, un derecho humano tal como lo sostenemos en la propuesta al país desde la Red de Pobreza Energética
Ahora bien, es importante por consiguiente determinar cuáles de estos DESC son fundamentales, y de perogrullo, en “tiempos tele” (teletrabajo, teleeducación, telemedicina, tele transacciones, etc.) la energía no escapa de este debate, y se considera como una categoría fundamental, no sólo por esta situación pandémica concreta, sino, por sobre todo, debido a las repercusiones ambientales y de sostenibilidad que de ellas se derivan. Siguiendo una opinión autorizada como la del Profesor Alexy, podemos sostener que los DESC fundamentales resultan tan vitales que, su otorgamiento y garantía no puede quedar supeditada al gobierno de turno y/o las contingencias políticas ya que, el individuo en virtud de su mera condición de sujeto digno de derechos, tiene un derecho a la satisfacción de estos mínimos, particularmente cuando su libertad (de acceso a esos derechos) está en juego, y ello es un compromiso del Estado para con sus ciudadanas más allá de los vaivenes económicos.
A lo anterior, debemos agregar que, las situaciones fácticas de carestía han sido recogidas por varias legislaciones en el mundo (Alemania, Colombia, España), algunas se han hecho cargo codificándolas en una norma o principio general de legislación, otras incorporándolas al sistema jurídico mediante interpretación jurisprudencial. Este reconocimiento se conoce como el derecho a un mínimo vital o derecho de subsistencia, concepto que alude en términos generales, a aquellas prestaciones otorgadas por la autoridad para quienes no tengan (o no pueden tener) acceso a recursos suficientes para gozar de una vida digna.
En otros términos, es esta íntima conexión con la dignidad humana, con el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente, etc. lo que llena el sentido al mínimo vital, donde como hemos mencionado, la energía es fundamental, ergo, un derecho humano tal como lo sostenemos en la propuesta al país desde la Red de Pobreza Energética (RedPE).
Tiempos convulsos como los que estamos viviendo, nos animan a la discutir en torno al acceso básico a condiciones dignas de existencia para muchas chilenas y chilenos, y por supuesto, conceptos como los mencionados o aquellos que como RedPE ponemos como insumo en este momento constituyente, consideramos que pueden aportar y enriquecer el debate.
Documento “La energía como derecho humano para avanzar en una transición energética justa”
por Julian Cortés Oggero:
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Integrante del Programa de Riesgo Sísmico, Red Transdisciplinar ENEAS e investigador de la Red de Pobreza Energética.
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