La política de cobertura educativa llevada al extremo por los gobiernos de la Concertación (sin el debate necesario entre actores educativos, carente de programas y/o proyectos que debían, lógica y efectivamente, acompañarla) mostró como una de sus múltiples falencias el problema de la violencia al interior de las comunidades escolares. Así, en aras de no excluir del sistema educativo a ningún(a) joven o niño(a) (seamos sinceros, quizás también a algunos(as) profesores(as)) se mantuvieron en diversas escuelas, situaciones de agresiones físicas y psicológicas sin precedentes en la sociedad chilena, las que se instalaron en el imaginario de la relación educativa profesor(a) – estudiante. A ello se sumó, en muchos de los casos, a las familias de agresores (también muchas de ellas agresoras), generando un círculo que en establecimientos vulnerables se hicieron norma.
Se hizo la vista gorda: Sostenedores, directivos, Secretarías Provinciales de Educación y MINEDUC fueron cómplices de dicha indiferencia activa que terminó, en una de sus aristas, vulnerando a través de otro flanco la dignidad docente (ya se había lacerado su importancia en el entramado social, su calidad de profesionales y sus remuneraciones). Aunque todavía soterradamente.
La irrupción masiva de la tecnología y la potencia cada vez mayor de las redes sociales sacudieron la alfombra desde donde surgió el polvo de la violencia. La globalización, por su parte, nos llevó a conceptualizarla de manera genérica como “bullying”, sin siquiera habernos puesto a discutir en serio, con agentes educativos que vivencian esta realidad día a día si el término era adecuado a todo tipo de manifestaciones violentas en la escuela. Manifestaciones que, de cuando en cuando, se ponen de moda en los cada vez mas sensacionalistas medios de comunicación (especialmente en los noticiarios centrales de televisión). Hubo pequeños esfuerzos intelectuales por analizar el tema, pero las más de las veces, se le trató a través de inocuos talleres en las escuelas o centros de estudios preparados por profesionales de las Ciencias Sociales que no realizaron el trabajo de campo necesario ni incluyeron en sus equipos a docentes (a no ser como objetos de estudio).
El año pasado se generó una sensibilidad especial con el caso de la profesora Ketty Valenzuela, quien injustificadamente fue agredida por un estudiante y fue acogida oportunamente (u oportunistamente) por el ministro Joaquín Lavín, quien ha llevado a incluir en un articulado no conocido por la población, sanciones para estudiantes que agredan a docentes.
En la actualidad se dieron a conocer los datos de un SIMCE del bullying, cuyos resultados apuraron al MINEDUC, obviamente que entrega una foto sin mayor profundidad respecto del tema, pero que sirve de sostén de una inmediata batería de propuestas que a primera vista, no solucionarían el problema de fondo. Aún así El Mostrador cita a Lavín: “Es la primera vez que tenemos un análisis de la situación del Bullying a nivel nacional y exacto, colegio por colegio y con la seriedad que da un cuestionario entregado a más de 200 mil alumnos”.
A primera vista, lo primero parece un acto de justicia por todo lo anteriormente señalado, y lo segundo una política pública destinada a resolver el fondo del problema de la violencia en los colegios. Pero nuevamente comenzamos políticas públicas surgidas desde la emergencia y no del debate, del efectismo y no del diálogo teoría-práctica, del rating político más que de la conceptualización precisa, desde el corte de nudos políticos en vez del desamarre dialogante, como señalaba Norberto Bobbio.
¿Qué hacer? Inmovilidad no, por cierto, pero sí revisar con los “actores” la estructura educativa para relevar como hipótesis que es la inequidad, la homogenización de metas educativas y la cada vez más acentuada precariedad del rol docente la causa o parte nodal del origen de las situaciones de violencia escolar, tópicos que no fueron tratados por la política de cobertura llevada a cabo desde principios de los noventas.
Solidarizo con Ketty Valenzuela, su caso debería ser el último de este tipo. También me hago cargo de la percepción y experiencias de violencia de los estudiantes en su escuela. Pero no solucionaremos definitivamente esta realidad proponiendo sanciones o políticas desorganizadas y populistas, sino que a través de la identificación de las causas estructurales de la violencia en las escuelas chilenas. Eso sí, los docentes y la población deben estar al servicio de la investigación y las propuestas en el marco de una discusión seria y profunda de la problemática.
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Foto: Liceo Oscar Castro – Chile Ayuda a Chile / Licencia CC
Comentarios
26 de abril
Comparto el enfoque del artículo.En los próximos dias- el 2 de Mayo , a las 12
horas, en la Sala de los Presidentes del Ex-Congreso – presentaremos un libro titulado : Violencia Escolar : una mirada desde la investigación y los actores educativos» , que surgió de un Seminario realizado en el Congreso , donde convocamos a académicos y expertos a dialogar con los actores educativos para debatir sobre la violencia escolar , concepto más amplio que bullying , que es una forma y solo una de las muchas formas de violencia que existen en nuestras escuelas.
Invitamos a Quinto Poder y todos los que lean este comentario.LO fundamental de ese trabajo es una reflexión sobre como mejorar la convivencia escolar para abordar el bullying y otras formas de violencia.En torno a esto se está proponiendo legislar a los senadores autores del actual proyecto en discusión, cambiando el eje del proyecto desde su enfasis punitivo a uno que aborda integralmente el tema de la convivencia,del clima escolar, de la inclusión y de la participación de los actores educativos y la comunidad escolar. Los invitamos¡
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