Las formas (y re-formas) en que se ha regulado el sistema de educación superior en Chile, responden a una realidad distinta a las que han transitado el resto de los países de la región. La Universidad es, entonces, la manifestación de una sociedad compleja y dinámica, no sólo respecto a su composición sino también a la diversidad social que representa, cuyo interés es –o debiese ser– la creación de conocimientos, intervenir la realidad social, su vocación pública, más allá del sentido tecnocrático.
Esta tensión existió de forma permanente en ARCIS, entre asumirse como empresa privada o desarrollar su vocación pública, claramente irreconciliables en un modelo que deja a los “usuarios” en total desamparo producto de su crisis.
Este concepto de Universidad no elude a las nociones de docencia, investigación y extensión como partes constitutivas de su esencia, más bien se propone como el ideal frente a la instrumentalización mercantil, basada en la producción y gestión del conocimiento o la mera entrega de títulos y grados. Establecer una clasificación y sistematización, basada en indicadores y estándares económicos, pareciera ser poco pertinente –y en algunos casos sesgados–, aun cuando la tendencia avanza en esa línea, no logra dar cuenta de la transformación de los proyectos académicos.
En la actualidad, se evidencia el “desgaste” de un modelo de tipo profesional requiere de nuevas articulaciones e institucionalidad de la Educación Superior. De ninguna forma se desconoce el avance alcanzado por el Gobierno en materia educacional, pero continúa siendo insuficiente.
Sobre Universidad ARCIS
Se han realizado extensos análisis sobre las causas que llevaron al descalabro financiero de ARCIS, investigaciones y una completa cobertura parcial e intencionada de los medios de comunicación. Lo cierto es que –al día de hoy– no existe claridad respecto a lo que pasará con estudiantes y funcionarios, sigue sin encontrarse responsables, ni una autocrítica de los grupos de control que operaron en la Universidad –ni de su salida–, la ausencia de disculpas de agentes y organismos del Estado y como era esperable el silencio de las otras Universidades.
El caso de ARCIS es paradigmático y lo es en varios sentidos. Por una parte, es el fiel reflejo de la sociedad actual, de la efervescencia programada y esa modernidad líquida –que señala Bauman–, pero también de sus silencios y omisiones; de lo individual sobre lo colectivo.
Es una siniestra expresión del mercado y del (no) derecho a la educación, donde existen empresas (Universidades) regidas por la rentabilidad. Esta tensión existió de forma permanente en ARCIS, entre asumirse como empresa privada o desarrollar su vocación pública, claramente irreconciliables en un modelo que deja a los “usuarios” en total desamparo producto de su crisis.
Para evitar justamente lo anterior y tomando como experiencia el cierre de la UdelMar, la Presidenta Bachelet impulsó la ley sobre Administración Provisional y de Cierre, además de una ambiciosa reforma a la educación superior. ARCIS es la primera Universidad a la que se aplica dicha ley, mediante la designación de un Administrador: “para la única finalidad de SOLUCIONAR los problemas detectados en la investigación, el gobierno y la administración de la institución de educación superior” (Art. Nº 13, el énfasis es mío).
El problema surge cuando la ley 20.800, presenta deficiencias respecto a su aplicación en la realidad, de modo que no se realizaron acciones tendientes al salvataje la Universidad ni a su viabilidad. En palabras simples, no contempla ningún tipo de financiamiento, lo que hace difícil la subsistencia de las instituciones con problemas de flujo, sumado a una deficiente gestión del Administrador Provisional que asume poderes “plenipotenciarios”. A ello se suman los dichos de la Ministra: “ARCIS no es sustentable en el tiempo, por lo tanto, hay que poner un administrador no temporal, sino de cierre” (5 de diciembre de 2016), junto a otras irregularidades denunciadas en la “Cartografía de la gestión del Administrador Provisional y del Ministerio de Educación” elaborado por la misma comunidad de ARCIS y que alguien podría interpretar como un cierre encubierto.
Para cerrar
De alguna forma, esto no se trata de ARCIS, ni mucho menos de sus “verdugos” actuales o del pasado, sino de todo un sistema universitario que se encuentra en crisis y en medio de una tensión entre la academia, la política y el mercado. El problema de la desigualdad es una barrera, las leyes promulgadas se convierten en una camisa de fuerza y la voluntad política es un muro con el que colisionan los propósitos de construir un proyecto de futuro. Frente a hechos de fraude y corrupción de las FF.AA. y de Orden, resulta absurdo que el Estado no pueda cooperar en la defensa de un proyecto educativo alterno.
En este proceso de búsqueda de equilibrios, entre los modos de regulación preexistentes y la nueva realidad, el Estado asume un rol subsidiario y los discursos en torno a la eficiencia de los procesos educativos se multiplican para coaccionar los espacios académicos. La Universidad, concebida como espacio académico, está siendo desmantelada, para dar paso a una preocupante neutralidad post-burocrática.
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