Chile es país de paradojas. Durante los últimos dos siglos ha ido concentrando sus actividades sociales, culturales y políticas en unos pocos territorios y fundamentalmente en la capital. Proceso que ha ido acompañado de marcadas desigualdades en los niveles de desarrollo, en el acceso a servicios básicos y en las posibilidades de realización personal y familiar.
Y, por otro lado, son los recursos naturales de las regiones del norte y sur, las que hombres y mujeres transforman en riqueza, bienes y servicios, exportaciones, impuestos y recursos que financian políticas públicas muchas de las cuales tienen, en contraste, un marcado sesgo centralista.Como ha sido frecuente, se anticipa que habrá una participación mínima, meramente simbólica, de expertos/as que puedan aportar las realidades y experiencias de las 15 otras regiones donde vive el 60% de los chilenos.
La respuesta a este anómalo proceso de desarrollo ha sido la denominada “fuga de talentos”, un inevitable malestar ciudadano, motor de crecientes demandas y movilizaciones sociales por efectivas medidas de descentralización.
La ciudadanía ha puesto sus esperanzas en un proceso constituyente que otorgue señales claras para superar los problemas sociales, enmendar nuestro trato a los pueblos originarios, conciliar de mejor forma el progreso económico y la preservación del medio ambiente y, entre otros, reconocer las capacidades de las comunidades regionales de gestionar con mayores grados de autonomía sus políticas de desarrollo.
El Estado Unitario que hizo grande a Chile se agotó. Y, como también lo hicieron los países hoy desarrollados, se requieren reformas para avanzar hacia un nuevo ordenamiento administrativo, político y territorial. Sin embargo, preocupa que el nuevo proceso constituyente no dé señales explícitas en el tema.
Se ha reafirmado que Chile es un Estado Unitario, rechazando la propuesta de avanzar, con la gradualidad y prudencia necesarias, hacia un Estado Regional que recoja la diversidad y la demanda descentralizadora de los chilenos. Se ha acordado que habrá dos instancias técnicas que tendrán una gran incidencia en el debate y resultados del proceso constituyente, y cuya composición la definirán la Cámara y el Senado. Todas las señales apuntan a especialistas de instituciones de la capital, cuyo único requisito genérico es tener “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”. Ninguna mención a que una parte de tales especialistas, tengan alguna experiencia o conocimiento del Chile regional.
Es decir, como ha sido frecuente, se anticipa que habrá una participación mínima, meramente simbólica, de expertos/as que puedan aportar las realidades y experiencias de las 15 otras regiones donde vive el 60% de los chilenos. El mensaje es claro, fuera de la capital no habrían adecuadas capacidades técnicas, científicas o intelectuales que puedan participar en temas de gran relevancia. Santiago resuelve los problemas de Chile y punto.
Lo anterior plantea un problema de lógica y coherencia que no puede obviarse. La composición de la Cámara y Senado se sustentan en el principio de representatividad territorial –elección por distritos y circunscripciones regionales. Esto asume que en el ejercicio de sus responsabilidades –tramitación de leyes e incluso de reformas constitucionales- deben representar y dar cuenta de las diversas realidades socioeconómicas, culturales y territoriales.
Una nueva constitución, llamada a orientar el desarrollo futuro de Chile, demanda garantías efectivas, no discursivas, de un proceso legítimo y altamente representativo. Todas las organizaciones políticas y programas presidenciales incluyen entre sus prioridades impulsar la descentralización, es decir reducir el peso de Santiago e incrementar el de las comunidades regionales.
El cumplimiento o el olvido de estos u otros compromisos determina la confianza ciudadana en las organizaciones políticas y en quienes la representan en el parlamento. Sin duda, este es un tema en el que hay una reconocida crisis de confianza en instituciones vitales de nuestra vida republicana.
En contraste, diversos estudios de opinión otorgan la mayor legitimidad y valoración a instituciones en las que se reconoce un compromiso efectivo con su entorno y valiosas capacidades técnicas, científicas e intelectuales, como es el caso de las universidades regionales. Pero, curiosamente las mismas instituciones que han sido el alma mater de buena parte del mundo parlamentario, podrían ser marginadas de colaborar en forma directa y efectiva en la construcción de la gran casa de todos, la nueva Constitución.
Por José A. Abalos K.
Director Ejecutivo AUR
Geógrafo – Master en Desarrollo Regional
Comentarios
29 de diciembre
Como Director del Programa de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Atacama, creado para fortalecer un desarrollo académico que aporte eficazmente al desafío regional de construir una nueva gobernanza regional, democrática, participativa y descentralizada, adhiero con entusiasmo al artículo de nuestro Director Ejecutivo, José Antonio Avalos. El nuevo proceso constituyente es otra oportunidad que tenemos como país para alcanzar una carta magna que nos interprete a todos, lo que sólo se logrará con la participación de todos. De este modo, el sistema político chileno, fuertemente centralista, debe comprender que es la hora de escuchar a los habitantes del territorio nacional, reunidos en la regiones, en las cuales hay experiencia, conocimientos de las necesidades de desarrollo cultural, social y económico de cada territorio y visiones de futuro. Corresponderá a las cámaras del Congreso, cuyos miembros son representantes de los territorios, velar porque en las instancias técnica del nuevo proceso constitucional se incluyan personeros regionales, que saben como se puede ir haciendo de Chile un país descentralizado, que logre el despliegue de la inteligencia de cada territorio, constreñida hasta ahora por un centralismo asfixiante, única manera de asegurar que Chile sea un país desarrollado.
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