En años recientes se han impulsado diversas políticas públicas e iniciativas legales que directa y/o indirectamente inciden en los territorios, y en el desarrollo de sus comunidades.
Si bien, estas iniciativas son presentadas con el objetivo de avanzar hacia un país con menores desigualdades sociales, territoriales y una valoración a las potencialidades humanas e institucionales existentes en las regiones, sus propuestas específicas terminan reiterando esquemas centralistas y una mirada que subvalora o definitivamente ignora lo que hay más allá de la capital. Así, la Ley de Educación Superior desconoció el desafío específico que enfrenta la educación superior en regiones extremas, de baja población y menor desarrollo relativo.
Todo lo anterior, se evidencia en la indicación sustitutiva al Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural enviado el 12 de marzo a la Cámara de Diputados, la que, entre varias omisiones, también evidencia una mirada centralista en este tema.
Esta iniciativa, debiera dar mayor énfasis a la educación patrimonial, fomentando el desarrollo de identidades locales y el sentido de pertenencia de las comunidades con su entorno. Por su parte, en la integración de los Consejos Regionales se debe enfatizar que formarán parte de ellos las instituciones universitarias regionales que acrediten una trayectoria y trabajo efectivo en los temas del patrimonio.No basta con desconcentrar algunas decisiones en los Consejos Regionales de Patrimonio Cultural. Esto sólo es creíble si se da espacio a la representatividad regional en el seno de una institución de alcance nacional.
El proyecto de ley denota un desconocimiento de la misión y labor de las universidades regionales en estas materias. En efecto, en la composición del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que reemplazará al actual Consejo de Monumentos Nacionales dice en su letra (P) que, lo integrará un “académico representante de la Universidad de Chile, experto en patrimonio cultural inmaterial”.
Es inevitable preguntarse ¿por qué sólo las universidades de la capital tienen derecho a participar en esta importante función? Esto no discute el mérito e importancia histórica que han tenido algunas universidades en investigar y difundir el patrimonio inmaterial asociado a cultoras y cultores de distintos lugares de nuestro país. Siendo eso cierto, lo es también que, en nuestras universidades existen investigadores/as, académicas y académicos cuyos trabajos en los ámbitos del patrimonio cultural son reconocidos nacional e internacionalmente; conformando grupos de investigación, impartiendo posgrados especializados, con liderazgos reconocidos en organismos internacionales (ICOMOS, ICCROM y UNESCO), incluyendo premios nacionales, entre otros méritos.
Es igualmente contradictorio que las autoridades planteen reiteradamente la necesidad de descentralizar políticas, recursos e institucionalidad en este ámbito, sin embargo, esto es ignorado al momento de definir instrumentos legales, estructuras institucionales o asignar recursos.
Si el propósito de este proyecto de ley es descentralizar la toma de decisiones respecto de nuestro patrimonio cultural, no basta con desconcentrar algunas decisiones en los Consejos Regionales de Patrimonio Cultural. Esto sólo es creíble si se da espacio a la representatividad regional en el seno de una institución de alcance nacional. En el ámbito del patrimonio inmaterial no hay jerarquías ni desigualdades entre patrimonios ubicados en los distintos puntos de nuestra larga geografía, es más, los territorios ostentan una gran riqueza en esta materia.
En este mismo sentido, habría sido oportuno dar una mayor consideración a nuestros pueblos originarios, distribuidos en parte importante del territorio nacional, incluido Chile insular, los que atesoran una importante riqueza en patrimonio inmaterial, reconocido nacional e internacionalmente, los que sin duda requieren más participación, voz y presencia en la institucionalidad del patrimonio cultural.
Las universidades regionales expresan una vez más su disposición a colaborar en el perfeccionamiento de este importante cuerpo legal, con la esperanza que, en esta como otras iniciativas que apunten al desarrollo cultural del país, no se reitere la injusticia ya normalizada de excluir la participación de investigadores, docentes y artistas sólo por no residir en la capital.
Finalmente, nos asiste la más férrea convicción que la ardua tarea que significa cerrar brechas de desigualdad pasa, entre otros desafíos, por mirar la realidad de todo el país a través de los ojos de comunidades y de académicos y académicas que realizan una invaluable labor en cada una de las regiones de nuestro extenso territorio.
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