Prueba de Selección Universitaria: midiendo el fracaso

En medio del actual y contingente debate sobre crisis educacional, diversos temas adyacentes a la cuestión principal -gratuidad de la educación- cobran relevancia a medida que avanzan las conversaciones entre el gobierno y los estudiantes. Uno de esos temas, hace referencia a la forma en que se llevará a cabo la Prueba de Selección Universitaria (PSU) correspondiente al proceso de admisión 2012. Desde el Ministerio de Educación, ante la alta cifra de no inscritos en el programa “Salvemos el año escolar” (exámenes libres para estudiantes secundarios movilizados), se anunció la prórroga del plazo, a fin de ofrecer a esos 70.000 estudiantes que no se registraron en el programa, la posibilidad de aprobar el año. Considerando esta postergación de fechas y plazos, la aplicación de la PSU también debiera sufrir un ajuste en su programación, cuya fecha de rendición original está fijada para el 28 y 29 de noviembre próximo, y sobre la cual, no ha habido pronunciamiento alguno por parte del DEMRE.

Mientas hay quienes hablan sobre readecuar los contenidos a medir en la PSU, en atención al desarrollo que ha tenido este año escolar, otros señalan la necesidad de reevaluar la pertinencia de este instrumento de medición, refiriéndose, por cierto, al fondo de lo que implica someter a los postulantes a esta prueba. 

Para determinar la pertinencia de la PSU, debemos remontarnos a su génesis y al fracaso de las políticas educacionales llevadas a cabo por los gobiernos de la Concertación. En el año 2002, la administración del Presidente Lagos anunció la aplicación de una nueva prueba, revolucionaria, que reemplazaría a la tradicional Prueba de Aptitud Académica (PAA), prueba que poseía por innovadora característica, el formular un modelo de preguntas que serían contestadas con un juego predeterminado de respuestas unas más correctas que las otras, permitiendo al postulante discriminar entre ellas. Se trataba de la prueba Sistema de Ingreso a la Educación Superior (SIES), la cual nunca se llegó a aplicar. Ese mismo año, y ante los fuertes cuestionamientos al modelo presentado por la prueba SIES, el Ministerio de Educación anunció la aplicación temporal de una prueba híbrida, que combinaría aspectos de la PAA con los de la futura SIES. Esta prueba se llamaría Prueba de Admisión de Transición, la cual tampoco llegó a aplicarse. Para evitar seguir perjudicando a los estudiantes, el Ministerio, en un acto de sensatez, optó por aplicar por última vez la PAA, permitiendo de esta forma, tener el tiempo necesario para desarrollar un instrumento más acabado (no improvisado) para el proceso del año siguiente. Habiendo transcurrido ese tiempo, el esfuerzo del Ministerio dio como fruto una prueba que no presentaba grandes cambios, en lo sustancial, respecto de su predecesora: la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La PSU, fundamentalmente busca medir en el postulante, el conocimiento de los Contenidos Mínimos Obligatorios (de primero a cuarto año de Enseñanza Media) fijados por el Ministerio de Educación, contenidos que en la práctica son máximos obligatorios, pues en gran medida los establecimientos secundarios pocas veces logran desarrollarlos y cumplirlos cabalmente. Este acento en los Contenidos Mínimos Obligatorios transforma a la PSU en un instrumento que sólo satisface al MINEDUC, permitiéndole sondear si los establecimientos de Enseñanza Media están cumpliendo con estos contenidos. Al estudiante sólo le representa una barrera en el acceso a la Educación Superior.

En 1994, el gobierno del Presidente Frei solicitó un informe técnico a un comité de expertos a fin de diagnosticar la realidad educacional del país (Comisión Brunner), diagnóstico que en 1996 sentaría las bases para una serie de cambios fundamentales en política educacional, los que serían conocidos bajo el nombre de Reforma Educacional. Estos cambios se definieron en cuatro pilares, a saber: 1. Programas de mejoramiento e innovación, consistentes en la destinación de recursos a escuelas;  2. Fortalecimiento de la profesión docente, refuerzo al Estatuto Docente; 3. Jornada escolar completa, consistente en la transición de 30 a 38 horas semanales en enseñanza básica y de 35 a 42 horas en enseñanza media, junto con aumentar la cantidad de semanas de clases al año; 4. Reforma curricular, consistente en nuevos planes y programas. Objetivos fundamentales, Objetivos transversales y Contenidos Mínimos Obligatorios.

Fueron estos cambios, los que en origen se plantearon para afectar positivamente a la educación, los que finalmente terminaron mermando la calidad no sólo de la educación misma, sino que también, de la enseñanza. Las amplias concesiones que provee a los profesores el Estatuto Docente, permitieron en términos prácticos, la perpetuación de profesionales mediocres en el sistema educacional. El impulso de la Jornada escolar completa, en gran medida significó el masivo derroche de recursos públicos en ampliación de infraestructura en establecimientos particulares-subvencionados, ampliaciones que en mínimos casos llegaron a materializarse, y en los casos en donde efectivamente se concretaron, no hubo aplicación de las innovaciones que suponía la reforma curricular. La reforma curricular, en buena parte se alimentó de la ideología política concertacionista, impronta que se plasmó con fuerza en planes y programas, representando eventualmente, conflicto con el inciso tercero del artículo 19 Nº11 de la Carta Fundamental de 1980: “La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Además, por causa de la citada reforma curricular, es que la libertad de enseñanza en Chile (entendida como la libertad de establecer metodologías y programas complementarios u originales), en establecimientos primarios y secundarios, resulta impracticable (e ineficaz). No importa cuánto un profesor se esmere por enseñar con nuevas metodologías y de entregar contenidos más amplios que los mínimos obligatorios, porque finalmente, cuando sus estudiantes egresen de la enseñanza media, rendirán la PSU, la que medirá no otra cosa que los Contenidos Mínimos Obligatorios.

La actual discusión nacional en materia de educación puede ser la más fértil oportunidad de acabar con la seguidilla de fracasos en políticas educacionales. Complementar el artículo 19 Nº11 CPR con el sentido metodológico y programático de la voz ‘libertad de enseñanza’ es un paso vital en el mejoramiento de la enseñanza y la educación. Pero más necesaria y vital aún, es la eliminación definitiva de la PSU como mecanismo de ingreso a la educación superior. Es un hecho, que pese a cualquier evento, la PSU de este año se llevará a cabo. No obstante, teniendo en mente lo sustancial y pertinente del debate educacional, y que todos los actores, incluyendo a la ciudadanía, comparten el mismo ideal en torno a la educación, es que se puede aportar al mismo, con la siguiente consideración: las pruebas de selección deben ser determinadas por los respectivos planteles de educación superior, en función de lo que les interese medir. El que exista una prueba única que dirima sobre el ingreso a la educación superior, no sólo constituye barrera en el acceso por sí sola, sino que además legitima otras barreras, como lo son los descabellados (y homogéneos) aranceles que existen hoy en día en las universidades.

* Javier Navarrete Arias, coordinador de Comunicaciones Revista Ad Libitum, Universidad Central de Chile.