Ley de inclusión y discapacidad

Las demandas estudiantiles instalaron en Chile la posibilidad de discutir acerca de la educación y en particular, sobre la manera en que se concibe el sistema educativo y su impacto en los altos niveles de segregación en nuestra sociedad. A raíz de esta situación, se realizó un  diagnóstico que derivó en una reforma educacional que tiene como uno de sus objetivos asegurar una mayor integración social permitiendo, a través de un cambio paulatino, el encuentro de diferentes clases sociales en un mismo espacio educativo. De este modo, la integración escolar se convirtió en un eje relevante al momento de pensar los cambios que requiere nuestro sistema educacional, ya que se piensa que a través de ella será posible sortear, por lo menos en parte, el grave problema de segregación social que sufre nuestro país. Pero, ¿cuál es la concepción de integración que posee el Estado chileno?

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No sabemos qué efectos tendrá la ley de inclusión una vez que se implemente en el sistema educativo, pero nos parece que es importante que se desligue de las lógicas y enfoques inmersos en el Programa de Integración Escolar, puesto que terminará, como se dijo anteriormente, segregando dentro de la misma escuela a aquellos que se quiere incluir.

Al revisar, encontramos que el discurso de la integración escolar ya se encontraba vigente en el sistema educativo, pero  en relación a la discapacidad. En el año 2009 se promulgó el decreto 170 que regula el Programa de Integración Escolar (PIE), un modelo para la incorporación de la discapacidad en las escuelas regulares al que pueden postular tanto los colegios municipales como subvencionados, los que acceden a una importante suma de dinero para implementar dicho proyecto. El enfoque del programa es educativo y biomédico simultáneamente, ya que define la discapacidad desde el punto de vista de los déficits que se producen al aprender, dividiendo la discapacidad en dos grupos: las necesidades educativas permanentes (aquellas barreras para aprender que estarán presentes durante toda la vida escolar del estudiante) y las necesidades educativas transitorias (aquellas barreras para aprender que no son permanentes pero que demandan apoyo profesional para ser superadas). Estas últimas deben ser evaluadas periódicamente por un equipo de profesionales del programa para detectar si se mantienen presentes, pues en caso contrario, el niño debe abandonar el proyecto y recibir nuevamente  la subvención regular que otorga el estado.

También, se estipula la creación de un plan de intervención para cada niño, de lo cual el decreto 170 se refiere escuetamente, porque lo que realmente permite el acceso a la subvención es el diagnóstico que se entrega a la superintendencia de educación. De esta manera, el plan de intervención queda relegado a segundo plano al contraponerlo al peso que tiene el diagnóstico en el proyecto.

En vista de lo anterior, nos parece relevante generar una discusión sobre este programa ya que abre el debate respecto de cuál es la concepción de integración que tiene el Estado chileno y bajo qué noción de integración se implementará la Ley de inclusión. En ese sentido, creemos que si el Estado mantiene la definición y lógicas de integración que se desprende del decreto 170 y se consolida en el programa PIE, pone en riesgo uno de sus objetivos principales, terminar con la segregación y discriminación que sufren diferentes grupos sociales que componen nuestro país. Esto, porque el programa  postula una normativa específica de adjudicación de recursos para niños y niñas con discapacidad en función de la subvención por diagnóstico, que termina mercantilizando el diagnostico, al convertirlo en una fuente de ingresos para el colegio. Se termina generando un sistema perverso donde las escuelas necesitan que los niños sean declarados con problemas para optar a una mayor subvención.

Además, la intervención pierde peso frente al diagnóstico, debido a que la superintendencia de educación toma como referencia solo a este último para decidir si entrega o no financiamiento a los niños. De esta manera, obliga al colegio a realizar diagnósticos a través del equipo PIE, reforzando la práctica del etiquetaje donde los niños son pensados e identificados a partir de la patología que les fue asignada. Se interviene a los niños y niñas de la escuela, con el objeto de favorecer la “adaptabilidad” de éstos al sistema educativo regular exigiendo que ellos cambien en vez de que sea la escuela la que cambie sus prácticas.

A lo anterior, hay que agregar que el programa no propone líneas que vayan dirigidas a provocar un cambio en la mentalidad de los integrantes de la comunidad educativa respecto a la discapacidad, por lo que termina siendo pensada en términos de déficit. Es así, como el marco que establece cómo debe instalarse el programa, termina saboteando la inclusión al mercantilizar el diagnóstico, promover la práctica del etiquetaje y desconocer la cultural escolar  donde este proceso se lleva a cabo.

Creemos que un programa que tenga por objetivo incluir a grupos discriminados por la sociedad, debe tener como uno de sus objetivos principales incidir en los procesos de socialización de la escuela, uno de los lugares donde se cristalizan los criterios mediante los cuales definimos quiénes deben o no ser incorporados a la sociedad.

En relación a lo anterior, la educación debe pensarse en términos amplios, no solo como adquisición de habilidades sino como el proceso de transmisión de la cultura y de aprendizaje sobre cómo relacionarse con otros. Por tanto, no es indiferente cómo los niños con discapacidad son incluidos en el colegio y qué lugar se les brinda en la construcción del saber.

Esto supone reformular el problema de la inclusión escolar, y considerarla como un fenómeno social más que individual (lo que no ocurre cuando se etiqueta a los niños), pues una cosa es la discapacidad y otra muy distinta la manera en que la comunidad escolar y la sociedad en general interpretan dicha diferencia como buena o mala, lo que repercute en las lógicas de la inclusión/exclusión.

De igual modo, consideramos que los recursos destinados a la incorporación de niños discapacitados no deben estar asociados a la subvención por estudiante, porque, como se dijo anteriormente, esto genera incentivos para que los colegios terminen sobrediagnosticando a los niños con el fin de disminuir sus problemas de precarización. El estado debe garantizar una cantidad específica de dinero para incluir niños con discapacidad en las escuelas, la que debe estar sujeta al número de estudiantes que el colegio está realmente en condiciones de recibir. Esto debe definirse a través de parámetros que los administrativos y profesores establezcan con el MINEDUC.

No sabemos qué efectos tendrá la ley de inclusión una vez que se implemente en el sistema educativo, pero nos parece que es importante que se desligue de las lógicas y enfoques inmersos  en el Programa de Integración Escolar, puesto que terminará, como se dijo anteriormente, segregando dentro de la misma escuela a aquellos que se quiere incluir. A su vez, es de suma urgencia configurar un nuevo programa de inclusión escolar de la discapacidad que considere las complejidades propias de dicho proceso y que se construya desde en un acto verdaderamente democrático,  considerando las opiniones de todos los involucrados, tanto de las agrupaciones de discapacitados como de los distintos miembros de la comunidad educativa.

Por: Camila Toledo y Alfonso Bonhomme